Los obispos reclaman que la ley Celaá recoja «plenamente» el derecho a la educación y la libertad de enseñanza

La Comisión para la Educación y Cultura de la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha hecho pública este jueves una nota sobre el proyecto de ley de Educación, la LOMLOE, que ayer superó su primer trámite en el Congreso de los Diputados al ser rechazadas las enmiendas a la totalidad presentadas por PP, Ciudadanos y Vox. Un texto en el que insiste, una vez leída la propuesta legislativa, en la necesidad de proteger y promover el derecho a la educación y la libertad de enseñanza.

En este sentido, reclaman que se recojan «plenamente» las consecuencias de estos principios en el proyecto y, fundamentalmente, «el respeto por la responsabilidad y los derechos de los padres en la educación de sus hijos». «Si el Estado tiene una tarea principal en la defensa y la promoción del bien de la educación para todos, no es sin embargo el sujeto del derecho educativo».

La reacción episcopal se centra en dos cuestiones: el concepto de demanda social y la clase de Religión. Sobre la primera afirma: «Parece necesario que la futura ley siga recogiendo la demanda social en todas las etapas del proceso educativo, desde la libertad de elección de centro escolar, que incluye la gratuidad de la enseñanza sin discriminaciones, al trato en igualdad de condiciones de los diversos centros y a la libertad para su creación».

Sobre la segunda, recuerda que «la dimensión moral y religiosa de la persona no puede excluirse del ámbito escolar la dimensión moral y religiosa de la persona, de modo que esta pueda crecer como sujeto responsable y libre». «En este ámbito de conocimientos —explica— se sitúa la asignatura de Religión, como es habitualmente reconocido en los sistemas educativos europeos».

También señalan que nuestra sociedad no se entendería sin conocer y comprender la fe cristiana y que la materia es elegida mayoritariamente por los alumnos. «Ciertamente puede ser integrada de varios modos en el área de conocimiento que le corresponda en el currículo, de modo que no se generen para nadie agravios comparativos. De igual manera, habrá de respetarse el conjunto de exigencias propias de su presencia en el ámbito escolar, relativas a la metodología o al estatuto del profesorado. Pero no debe ser considerada ajena al proceso educativo. Por ello, debe ser una asignatura comparable a otras asignaturas fundamentales y, por tanto, evaluable de igual manera», añaden.

Los obispos recuerdan que estos bienes y libertades están recogidos por la Constitución y en los Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español, así como confirmados por el Tribunal Constitucional. «Del mismo modo que es importante el diálogo y la participación, no podemos dejar de tener en cuenta el marco jurídico fundamental, que, defendiendo los derechos y libertades fundamentales, constituye la base no solo de nuestro pacto social, sino también de un muy deseable pacto escolar», explican.

Finalmente, manifiestan su «total disponibilidad» para el «diálogo y la colaboración leal» en el proceso de preparación de la nueva ley.