Debate sanitario en España: ¿La sanidad pública española española es viable?

El sistema sanitario español es uno de los mejores del mundo. Hay indicadores que lo avalan, como que «apenas hay mortalidad evitable, y que la esperanza de vida en las mujeres es la tercera más alta del mundo», explica don Vicente Ortún, Decano y profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Pompeu Fabra, de Barcelona, e investigador y fundador del Centro de Investigación en Economía y Salud (CRES). Además, España es uno de los países que menos dinero gasta en salud pública: un 7,1 % del PIB, frente al 7,4 % de Italia, el 8,2 % del Reino Unido o el 9,2 % de Francia. Otro caso es el de Estados Unidos, uno de los países con mayor peso de la gestión privada, cuyo gasto público es del 8,3 %, aunque el gasto total asciende a un 17,4 %, si se suma la sanidad privada –en España, el gasto global, lo que la sociedad destina a sanidad, tanto pública como privada, es del 8,4 %, frente al 9,8% del Reino Unido o el 11,8 % francés–.

Pero los buenos datos no eximen a la sanidad española de tener que enfrentarse a un agujero de 16.000 millones de euros, que se está intentando solventar con medidas como el copago farmacéutico, el pago de transporte sanitario no urgente, el cierre de urgencias nocturnas, la gestión privada de centros públicos, o la retirada de la tarjeta sanitaria para inmigrantes indocumentados.

«El desastre se lleva forjando años, pero es la crisis económica la que nos ha abierto los ojos», afirma el doctor Juan Pérez Miranda, profesor de la Universidad Francisco de Vitoria y experto en gestión sanitaria, quien achaca el origen del problema a una gestión deficiente. «Faltaba planificación estratégica y se tomaron muchas decisiones sin pensar a medio plazo», señala el médico, quien tiene en su currículum la dirección de un hospital público y otro privado. Y recuerda ejemplos, de no hace más de cinco años, cuando el boom de la construcción se extendió a los hospitales: «En muchas poblaciones pequeñas se construyeron hospitales sin tener en cuenta si serían viables o no».

Don Vicente Ortún añade la corresponsabilidad de la sociedad en el problema, y alude a la «utilización desbocada» de la sanidad en los últimos años: «Sirva la cifra de 9,5 consultas al año por habitante, un 50 % más que en Francia y el doble que en el Reino Unido; las recetas por persona aumentaron un 30 %; el número de personas trabajando en hospitales se amplió un 20 % y su salario creció un 21 %».

«Tenemos un problema», afirma el doctor Pérez Miranda; «ahora hay que solucionarlo, porque no podemos permitir que se rebaje, aún más, la financiación en materia sanitaria».

Estamos priorizando mal

Los recortes son, hoy por hoy, inevitables, afirma don Luis Zayas, economista y profesor de Doctrina Social de la Iglesia, quien reconoce que todo surge de que, equivocadamente, «el Estado ha sido el único proveedor de asistencia, lo que ha provocado su quiebra, además de una atrofia de la iniciativa social y la solidaridad». Y ya que toca recortar, «es difícil no tocar el gasto social», aunque este experto reconoce que «estamos priorizando mal, porque se recorta la sanidad, la educación y las pensiones, mientras se mantienen las subvenciones a instituciones, las prebendas de políticos o los entes autonómicos de televisión». Y, además, se recorta el gasto social «demasiado deprisa, sin pensar y sin sustituir los servicios que se anulan». Zayas pone, como ejemplo, que, «si se cierra un centro de salud con urgencias, se debería aumentar el servicio de ambulancias –que es más barato–, para que los habitantes de la zona puedan acudir al centro más cercano».

«Los recortes también hacen que se pierda de vista la misión del Estado del Bienestar. Esto conlleva un riesgo, el de reconstruir la sociedad en base al coste y al beneficio, en lugar de ser la persona el centro de la misma», afirma el economista. A este mismo miedo hizo alusión el Santo Padre, en su discurso al Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa Sede, al inicio del año, en el que recalcó que «la crisis económica se ha desarrollado porque se ha absolutizado, con demasiada frecuencia, el beneficio en perjuicio del trabajo». Sería bueno, recomendó, «educar para resistir la tentación del interés particular y para orientarse hacia el bien común».

