Un futuro demasiado incierto para la escuela concertada

A pesar de que algunos medios y ciertos representantes políticos se empeñen en asegurar que la LOMCE es una victoria de la Iglesia, la realidad es bien distinta. Sobre todo, porque si la nueva ley de educación no es buena para las familias y para los alumnos, tampoco podría serlo para la Iglesia. Así, tal y como denuncia don José María Alvira, secretario general de Escuelas Católicas –la principal patronal de centros concertados de España, que aglutina a casi el 25 % de los colegios de nuestro país–, el texto que ha salido del Consejo de Ministros «tiene cosas positivas, como el hecho de que reconozca la libertad de enseñanza como principio vertebrador del sistema educativo, pero deja muchos aspectos en el aire, en lo que se refiere al régimen de conciertos, que es la herramienta que hace efectiva esa libertad».

Cambios a los cambios del PSOE

Para empezar, conviene recordar que la LOE, aprobada por el PSOE en 2006, modificó de facto el papel de la red concertada en nuestro sistema, convirtiéndola no en complementaria de la red estatal, sino más bien en subsidiaria, o sea, en secundaria. Algo que no sólo cambiaba las reglas del juego que han funcionado en España desde la Transición, sino que, como ha denunciado reiteradamente Escuelas Católicas, era contrario al artículo 27 de la Constitución. Ahora, la LOMCE, al cambiar algunos artículos de la LOE, modifica, pero sólo en parte, esos giros introducidos por los socialistas. Así, en el artículo 58 de la nueva ley, se dice, por primera vez, que el Estado, al diseñar su oferta educativa, tendrá en cuenta «la oferta existente de centros públicos y privados concertados, y la demanda social». O sea, que a la hora de planificar la oferta escolar de cada curso (las plazas que se ofertan; si es necesario o no construir un centro; si se renueva o se crean nuevos conciertos, etc.), las Administraciones deberán tener en cuenta las preferencias de las familias, de forma que, si los padres de una zona solicitan la escuela concertada, no se deberían restringir plazas de centros concertados.

Ahora bien, esta declaración de intenciones no parece suficiente. Como explica Alvira, «se está perdiendo la ocasión de solucionar problemas muy serios que llevamos años arrastrando», y cita no pocos ejemplos: «Falta la adecuación del modelo económico, porque la concertada recibe el 50 % menos de lo que cuesta un puesto escolar en la pública; falta expresar la complementariedad de las dos redes, para que nadie pueda actuar como si fuésemos una red subsidiaria de la pública; tampoco acaba de reconocerse la peculiaridad de los centros concertados, que suelen tener más de un nivel (de Primaria a Bachillerato), a diferencia de lo que ocurre en los públicos, y eso nos da bastantes problemas administrativos (por ejemplo, al pagar los complementos salariales a los directores, al representar al centro ante la Administración, al formar el Consejo Escolar…); y falta que se modifique el sistema de pago delegado a los trabajadores, y establecer la renovación automática de los conciertos». Dos aspectos, éstos últimos, que son, quizás, las mayores carencias de la LOMCE en lo tocante a los conciertos, y las de peores consecuencias.

Entre lo injusto y lo arbitrario

La cuestión del pago delegado afecta de lleno a los profesores y al personal de los concertados, y, por extensión, a las familias de los alumnos. Como explica Alvira, «la LOMCE debería garantizar que el pago delegado (el dinero que pagan las Autonomías a los trabajadores de esos centros, por ser parte del sistema escolar del Estado) no incurra en contradicciones con la legislación laboral, como ahora pasa en ciertos casos. Esto nos afecta, sobre todo, cuando hay recortes o incumplimientos por parte de la Administración, porque nos hemos visto obligados a pagar a profesores y al personal no docente incluso cuando la Comunidad no ha hecho ese pago. Esto dificulta las negociaciones laborales y sindicales, genera inestabilidad en el personal y en los titulares, y se puede utilizar para perjudicar económicamente a los concertados y, por tanto, a las familias».

Peor es el caso de la no renovación automática: en su artículo 60, la LOMCE introduce una duración de 6 años para los conciertos en Primaria, y 4 en el resto de los tramos (hasta ahora, la renovación era año a año), pero Alvira explica que «lo lógico es que la renovación sea automática mientras se cumplan las condiciones del concierto. No queremos un cheque en blanco, sino que la Inspección verifique que se mantienen las condiciones necesarias para el concierto, porque, si no, se abre la puerta a la arbitrariedad y a que la Administración autonómica o estatal decida que, si hay plazas públicas libres, va a suprimir plazas concertadas, aunque haya demanda. Esto, que viola los derechos de los padres, está pasando ya en Andalucía y puede pasar en más sitios, así que, para garantizar el futuro de la escuela concertada, que no debe depender del deseo arbitrario de los políticos, el texto que se apruebe en las Cortes debería introducir estos cambios».