Lo peor de EpC no son los contenidos
Pocos días después de que el ministro de Educación anunciase que cambiaría la actual asignatura de Educación para la ciudadanía por otra «libre de contenidos ideológicos», hubo voces que presentaban suspicacias: ¿se puede cambiar el nombre sin cambiar la Ley orgánica? ¿Basta con cambiar los contenidos? Lo cierto es que, aun con un cambio de nombre e, incluso, con un cambio de contenidos, lo peor de EpC quizá se mantenga intacto: los criterios de evaluación, que obligan a los menores a asumir unos valores morales impuestos por el Estado
La asignatura de Educación para la ciudadanía, tal y como se ha impartido hasta ahora en nuestras aulas, tiene los días contados. Ya lo adelantó el ministro de Educación, don José Ignacio Wert, en su primera comparecencia en el Congreso: el Ejecutivo sustituirá EpC por otra asignatura de Educación cívica y constitucional, «libre de contenidos controvertidos y susceptibles de caer en el adoctrinamiento ideológico». El primer paso estaba dado, aunque faltaba saber cómo se articularía. Al poco tiempo, comenzaron a surgir las dudas: como EpC figura, con ese nombre, en el texto de la Ley Orgánica de Educación (LOE), que redactó el PSOE, no se podría cambiar el nombre de la asignatura sin modificar la Ley Orgánica. Y el Gobierno ya había dicho que que no tenía previsto cambiar la Ley. Así que, si no hay cambios, la nueva versión de Educación para la ciudadanía seguirá llamándose igual el curso que viene. Pero más importante eran los contenidos. Por eso, el ministro aclaró, el pasado 14 de febrero, que «el mecanismo para cambiar el nombre de la asignatura requiere de una Ley orgánica y, en cambio, los contenidos se pueden resolver por decreto». De ese modo, el curso que viene ya podrían incluirse los nuevos manuales de la nueva EpC en las listas de libros de texto que elaboran los centros escolares, y que no abordarían cuestiones como las uniones entre personas del mismo sexo, la masturbación, las burlas a la fe, la crítica al capitalismo y las loas al socialismo marxista. Así, las familias objetoras ya no tendrían por qué oponerse a lo que se impartiera a sus hijos en esas horas de clase… ¿O tal vez sí?
Aprobados por asumir la moral del Estado
En realidad, lo que puso a las familias en pie de guerra, en 2006, antes de saber los contenidos de la asignatura, era que los Reales Decretos que articulaban EpC incluían, en los criterios de evaluación, no sólo el aprendizaje de unos conocimientos, sino la asunción de valores morales impuestos por el Estado y redactados por el Gobierno, en temas como el feminismo, la gestión de los sentimientos, los valores que viven los menores en el entorno familiar o cómo se comportan los alumnos dentro del centro «y en otros ámbitos externos». Es decir, si dentro y fuera de la clase vivían como su profesor les decía, so pena de suspenso. Ahora, habrá que esperar a que el Ministerio aclare si se van a modificar los criterios de evaluación, o si el docente seguirá teniendo vía libre para exigir una conducta moral a sus alumnos.