Éste es un compromiso para la nueva evangelización en tiempos de crisis económica, señaló también monseñor Jean-Marie Mupendawatu, Secretario del Consejo Pontificio para la Pastoral de la Salud, en la presentación de la Jornada Mundial del Enfermo, en Roma. Y aludió, concretamente, «a los hospitales y centros sanitarios, que deben repensar cuál es su papel, para asegurar y defender que la salud es un derecho universal, y evitar que se convierta en una simple mercancía sujeta a las leyes del mercado». Y pidió que se apliquen, «en el marco de la política sanitaria, los principios de subsidiariedad y solidaridad».

¿Gestión pública, o privada?

«Los medios económicos tienen que servir para conservar y cuidar la vida», señala monseñor Rafael Palmero, responsable del Departamento de Pastoral de la Salud, en la Conferencia Episcopal, en relación con el debate en España de la gestión sanitaria pública frente a la privada, uno de los frentes abiertos más beligerantes en cuanto a los recortes sanitarios y el papel de la Medicina. «La vida no puede estar al servicio de la rentabilidad», añade, y sostiene que «la salud es un don de Dios». «Estamos en un momento delicado», reconoce, «pero hay que tener siempre presente la jerarquía de valores». Don José Luis Méndez, Delegado de Pastoral de la Salud de la archidiócesis de Madrid, añade, a este respecto, que «las soluciones de problemas contingentes corresponden a los técnicos», pero recuerda «qué criterios, se tome la decisión que se tome, se deben respetar: el criterio de justicia, el principio de subsidiariedad y solidaridad… y, fundamentalmente, que la salud no se convierta en un bien de consumo».

Aunque en Comunidades como Cataluña, desde verano, se ha reducido el 25 % de camas y se ha cerrado parcialmente hospitales, el foco de la agitación está en la gestión privada de 6 hospitales y 27 centros de salud en Madrid. Sobre la polémica medida –también implantada en la propia Cataluña, o en Andalucía–, hay opiniones de todo tipo, «pero su viabilidad no es una cuestión de opiniones, sino de datos», recalca Ortún. He aquí el quid de la cuestión: «No existen cifras que permitan concluir qué modelo es mejor, porque no hay transparencia», insiste el investigador. Aunque sí se sabe que el plan madrileño toma como modelo el implantado en el hospital valenciano de Alzira, al que el propio Gobierno valenciano considera no extrapolable. Por no hablar de la sanidad británica, que lleva 20 años de experiencia en gestión privatizada, y muchos de sus hospitales han tenido que ser rescatados, con lo cual el ahorro inicial ha resultado contraproducente. Un reciente informe de la Comisión de Calidad del Cuidado, basado en la inspección a 17 hospitales británicos –en su mayoría, de gestión privada–, revela el bajo nivel de personal, de instrumentos sanitarios, de camas y de alimentos, y «la peligrosidad que supone para el paciente».

Médicos, en pie de guerra

El personal sanitario madrileño asegura que va a mantenerse firme en su rechazo a estas medidas: «Nunca ha habido una unanimidad tan fuerte», afirma don José Jara, médico experto en ética y gestión, y miembro de un equipo quirúrgico de un hospital de Madrid. «La protesta no es política, aunque algunos sectores la intenten politizar. Tampoco radica en la confrontación entre dinero público o dinero privado, porque ambos sistemas conviven hace años y seguirán coexistiendo en paz –muchos médicos trabajan simultáneamente en Medicina pública y privada–. El problema está en si la Medicina se va a seguir considerando como un servicio o como un negocio», añade. «En el momento en el que se introduzcan los criterios economicistas, se radicalizará la racionalización de gasto –explica Jara–, y eso deriva en una mala atención al paciente», que se materializará en situaciones tales como «presión a los médicos para que se controlen los gastos en pruebas diagnósticas», o la erradicación de la formación y la investigación. Jara sabe que el ahorro es necesario, pero critica «que no se haya implicado a los profesionales. Si nos hubieran dicho de cuánto dinero se dispone, habríamos intentado adecuar los gastos, aunque es difícil mantener la calidad con menos dinero».

A este respecto, el doctor Pérez Miranda afirma que «se puede pensar que la intervención privada en lo público es algo malo, pero lo realmente malo es que haya menos financiación para la sanidad». Y explica: «Lo que falta es pedagogía: enseñar a la población qué garantías públicas hay en los centros que se gestionan de modo privado, y dejar claro que la incursión privada no supone un desmantelamiento o una peor calidad en la prestación de los servicios».