La subida de la luz y del gas es «un estresor añadido» para muchas familias

El lunes, el IVA de la luz y el gas volvieron en España al tipo general del 21 %, tras varias semanas al tipo reducido del 10 %. Esto ha ocurrido al desactivarse la rebaja establecida por el Gobierno en sus medidas para paliar las consecuencias del conflicto en Oriente Medio. También ha terminado la rebaja del Impuesto eléctrico, que pasará del 0,5 % al 5 % habitual.

«Este cambio a la situación impositiva normal provocará un incremento medio de entre de 12 y 15 euros mensuales en la factura sumada de electricidad y gas», constata Raúl Flores, coordinador del Equipo de estudios de Cáritas Española. Eso, «aunque pueda parecer una cantidad menor en la macroeconomía, para las familias que se encuentran en el alambre de la exclusión social supone un estresor añadido a un presupuesto ya asfixiado».

Flores sabe que entre las familias acompañadas por Cáritas, «ese dinero al final no se detrae del ocio o del ahorro, que no existen en muchos de estos hogares, sino de partidas tan básicas como la cesta de la compra o la salud».

Pobreza energética

Todo ello contribuye «a una cronificación de la pobreza energética escondida». Esto conlleva «no solo el riesgo de impago», sino también el de la «autoprivación». Esta vuelta a la normalidad impositiva hará que «muchas familias, ante el temor de no poder asumir el recibo, opten directamente por no encender el ventilador o la calefacción, restringir el agua caliente o limitar el uso de electrodomésticos básicos».

Por ello, esta subida corre el riesgo de «normalizar situaciones de calor, frío y precariedad dentro del hogar, con las graves consecuencias que esto genera a medio plazo en la salud física y en el bienestar emocional de los niños, las niñas y las personas mayores».

Por otra parte, «aunque valoramos positivamente que se mantengan los descuentos del bono social, la realidad de nuestro trabajo diario nos muestra que los mecanismos de protección actuales no siempre son accesibles», señala Raúl Flores. Se refiere a «barreras burocráticas, brecha digital o falta de regularización en los contratos de suministro» de quienes viven en alquiler o situaciones de subarriendo. Todo ello provoca que el escudo social «no siempre llegue a los hogares que están en exclusión más severa».