Hans Zollner, SJ: «No pensemos que ya hemos tachado de la lista lo que había que hacer»

En el encuentro va a hacer balance de la cumbre del Vaticano un año después y hablar de perspectivas… ¿Dónde estamos? ¿Qué asignaturas quedan pendientes?
La cumbre puso de manifiesto el compromiso del Santo Padre con esta lucha y aumentó la concienciación entre los participantes, especialmente en aquellas partes del mundo donde la cuestión se mantenía en silencio o era tabú.

Aunque todavía queda mucho por hacer, desde entonces ha habido cambios concretos en la Iglesia y se han visto los frutos de esta reunión. En mayo de 2019, el Santo Padre promulgó la carta apostólica en forma de motu proprio Vos estis lux mundi, donde entraron en vigor nuevas normas para la protección de los menores y se establecieron indicaciones sobre el procedimiento para denunciar abusos. En diciembre del mismo año, se modificaron tres puntos importantes (se incrementó la edad referente al material pornográfico infantil de 14 a 18 años, se eliminó el secreto pontificio para los casos relacionados con los delitos de abusos sexuales a menores y adultos vulnerables y se promovió una mayor participación de los laicos en los procedimientos penales dentro de la Iglesia). Además, el pasado mes de julio la Congregación para la Doctrina de la Fe publicó un vademécum sobre algunas cuestiones procesales en casos de abuso sexual a menores cometidos por miembros del clero. Se trata de un instrumento destinado a ayudar a los ordinarios y a los juristas que necesitan traducir en acciones concretas la legislación canónica. Estará sujeto a constante revisión y actualización.

En 2018 dijo que la Iglesia en España podía hacer «mucho más» en materia de protección a los menores y pidió a los obispos que se empeñaran en esta materia. ¿Ve avances?
Según tengo entendido, muchas diócesis españolas han seguido las indicaciones legislativas que se promulgaron en los últimos 18 meses. No cabe duda de que estos cambios que ya están operativos son muy importantes y necesarios. No obstante, debemos ser cautos y evitar pensar que ya hemos tachado de la lista lo que había que hacer. Al contrario, debe ser un compromiso sostenible en el tiempo. Acompañar a las personas que fueron heridas y trabajar para prevenir estos delitos es o debería ser parte de la misión integral de la Iglesia, y sus representantes deben continuar con esta misión. La Iglesia católica ya hace mucho en favor de esto desde sus escuelas, universidades, proyectos sociales, parroquias y muchas otras iniciativas.

¿Conoce el Proyecto Repara de la archidiócesis de Madrid?
La iniciativa coordinada por el profesor García Baró, de la Universidad Pontificia Comillas, me parece muy loable e importante, y podría replicarse en otros lugares. Es un proyecto muy completo, ya que ofrece una atención integral a la víctima gracias a los profesionales de distintas disciplinas: desde la atención terapéutica y espiritual al asesoramiento jurídico en los ámbitos civil y canónico. Además, también se ocupan de formación, que es clave en la prevención.

No conozco los detalles de la manera de proceder, pero, en términos generales, siempre es recomendable contar con una supervisión externa para certificar que se está realizando un buen trabajo. Las auditorías elaboradas por agencias o cuerpos de auditoría no relacionados con la Iglesia son buenas por dos razones: contribuyen a la objetividad y además certifican que no estamos trabajando solos, sino con el asesoramiento de expertos independientes.

¿Qué aportan cursos tipo el del ITVR?
La mayor aportación de los cursos como el organizado por el ITVR es que responden a las necesidades locales de formación en materia de prevención del abuso sexual a menores y personas vulnerables. Cada grupo de participantes, cada cultura y cada país tienen distintas necesidades de formación y un lenguaje diferente para abordar esta temática. Al tratarse de un programa de aprendizaje combinado (blended learning), las instituciones que colaboran con el Centre for Child Protection (CCP) elaboran un itinerario formativo que combina el uso de las unidades didácticas en línea del CCP con encuentros presenciales organizados por la institución local, los cuales permiten a los participantes tratar en profundidad temas y problemas de su interés. Este formato facilita abordar la realidad del abuso teniendo en cuenta las dimensiones específicas de su propia cultura y región, promoviendo el debate y la reflexión.

En el CCP estamos muy contentos de poder colaborar con instituciones en diferentes partes del mundo que, como el ITVR, promueven la cultura del safeguarding y trabajan para que el mundo sea un lugar más seguro para los niños y personas vulnerables. Se trata de un esfuerzo conjunto, como declaró el Papa Francisco en su Carta al Pueblo de Dios de 2018: «La única manera que tenemos para responder a este mal que viene cobrando tantas vidas es vivirlo como una tarea que nos involucra y compete a todos como Pueblo de Dios».

