Resuelve: ¿Cómo se evita que la LOMCE tienda a infinito?

Entre los ejercicios matemáticos que más quebraderos de cabeza causan a los alumnos de Secundaria están aquellos problemas en los que una incógnita X tiende a infinito. Es decir, y dicho muy simplificadamente, cuando la respuesta siempre es susceptible de ser mayor. Algo parecido puede ocurrir cuando se pregunte cuántos sistemas educativos habrá en España después de que se apruebe la LOMCE. Porque, aunque la nueva ley incorpora, en teoría, mejoras en nuestro sistema educativo, la reforma perpetúa uno de los males de la LOE: el margen que se concede a las diferentes Administraciones públicas (sobre todo, Gobierno central y Comunidades Autónomas) para intervenir en el sistema educativo es tan amplio, que toda reforma puede quedar en nada.

Cataluña, Andalucía, Madrid…

Ejemplos actuales no faltan. En Cataluña, por ejemplo, la Generalitat se niega a aplicar la ley (y a cumplir las Sentencias judiciales que se lo exigen) e impide que los alumnos puedan ser escolarizados en castellano. La LOMCE, en lugar de prever un mecanismo que obligue a las Comunidades a cumplir la legislación, establece que el Gobierno central pagará una plaza en un centro privado a los alumnos que quieran recibir educación en castellano, si la Comunidad no se lo garantiza.

Otro ejemplo: en Andalucía, la Junta ha anunciado que, a pesar de que tengan demanda, el próximo curso retirará el concierto a los centros de educación diferenciada, y eliminará puestos escolares de centros concertados cuando haya plazas libres en los públicos. Algo que ha llevado a los obispos andaluces a emitir un comunicado, en el que denuncian que la enseñanza concertada «se encuentra amenazada por los poderes públicos, pese a su aceptación social y a la demanda de muchas familias», critican que la Junta se mueva por criterios no educativos para suprimir «centros de educación diferenciada, lo que vulnera el derecho de los padres a elegir el tipo de educación que responda a sus convicciones», y recuerdan que «se pretende eliminar unidades escolares en centros que las tienen autorizadas, en funcionamiento, concertadas desde hace años, y que poseen una demanda suficiente». Y esto implica «la posible eliminación de tales unidades en centros dedicados a los más desfavorecidos, donde se viene realizando una magnífica labor educativa».

Y otro ejemplo más: la Comunidad de Madrid ha anunciado que retirará el concierto a centros que imparten FP de Grado Superior, a pesar de que el índice de inserción laboral de sus alumnos roza el 90 %.

A expensas de las Comunidades

Vista la injerencia política que existe en el sistema educativo de España, cabe preguntarse qué aplicación podrá tener, de verdad, una de las propuestas estrellas de la LOMCE: la autonomía de los centros educativos. Como ha explicado Escuelas Católicas, una de las principales patronales de centros educativos de nuestro país, que aglutina a casi el 25 % de los colegios de España, «aunque la LOMCE intenta trasladar una visión de mayor autonomía para los centros, no sólo no la garantiza, sino que la deja a expensas de las comunidades autónomas y del propio Gobierno central, al incluir, por primera vez en la Historia, la metodología y la práctica docente dentro del currículum que determina el Ministerio de Educación», lo que supone «un retroceso en la autonomía de los centros».

Y la cuestión no es menor: el Informe McKinsey, que analiza qué tienen en común los países de la OCDE con mejores resultados en las pruebas PISA, muestra que uno de los motores del desarrollo educativo es el nivel de los profesores y la capacidad que tienen los claustros para crear proyectos pedagógicos que respondan, no a criterios políticos, sino a la realidad de las aulas. O sea, que quienes mejor conocen las carencias y potencialidades de los alumnos de un centro, e incluso de un barrio o pueblo, no son los políticos, sino los profesionales de la educación. Las experiencias llevadas a cabo en Francia, Finlandia, Inglaterra o Suecia, constatan que los colegios que tienen más autonomía para organizar horarios, desarrollar iniciativas pedagógicas y crear proyectos con un ideario conocido por las familias, al que se adhiere el claustro, mejoran la convivencia y el nivel académico de sus alumnos. En España, los centros concertados son una buena prueba de esta realidad: en Comunidades como Andalucía, que tiene uno de los mayores índices de fracaso y abandono escolar temprano, los concertados obtienen resultados académicos por encima de la media y, en los últimos años, mientras sobran plazas en los públicos, se ha multiplicado la demanda de plazas concertadas. Tanto es así, que algunos líderes sindicales de la escuela estatal reconocen, en privado, que la radicalización de la pública ha provocado una fuga hacia la concertada, y empiezan a renegar de los ataques a la clase de Religión y a la enseñanza diferenciada.

De buena idea, a papel mojado

El actual texto de la LOMCE recoge estas sugerencias de la OCDE, y reconoce que «es necesario que cada centro tenga la capacidad de identificar cuáles son sus fortalezas y las necesidades de su entorno, para poder tomar decisiones sobre cómo mejorar su oferta educativa y metodológica». Además, sostiene que esta autonomía «es una puerta abierta a la atención a la diversidad de los alumnos, mantiene la cohesión y unidad del sistema, y abre nuevas posibilidades de cooperación entre los centros, y de creación de redes de apoyo y aprendizaje».

