Sin atención a la libertad religiosa en la pandemia

Durante la pandemia, las administraciones tomaron medidas sin tener en cuenta que la libertad religiosa es un derecho fundamental. Es la conclusión del primer informe técnico de la recién creada Cátedra de Libertad Religiosa y de Conciencia de Cataluña, que ha analizado los efectos de la COVID-19 en este derecho fundamental.

El trabajo, al que ha tenido acceso Alfa y Omega y que formará de un informe más amplio que la cátedra –impulsada por la Generalitat en colaboración con el Observatorio Blanquerna de Comunicación, Religión y Cultura de la Universidad Ramon Llull– publicará en primavera del año que viene, analiza el impacto de las restricciones en la práctica de la fe en España, que «han variado a lo largo del territorio español».

Paula Martí, coordinadora de la investigación, lamenta por ejemplo que, en algunos lugares, se permitiese un mayor aforo en restaurantes o bares que en los templos. «Fue muy llamativo el caso de la Sagrada Familia, cuando solo podían participar diez personas en la Eucaristía, pero la podían visitar hasta 1.000 turistas», explica. El denominador común, en su opinión, es «la arbitrariedad» e, incluso, una falta de cultura en este ámbito. «Cuando una medida afecta a un derecho fundamental, hay que ir con el máximo cuidado, teniendo en cuenta las condiciones», añade.

Además, el informe señala que la imposibilidad de asistir a los templos en determinados momentos de la pandemia y la adaptación a plataformas online de las comunidades han puesto en evidencia «la brecha generacional y la falta de acceso de la gente mayor a los servicios religiosos». «Este colectivo, que podía haber necesitado en mayor medida la asistencia espiritual, se quedó sin ella. Creo que a las administraciones les falta conocer lo que esto puede significar para una persona creyente», explica Martí. Con una cierta sensibilidad, añade, quizás hubiesen permitido, por ejemplo, que los familiares pudiesen acudir a los cementerios para despedirse de sus seres queridos.

Otro de los problemas generados por la COVID-19 tiene que ver con la caída de los ingresos de las confesiones religiosas ante la imposibilidad de celebrar culto público y de recoger donaciones. De hecho, señala que algunos centros cerraron por falta de recursos y que la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España llegó a solicitar al Gobierno que ofreciera algún tipo de prestación ante la caída de ingresos. Del mismo modo, constata que los ministros de culto no se pueden acoger a los ERTE.

Aunque todas las confesiones se han visto afectadas de una u otra manera, las minoritarias han sufrido más las restricciones tras el confinamiento estricto. Por ejemplo, la limitación de reuniones en el ámbito privado ha dificultado la práctica religiosa de algunas comunidades, pues, al tener pocos centros de culto, los encuentros se realizan en casas. También les han afectado los confinamientos municipales, porque los fieles no están concentrados en un lugar, sino distribuidos por todo el territorio.

Con todo, Paula Martí cree que algo está cambiando. Las resoluciones judiciales han provocado que se caiga en la cuenta de que algunas medidas afectaban de lleno a un derecho fundamental, mientras que el hecho de que se les haya encargado el citado informe muestra que «existe una voluntad de ver cómo se ha visto afectado».