Francisco Vázquez: católico, patriota y socialista. «Debemos superar complejos»
Los ataques a la unidad de la nación y a la presencia pública de la Iglesia preocupan al ex alcalde de La Coruña y antiguo embajador ante la Santa Sede, don Francisco Vázquez, que tuvo a su cargo la conferencia de clausura del Congreso. El político socialista habló abiertamente desde su «condición de católico» y desde «su amor a España», y no dudó en criticar algunas posiciones de su partido en los últimos años
«Son tiempos de rescatar conceptos como el del patriotismo» o el de «amor a España», pide don Francisco Vázquez. Esos términos, «paradójicamente, cuando se refieren a otras entidades territoriales como las autonomías, se consideran de naturaleza elogiosa». Es así como se legitima en algunas partes de España «un sistema educativo claramente ideologizado», que falsea «la realidad histórica»; o «la impunidad permanente en la desobediencia al ordenamiento jurídico y el desacato a las sentencias que se consiente a los responsables autonómicos». Y añadió: «Es imprescindible que superemos complejos y asumamos una historia dos veces milenaria, que no puede ser reducida a un corto período de tiempo de nuestro pasado más reciente, como son los apenas 40 años que comprenden la guerra civil y el régimen que le subsiguió».
«Yo siempre he considerado que es una irresponsabilidad reabrir heridas que entendíamos superadas y utilizar ese triste período como un arma arrojadiza».
Con respecto a la extensión de las ideologías laicistas, el embajador habló de la necesidad de «desmontar esa línea política y de pensamiento que, no sólo acusa permanentemente a la Iglesia de injerencia en la vida pública, sino que, además, denuncia una supuesta situación de privilegio frente a instituciones y personas. Se pretende, en los últimos tiempos, identificar a la Iglesia como parte de un proyecto político al que se tacha de conservador y de reaccionario. Incluso se le acusa de tomar partido en la contienda política, o de ser representante de estas o aquellas siglas, y nada más lejos de la realidad. Hoy, nadie habla en nombre de la Iglesia más que la propia Iglesia, y nadie puede arrogarse la representación de su doctrina». Según recordó, al inicio de la Transición, los obispos se manifestaron contrarios a la creación de un partido confesional, e incentivaron a los católicos a participar en la política «de una forma transversal, en todo el espectro, siempre que los principios no fueran contrarios ni hostiles a los principios de la moral cristiana».
De igual modo, y «con la misma firmeza, debemos dejar claro, frente a esa mentira tantas veces repetida, que la Iglesia hoy no disfruta de una situación de privilegio ni prerrogativa distinta de la que, por ley, disfrutan las demás confesiones o las instituciones con fines sociales que cumplen funciones similares. La financiación nace de la libre decisión de los ciudadanos, al igual que en el resto de naciones de nuestro entorno. Y el ejercicio de sus actividades se fundamenta en los derechos constitucionales» que le asisten, «como a cualquier institución y persona», en el disfrute de «los derechos de educación o de libre difusión de su doctrina». Este tipo de planteamientos, además de discriminatorios, olvidan la inmensa labor social de la Iglesia, a la que, «cicateramente, muchas veces ni siquiera se le reconoce su generosa aportación a las carencias sociales de los ciudadanos».
Tampoco hay excepcionalidad ni privilegio en los Acuerdos Iglesia-Estado. Don Francisco Vázquez calificó de aberrante que se presente la cuestión en estos términos. Son acuerdos similares a los de la Santa Sede con la inmensa mayoría de países de nuestro entorno, «sin olvidar que fueron debatidos y aprobados por las Cortes Generales después de la entrada en vigor de la Constitución, y son, por tanto, plenamente constitucionales. Fueron votados por unanimidad en el Senado, y en el Congreso apenas tuvieron votos en contra», remachó.
Este tipo de posiciones, «lo único que pretenden es cerrar las puertas a la presencia de cristianos» en la vida pública, y acallar a la Iglesia, a la que asiste «el derecho y el deber de poder pronunciar juicios morales sobre las realidades temporales cuando así lo exija la fe o la ley moral».