Sin embargo, estas buenas intenciones podrían quedar en mero papel mojado por culpa del artículo 6 bis de la LOMCE, que establece las competencias del Ministerio, de las Comunidades y de los centros, a la hora de marcar los contenidos de las asignaturas, los estándares de evaluación, y cuántas horas se impartirá cada materia. El resultado, como explica don José María Alvira, secretario general de Escuelas Católicas, «resulta confuso, propicia el desconcierto y deja a las Administraciones la mayor parte de las competencias, en lugar de dejarlas a los profesionales».

Confuso y contradictorio

Un resumen de parte del artículo 6bis da idea del desconcierto al que se refiere Alvira: para las asignaturas troncales, el Ministerio establece el contenido, los estándares de evaluación y el horario mínimo de cada materia; las Comunidades podrán completar los contenidos y fijar el horario máximo; y los centros podrán completar aún más los contenidos y determinar la carga horaria (que no permitirá un excesivo margen de maniobra, pues los horarios mínimos los fija el Ministerio, y los máximos, la Autonomía). Para las asignaturas específicas y las de libre configuración autonómica, el Ministerio establece sólo los estándares de evaluación; las Comunidades fijan los contenidos y los horarios, y los centros, de nuevo, sólo podrán completar contenidos y marcar la imprecisa carga horaria. Algo similar ocurre con las pruebas externas, las evaluaciones al final de cada etapa y los contenidos y evaluaciones de las lenguas cooficiales.

Además, no será el Ministerio, sino cada Comunidad, quien establezca las «directrices para orientar la metodología didáctica empleada en los centros», o lo que es lo mismo, que en España no queda garantizado un único modelo pedagógico, sino que los Gobiernos autonómicos podrían recuperar los criterios de la llamada pedagogía LOGSE, que son los que ha querido combatir, al menos sobre el papel, la nueva legislación. Hay que tener en cuenta, además, el margen que tienen las Diputaciones Provinciales para establecer la oferta educativa en una región, principalmente en zonas rurales, y que podrían obligar a que los alumnos de centros pequeños que se hayan formado en un modelo pedagógico se agrupen en centros más grandes con un modelo opuesto; así como la capacidad de los Ayuntamientos para crear centros públicos antes que concertados, o viceversa.

De este modo, aunque la LOMCE permite a los centros de Secundaria especializarse en su oferta académica, y dice garantizar la autonomía de los centros para diseñar los contenidos de ciertas asignaturas, el articulado de la ley deja un escaso margen de maniobra: si los horarios, contenidos y estándares de evaluación; así como el diseño y evaluación de las pruebas de nivel en Primaria, ESO, Bachillerato y FP, son elaborados, casi en su totalidad, por el Ministerio y las Comunidades, ¿qué le queda a los centros?

Beneficioso para la pública

Por si fuera poco, aunque la ley establece que colegios e institutos podrán «diseñar e implantar métodos pedagógicos y didácticos propios», cada Comunidad puede exigir «a los centros de su competencia», (es decir, estatales y concertados) que se ajusten a una «metodología didáctica» impuesta por el Gobierno de turno, que podría incluso ser opuesta a la que el centro quiere implantar. Es decir, que situaciones como las que se viven hoy en Cataluña o Andalucía podrían volver a producirse.

Ahora bien, introducir en la LOMCE los cambios que garanticen una autonomía real para los centros no sólo beneficiará a los concertados, sino también a los públicos. Como explica doña María Dolores Villalba, vicepresidenta de la plataforma Mejora Tu Escuela Pública y directora del colegio Doctor Tolosa Latour (un centro público bilingüe, del madrileño barrio de Vallecas, que cosecha excelentes resultados y tiene una enorme demanda), «la Administración tiene que dar pautas mínimas, pero hace falta que los centros tengamos verdadera autonomía y un proyecto propio, porque un claustro que no sabe hacia dónde camina va dando palos de ciego».

Aún se puede mejorar

Y señala cómo mejorar: «Hay que lograr que los centros podamos hacer más flexible, e incluso ampliar, el horario de profesores y asignaturas (con criterios pedagógicos, no con el actual sudoku de horarios que nos marcan las Consejerías); hay que confiar en los equipos directivos y, asegurando que rindan cuentas, darles capacidad de decisión para que los profesores, dentro de su libertad de cátedra, asuman el proyecto; necesitamos contar con los mejores recursos humanos, materiales y formativos para adaptarnos a las necesidades académicas y personales de cada alumno…». En resumen: «Los profesores tenemos la obligación moral de abrir a cada alumno las puertas del futuro, y de dar a cada uno la formación integral que necesita, para que nadie se quede atrás. Por eso, necesitamos que nos dejen trabajar con libertad, en colaboración con las familias y rindiendo cuentas, sin imponernos criterios no educativos, porque la vocación del maestro es formar personas responsables y libres, bien preparadas, críticas y con ganas de aportar a la sociedad».

Así, para que la aplicación de la LOMCE no tienda a infinito, parece sensata la recomendación del Secretario General de Escuelas Católicas: «La LOMCE tiene cosas buenas, y ahora hay que alejar el debate de aspectos anecdóticos y buscar un diálogo profundo con la comunidad educativa, para mejorar la ley en el Parlamento, hacerla más operativa y garantizar la libertad de enseñanza, la calidad de la educación y los derechos de las familias y de los centros, dentro de un sistema escolar homogéneo».