Algo empieza a moverse

El ministro de Educación se ha convertido en el blanco de la diana, en una especie de juego despiadado a ver quién dice contra él la barbaridad más gorda. «Un atentado contra la convivencia en general y contra la convivencia en Cataluña», describe el borrador de la ley de Educación la número 3 del PSOE, Elena Valenciano. José Ignacio Wert «representa el sector más duro de la derecha extrema. Hay veces que parece la extrema derecha», dicen desde Iniciativa per Cataluña.

En La Vanguardia, escribe Imma Monsó que «Wert va desgranando sus oscurantistas ocurrencias y nos pone los pelos de punta con esas impactantes ideas suyas sobre cómo ha de ser la nueva (e innecesaria) reforma educativa», y compara el borrador de la ley con las medidas que «el Gobierno franquista tomó en los primeros momentos del alzamiento». Y en El País, Josep Ramoneda presenta el modelo de escuela que se propone en el texto como Una, católica y elitista. Su diario habla de una «grave regresión ideológica», y considera la futura ley «un triunfo de los obispos» y de la enseñanza concertada.

Ladran, luego cabalgamos

Algo ha empezado a moverse… «Esto sí empieza a parecerse a la reforma que necesita nuestro sistema educativo y –también importante– la que el PP había prometido a sus electores», piensa el director de la revista Magisterio, José María de Moya. A su juicio, sin embargo, la reforma se queda corta. Su diagnóstico es compartido por muchos, pero esos críticos se han visto forzados a plegar velas, ante la tormenta que han desatado los avances, por tímidos que sean a veces. Victoria Prego, en El Mundo, expone que la reacción obedece a que la izquierda considera la educación «su exclusiva propiedad intelectual y, sobre todo, moral». En ABC, Gabriel Albiac constata, desde la docencia, que «nunca el abismo que nos separó de las grandes universidades europeas fue tan enorme». Ése es el problema que «se trata de arreglar», los desaguisados de nuestra enseñanza. Y ahí duele… «¿Por qué no querrán mejorarla?», se pregunta Santiago González en El Mundo. «Probablemente, porque les gusta así, para que los escolares aprendan» que «la contienda civil de 1936 fue una guerra de España contra Cataluña», o que «Colón era un príncipe catalán que descubrió América para Cataluña y eso explica que la bandera de Estados Unidos esté copiada de la señera…».

La supuesta defensa de la lengua española en Cataluña, sin perjuicio del catalán, es el gran foco de conflicto político, a pesar de que el ministro ha rebajado sustancialmente la pretensión inicial y ha optado por una solución más bien tibia. «La única asignatura que forzosamente tienes que dar en castellano es Lengua y Literatura. Puedes dar todo el resto en catalán», reconoce, en una entrevista a ABC. Además, como dos o más universidades pueden libremente establecer pruebas de acceso comunes, la Generalidad ya ha conseguido, de facto, perfilar una Selectividad catalana, obligatoria en esta Comunidad. En cuanto al derecho a la escolarización en español, los padres que quieran hacer uso de él tendrán que pagar un colegio privado, y pasar la factura al Gobierno autonómico. ¿Cobrarán algún día?, se pregunta, en ABC, una madre, que ha visto cómo una sentencia favorable del Tribunal Supremo a escolarizar a su hija en español es papel mojado. «En materia lingüística, el verdadero problema catalán se llama prevaricación continuada y sistemático incumplimiento de las sentencias», afirma, en el mismo diario, Juan Carlos Girauta.

Con respecto a la asignatura de Religión –explicaba en Alfa y Omega María Rosa de la Cierva–, se introduce una asignatura alternativa de formación ética en Primaria y en ESO, y con ello, se da un paso importante en la dirección que dicta la ley (y las sentencias del Supremo y el Constitucional), aunque es necesario seguir dando pasos para que se cumpla la ley. Importante es también la desaparición definitiva de la asignatura Educación para la ciudadanía, denunciada en estas páginas por el obispo auxiliar de Madrid y secretario general de la Conferencia Episcopal, monseñor Martínez Camino, como «la imposición a todos por la fuerza de la ley de unas determinadas convicciones morales».

Y se avanza en la libertad educativa. El cambio no es revolucionario, pero «estamos ante una pequeña apertura hacia una subsidiariedad no vergonzante», afirma un editorial de la revista Páginas Digital. Con el sistema vigente, los conciertos educativos «no dependen de la demanda social o de criterios objetivos, sino de los Gobiernos regionales, en última instancia, de la subjetividad política». Ahora, el borrador sí tiene en cuenta la «demanda social», aunque sin concretar en qué se traduce este concepto. Donde sí hay claridad es en la ampliación de la duración de los conciertos, lo que da mayor seguridad jurídica a los centros.

Pero, en definitiva, «falta libertad», considera De Moya. «¿Es normal que una reforma educativa impulsada por un Gobierno que se dice liberal utilice una sola vez en todo su articulado la palabra libertad?», se pregunta. «No he tenido tiempo de comprobarlo, pero es probable que en la LOE socialista aparezca en más ocasiones. ¿Pensarán en el Ministerio que impulsar la libertad de Educación es defender una posición ideológica?».