El arzobispo de Granada niega que pretenda eludir la acción de la justicia

Colaborador

Ante las informaciones que se vienen publicando, el arzobispo de Granada, monseñor Javier Martínez, ha explicado a COPE que de ningún modo pretende evadir la acción de la justicia.

El Juez que instruye el caso relativo a los abusos sexuales presuntamente cometidos por algunos sacerdotes de Granada, ha requerido al arzobispo la entrega inmediata del expediente eclesiástico que contiene la investigación interna que llevó a cabo para depurar responsabilidades en el ámbito eclesiástico.

El arzobispo ha venido colaborando desde el primer momento con el Juzgado y ha aportado cuanta información se le ha solicitado. De acuerdo con la legislación canónica, es la Congregación para la Doctrina de la Fe, en la Santa Sede, la única instancia competente para el conocimiento de las responsabilidades canónicas que se pudieran haber producido.

Es ella la que posee la documentación procedente y la que podría autorizar, el traslado a una instancia civil y la eventual divulgación de aquellas informaciones hechas en el ámbito de la conciencia. Por eso Mons. Martínez se encuentra a la espera de recibir los permisos indispensables para responder a la petición del juez.

El 22 de mayo, el Arzobispado de Granada hizo público el siguiente comunicado:

COPE/Arzobispado de Granada


El Arzobispo de Granada responde al requerimiento del Juzgado

En el escrito firmado por el Sr. Arzobispo, tal como se le había solicitado, éste ha ofrecido respuesta a la nueva petición de documentos del Juzgado de Instrucción que tramita las actuaciones penales que se siguen contra varios sacerdotes y un laico en relación con un presunto delito de abusos.

La comunicación afirma que la Diócesis ha venido colaborando con el Juzgado para el esclarecimiento de estos hechos y ha aportado cuanta información se le ha solicitado, desde el primer momento, y señala que instó en su día al denunciante a poner los hechos en conocimiento del Juzgado puesto que al ser ya aquel mayor de edad, la denuncia solo podía ser formulada por él, tras de lo cual se realizó inmediata comunicación de lo conocido en ese momento a la Fiscalía, aportando copia integra de lo comunicado a la Iglesia y ofreciendo su colaboración.

Señala también que, de acuerdo con la legislación canónica aplicable, es la Congregación para la Doctrina de la Fe, en la Santa Sede, la que avoca para sí y se constituye en única instancia y tribunal eclesial competente para el conocimiento de las responsabilidades canónicas que se pudieran haber producido, y la que, por tanto, sigue en este momento el procedimiento propio para el esclarecimiento de los hechos. Es ella, pues, la que posee la documentación procedente y la que podría autorizar, el traslado a una instancia civil y la eventual divulgación de aquellas informaciones hechas en el ámbito de la conciencia.

El arzobispado se ofrece, finalmente, a solicitar las oportunas autorizaciones de acuerdo con la legislación civil y eclesiástica aplicable, en lo procedente.