Su cruel actividad fue destapada por periodistas ingleses y daneses. El Doctor Muerte que escandalizó a Europa
Tras un reportaje del Sunday Telegraph, en 2004, el Gobierno de Blair investigó el dinero público con que se financiaron abortos ilegales de británicas en la clínica de Morín, donde mataban a bebés sanos de hasta 7 meses. En 2006, una televisión danesa volvió a denunciar este caso sanguinario, lleno de irregularidades: abortos de 30 semanas, trituradoras para deshacerse de los cuerpos, informes médicos sin ver al paciente…
Algunos medios rebautizaron al médico peruano Carlos Guillermo Morín Gamarra como el Doctor Muerte, después de que el Sunday Telegraph y la televisión pública danesa destapasen sus prácticas sanguinarias, y se iniciase así el llamado caso Morín.
Todo comenzó el año 2004, cuando dos periodistas del Sunday Telegraph desvelaron que más de 1.200 embarazadas británicas habían sido derivadas por el Sistema Nacional de Salud, el British Pregnancy Advisory Service (BPAS), a la clínica Ginemedex de Barcelona, dirigida por Morín, para abortar a bebés sanos de más de 24 semanas de gestación (de no haber sido bebés sanos, podrían haber abortado en su país, a menor precio). El BPAS pagaba con dinero público el viaje a Barcelona, y allí, aduciendo el supuesto de riesgo físico o psíquico de la madre previsto por la ley española, Morín practicaba abortos de niños de hasta 30 semanas, con los que ganaba casi 6.000 euros. El hecho llevó al Gobierno de Tony Blair a investigar y sancionar esos gastos del BPAS, pues, en el reportaje, una reportera embarazada de un bebé sano de 26 semanas fingía querer abortar, mientras otro periodista, que fingía ser su novio, grabó con cámara oculta a un médico de la clínica de Morín, diciéndole que no había problemas en perpetrar ese infanticidio, por 3.200 euros.
Trituradoras e informes falsos
Dos años después, en 2006, la televisión pública danesa DR emitió un reportaje con cámara oculta, en el que aparecía el propio Morín –que no es ginecólogo, sino «médico especializado en cirugía», como reconoce la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona– dando el visto bueno al aborto de un bebé sano de siete meses de gestación, a cambio de casi 6.000 euros, y explicando a una reportera embarazada, que fingía querer abortar, que debía firmar un formulario en el que se aducía, falsamente, un trastorno mental de la madre. El reportaje constató la presencia de trituradoras y licuadoras industriales para deshacerse de los cuerpos, así como la falsedad de los informes psicológicos exigidos por la ley. El programa se emitió en Dinamarca, Holanda y Alemania, pero la catalana TV3 rechazó la oferta de emisión que les hizo la DR.
Tras el reportaje, E-Cristians, el Centro Jurídico Tomás Moro, AES, y el Colegio de Médicos de Barcelona se querellaron contra Morín, lo que dio pie a una investigación policial y judicial, que constató cómo las trituradoras habían sido retiradas tras el escándalo televisivo, aunque se encontró ADN humano en las cañerías. En sucesivos juicios e investigaciones se recogieron testimonios de mujeres que abortaron y ex trabajadores de las clínicas Ginemedex y TBC, ambas de Morín, que fue detenido en 2007, a petición de un Juzgado de Barcelona. El caso llegó a la Audiencia de Barcelona, que no aceptó como prueba los reportajes periodísticos y que ha exculpado al médico, en una sentencia que E-Cristians recurrirá ante el Supremo.
En lugar de perseguir estos hechos, la respuesta del Gobierno de Zapatero fue la Ley Aído, que convirtió el aborto en un derecho. Ahora, uno de los mayores temores de los grupos pro vida es que la nueva ley que prepara el PP contemple un coladero similar al que, bajo el supuesto del riesgo para la salud física o psicológica de la madre, permitió a Morín matar impunemente.