La ley Celaá afronta su primer examen en el Congreso

El Proyecto de Ley Orgánica de Modificación de la Ley de Educación (LOMLOE), más conocida como ley Celaá, aborda su primer trámite parlamentario este miércoles con el debate de las enmiendas a la totalidad presentadas por el Partido Popular, Vox y Ciudadanos. Si alguna de ellas recabara los apoyos suficientes el texto legislativos sería devuelto al Gobierno; en caso contrario, la tramitación parlamentaria seguiría su curso y sería el momento para introducir modificaciones parciales.

Cabe recordar que la reforma educativa del Gobierno suprime el concepto de demanda social, de modo que se verá limitada la capacidad de la concertada para ampliar plazas si los padres así lo quieren. Además, despoja de valor a la clase de Religión, ya que no será evaluable ni computable ni tendrá alternativa, y abre la puerta a la desaparición de los colegios de Educación Especial tal y como los conocemos al convertirlos en centros de recursos.

Pacto educativo, objetivo nacional

El escrito del Partido Popular, que no entra en los detalles de la ley, afirma que el momento social, económico y emocional que vive el país «requiere de decisiones que superen cualquier interés particular y busquen el máximo acuerdo en aras a impulsar la profunda transformación que habrá que acometer en los próximos meses». Y, en este sentido, la mejora de la educación «debería constituirse en un objetivo nacional prioritario».

Lamenta que el proyecto que presenta el Gobierno en el Congreso adolezca «del consenso que nos reclama el conjunto de la sociedad» y que no afronte retos y desafíos de la sociedad, que «devalúe la cultura del esfuerzo» y que «no garantice un sistema educativo vertebrado y de cohesión».

«El Grupo Parlamentario Popular presenta esta enmienda a la totalidad de devolución, en aras a alcanzar el máximo acuerdo dentro del marco consensuado en el Congreso de los Diputados para debatir los temas de esencial trascendencia en los que el ámbito educativo no puede permanecer ajeno», añade.

A espaldas de las familias

Por su parte, Vox ofrece 27 motivos y fundamentos que justifican, según su opinión, la devolución del texto al Gobierno. Entre otros, señala que no ha habido trámite de consultas ni un debate amplio, que se ha configurado a espaldas de las familias y de la libertad de los padres a elegir lo que consideran bueno para sus hijos, que no garantiza las mínimas horas de español, que se despoja a la asignatura de Religión de todo valor académico o que elimina el concepto de demanda social.

«Nos encontramos con un proyecto de normativa basada estrictamente en meros datos partidistas, sesgados y falaces, fundados en ideologías como la de género que busca la descomposición del sujeto personal, confundiendo la conciencia humana para, entre otras cosas, alterar el sentido propio y originario de las normas fundamentales de la Constitución», concluye la enmienda de Vox.

Ausencia de diálogo

La tercera enmienda, presentada por Ciudadanos, constata en su exposición de motivos «la ausencia de actitud de diálogo por parte del actual Gobierno de la Nación a la hora de intentar consensuar un modelo educativo». Es precisamente esta actitud la que arguye Ciudadanos para justificar la devolución del proyecto: «Esta cuestión no debe ser considerada baladí, sino todo lo contrario, en la medida en que una de las claves del éxito de la reforma que se lleve a cabo será la posibilidad de la misma de perdurar en el tiempo».

Del mismo modo, censura que se quiera eliminar la demanda social. En su opinión, «contraponer la existencia de centros privados en el ejercicio de la libertad de crear centros docentes y la existencia de una oferta de centros públicos que garantice la escolarización gratuita de todo el alumnado, supone generar una falsa dicotomía en la medida en que la existencia de ambos tipos de centro es lo que garantiza lo dispuesto en la Constitución».

Y, por tanto, entiende que la supresión de este criterio obedece a razones «estrictamente ideológicas» y que provocará «un ejercicio más restringido de los derechos previstos en el artículo 27 de la Constitución».

Las demás razones que justifican el rechazo de Ciudadanos a la ley son la ausencia de garantías para la escolarización en castellano en las comunidades con lengua cooficial, el no desarrollo legislativo efectivo de las competencias de la Alta Inspección Educativa, así como la falta de previsión de gasto y de presupuesto, por ejemplo, para el desarrollo de la gratuidad en el primer ciclo de Educación Infantil.