Más que incendios de verano

Unas declaraciones a La Razón de Alberto Ruiz Gallardón, el 22 de julio, encendieron una de las polémicas que ha marcado la agenda mediática de agosto. «No entiendo que se desproteja al concebido, permitiendo el aborto, por el hecho de que tenga algún tipo de malformación», dijo el ministro de Justicia. «Me parece éticamente inconcebible que hayamos estado conviviendo tanto tiempo con esta legislación».

Soraya Rodríguez, portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, ha calificado de «inmoral e indecente» la reforma que ultima el Gobierno. El Secretario General de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, dio una vuelta de tuerca más: «Esto es lo que ocurre cuando en los gobiernos se introduce gentes del Opus Dei». Y añadió: «El Opus es prácticamente una pseudosecta. En este país habría que hacer una reflexión y elevar a rango de ley que personas que pertenezcan a pesudosectas, como el Opus Dei, no puedan ocupar responsabilidades públicas».

¡Un antiabortista en el Constitucional!

Entretanto, el diario El País había lanzado una campaña contra el nuevo magistrado del Tribunal Constitucional, Andrés Ollero: «Un antiabortista redactará el fallo del Constitucional sobre el aborto», titulaba en portada el diario. A Ollero le corresponderá redactar la ponencia sobre la sentencia al recurso presentado por el PP contra la ley Aído, algo inadmisible, según el diario de Prisa, habida cuenta de que el magistrado es «miembro del Opus Dei».

El caso Ollero «confirma que, cada vez más, se trata a los creyentes como ciudadanos de segunda», escribía el catedrático de Filosofía del Derecho Francisco José Contreras, en el ABC de Sevilla. «El bando abortista plantea las cosas como si sólo fuera posible discrepar del aborto libre en base a dogmas de fe (es decir, a supersticiones). Sin embargo, desafío a quien quiera que encuentre un solo argumento religioso en las muchas páginas que el profesor Ollero ha escrito sobre el tema». Sí encontrará, en cambio, consideraciones racionales sobre la problemática constitucionalidad del aborto libre en un país cuya Constitución proclama que «todos tienen derecho a la vida».

El propio interesado tomó la palabra el 16 de agosto, en una Tercera de ABC, y citó ejemplos, como el de la petición de que el presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, abandonara la política por sus convicciones religiosas. En las redes sociales —contó— apareció entonces al respecto el siguiente comentario: «O sea, que debería ponerse en la solapa una bien visible O (lo que le excluiría era su vinculación al Opus Dei) y, si sube en un autobús, sentarse en el asiento del final».

«Este episodio de naturaleza martirial nos confronta, una vez más, con una realidad que muchos católicos pretenden obviar» —escribe en el mismo diario Juan Manuel de Prada—: las crecientes presiones para vetar a los católicos en la vida pública. «Salvo, naturalmente, que abdiquen» de sus convicciones, «que es lo que la mayoría de los presuntos políticos católicos españoles ya han hecho».

Son niños, no monstruos

En el caso de los discapacitados, la exclusión que se pretende es más grave, y afecta al mismo derecho a nacer, aunque se presente bajo varios eufemismos. Eurodiputados socialistas, comunistas y nacionalistas gallegos dirigieron una carta a la vicepresidenta de la Comisión Europea y responsable de Justicia, Vivianne Reding, denunciando «la institucionalización de la violencia contra las mujeres» con los planes de Gallardón. El País, en cambio, prefirió el humanitarismo, y dio voz al neurocirujano Javier Esparza, que alerta del «tremendo sufrimiento que causan» a las familias, «pero sobre todo a los propios niños, anomalías como la hidrocefalia congénita o espina bífida. En la web de El Mundo, la escritora Rosa Regás tiene la valentía de, al menos, andarse sin rodeos, y acusa al Gobierno de obligar a las mujeres a dar a luz a monstruos. Le responde el periodista Andrés Aberasturi, padre de un niño con discapacidad, en una carta, publicada en varios medios: La monstruosidad de Rosa Regás. Aberasturi pide a la escritora que rectifique la afirmación de que «las (mujeres) europeas ya tienen ese problema solucionado de no querer dar vida a quien no podrá disfrutarla», porque: «¿Qué sabe Rosa Regás de eso? ¿Qué sabe Rosa Regás de la risa abierta de mi hijo, de su paz cuando duerme, de su mirada llena de luz cada mañana…?». Y, sobre todo, el periodista se indigna de que, por dos veces, se llame en el artículo monstruos a niños como su hijo, como cuando Regás pregunta: «Señor ministro, ¿no le parece que, antes de dar vida a los monstruos, debería ocuparse de que no se resquebrajara la dignidad de los vivos, y defender para ellos trabajo, vivienda, educación y sanidad?».

Salen a la luz en varios medios historias de familias con hijos discapacitados. El 5 de agosto, ABC presentaba a varias madres de familias felices, pero indignadas con la campaña eugenésica. «¿Estamos llegando a la época nazi?», se pregunta una. «La sociedad nos está llevando a comparar un bebé en gestación con un aparato estropeado en el que se puede decidir si se quiere cambiar o no», dice otra. La mentalidad ha calado, hasta el punto de que, si en algo coinciden estas mujeres, es en denunciar las presiones que recibieron en el ginecólogo para que abortaran.

¿Una farsa del ministro?

Todo este debate, sin embargo, probablemente quede en agua de borrajas. Se felicitaba hace unos días El País: las declaraciones del ministro «han hecho pensar que prepara la ley del aborto más restrictiva de la democracia», pero «las declaraciones privadas de los responsables del Ministerio que están ultimando el borrador auguran, por el contrario, una ley que podría estar entre las menos restrictivas de Europa». ¿La clave? Volver al coladero del daño psicológico para la madre. «Es decir, que, por ejemplo, aunque la malformación del feto desapareciera como supuesto legal, la mujer embarazada podría alegar que tener ese hijo le afecta psicológicamente». Lo confirmaba el propio ministro, el lunes, en ABC Punto Radio. Se volverá a una ley de supuestos, con la violación y el riesgo para la salud física o psicológica para la madre. Eso sí, sin discriminaciones.