Betania, que participa en la jornada, o Infancia Robada, impulsada por víctimas, sostienen que algunos prefieren acudir a ellas por ser externas a las diócesis. ¿Cómo tiene que ser la colaboración con estas asociaciones?
Son las personas que integran estas asociaciones y organizaciones las que deben decidir si y cómo colaborar con la diócesis en función de su propio camino y recorrido. A ellas les pertenece este proceso. Obviamente, es muy bueno si se da una colaboración entre asociaciones y diócesis en igualdad de términos.

Desde las diócesis tiene que haber un claro compromiso de colaboración, a largo plazo, que sea sostenible. No se trata de una cuestión que vaya a terminar en unos pocos meses o años; por eso, lo más importante es que las diócesis estén disponibles y preparadas para escuchar a las víctimas, no solo sobre el abuso que ocurrió, sino también abiertas a escuchar cualquier sugerencia de las víctimas y supervivientes sobre cómo evitar que los abusos vuelvan a repetirse.

Desde la Comisión para la Protección de Menores, ¿han detectado fenómenos nuevos por la pandemia?
Es un hecho que la pandemia ha traído consigo nuevos escenarios a nivel mundial que han modificado muchos aspectos de nuestras vidas. Este cambio no solo ha tenido consecuencias económicas, políticas y sociales, sino que ha significado que niños y personas vulnerables estén en mayor riesgo. Las restricciones y confinamiento han llevado a un aumento de la tensión y violencia en los hogares. No se trata de una simple suposición, sino que ha sido confirmado empíricamente por aquellos que trabajan en los sectores sociales y educativos. Sabemos por los sanitarios que en algunos lugares del mundo el número de niños con fracturación ósea ha aumentado. Asimismo, ha habido un incremento de consumo de pornografía, también infantil. Sin embargo, con otras urgencias relativas a la crisis sanitaria y la inestabilidad económica, no se ha dado siempre la prioridad necesaria a la protección de menores.

La Iglesia es muy consciente de este nuevo desafío y de la importancia de trabajar unidos. Todos estos temas fueron abordados en una serie de webinars ofrecidos por la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores en colaboración con la UISG sobre la protección de los menores durante la COVID-19. Se trataron diferentes temas, como la manera en que la pandemia ha cambiado nuestras relaciones y la protección de los niños durante y después del confinamiento. Además, el comité organizador de la International Safeguarding Conference (ISC) ofreció una serie de webinars destinados a profesionales del ámbito para intercambiar buenas prácticas de trabajo en la pandemia.

Uno de esos riesgos en tiempos de coronavirus es la relación online. ¿Cómo se puede ofrecer seguridad en este ámbito desde la Iglesia?
Es cierto que la pandemia ha aumentado de forma significativa los riesgos de abuso y explotación sexual infantil en línea. Dado que los niños no iban a la escuela, a menudo pasaban mucho más tiempo solos y sin supervisión frente a las pantallas. Los padres intentaban equilibrar el cuidado de sus hijos con su propio trabajo, y no siempre podían dar toda la atención a las actividades de los pequeños. Los niños, las niñas y los adolescentes, ya nativos digitales que están constantemente conectados están expuestos a diferentes peligros como el ciberacoso o el sexting, y tienen un mayor acceso a material sexual explícito, vídeos e imágenes que se visualizan y comparten una y otra vez.

Creo que la Iglesia puede hacer mucho para promover la seguridad en línea. La Iglesia católica es universal y, como tal, consciente de la gravedad y los efectos negativos del abuso sexual de menores en línea en todo el mundo. Es consciente también de que se trata de un problema que hay que abordar trabajando de manera conjunta con los distintos sectores de la sociedad de forma sostenible. Prueba de ello fue el congreso organizado en la Pontificia Universidad Gregoriana en octubre de 2017 sobre la dignidad del menor en el mundo digital, en el que participaron expertos a nivel mundial de los ámbitos académico, político, tecnológico, representantes de organizaciones internacionales y diferentes religiones para debatir cómo combatir este crimen. Concluyó con una llamada del Santo Padre a que todos tomen conciencia y asuman la responsabilidad de proteger a los más vulnerables en línea.

Además, la Iglesia, que a través de sus distintas iniciativas juega un papel tan importante en la educación de niños y jóvenes, debe continuar buscando una manera común de ofrecer formación sobre el uso adecuado de internet. Desde sus escuelas, universidades, centros de formación religiosa, etc., se debe enseñar cuáles son los riesgos y cómo prevenirlos, cómo protegerse a uno mismo y a los demás, y cómo interactuar con otras personas en internet.

F. O. / C. S. / R. P.