El aborto, fuera de los derechos fundamentales

El pasado martes, 7 de abril, el Consejo de Ministros aprobó un proyecto para incluir explícitamente el derecho al aborto en la Constitución española. Tras la luz verde del Gobierno, la ministra de Igualdad atendió en La Moncloa a los medios de comunicación y justificó la medida con tres razones. Se trata de responder al «movimiento ultrarreaccionario que ha puesto en la diana los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres a nivel global y también en nuestro país», dijo en primer lugar. El proyecto busca, asimismo, reforzar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Por último, Ana Redondo subrayó que «somos una ciudadanía que abraza la democracia, los derechos de las mujeres y la igualdad, y tenemos que blindarla también en la Constitución».

La fórmula elegida por el Ejecutivo para modificar la carta magna, sin embargo, contradice de alguna forma las palabras que pronunció la ministra durante la rueda de prensa. De hecho, no es la que blindaría más el aborto, sino lo contrario. «La Constitución tiene varios niveles de derechos. Hay una primera parte que son derechos y libertades fundamentales», entre los que se incluyen la vida, el honor, la libertad… «Hay una segunda parte que son deberes». Y hay un último nivel que «son principios rectores de la política social y económica». Entre ellos «está el derecho a la protección de la salud, que es donde quieren meter el tema del aborto», resume para Alfa y Omega Isabel Álvarez, profesora de Derecho Constitucional de Comillas ICADE. «Son principios que rigen la actuación de los poderes públicos, por lo que incluirlo ahí no quiere decir que vaya a estar más blindado ese derecho. Jurídicamente no tiene ningún sentido», añade la experta.

Un segundo constitucionalista consultado por este periódico, que prefiere no dar su nombre, también habla de la irrelevancia jurídica del movimiento gubernativo, lo que le lleva a pensar que «es una cortina de humo». Este jurista destacado considera que «lo sacan a colación para que se hable de ello, para que se difunda la idea de que a las mujeres se les están quitando derechos en este ámbito y que gracias a este Gobierno tienen más derechos».

El constitucionalista basa su argumentación en el hecho de que el Gobierno «no tiene la mayoría necesaria en el Parlamento para sacar adelante el proyecto». Cualquier cambio en la carta magna, por mínimo que sea, requiere de un abultado apoyo por parte del Congreso y del Senado.

Amplio consenso

Si fuera una reforma que afectase a los derechos fundamentales, «lo que se llama una reforma agravada, tendría que ser aprobada por los dos tercios de cada cámara y habría que disolver las Cortes», explica Isabel Álvarez. Los nuevos parlamentarios elegidos tras las elecciones «deberían ratificar la decisión y aprobar el texto con mayoría de dos tercios». Después de todo ello, «la decisión tendría que ser sometida a referéndum para su validación».

Para cambiar el artículo 43, sin embargo, bastaría con una reforma parcial o no agravada. «Que tiene su complejidad», advierte la profesora Álvarez, pero no hay que disolver las Cortes, por ejemplo. «Hace falta, entre otras cosas, una mayoría de tres quintos en cada una de las cámaras». Y aunque se lograse, «una décima parte de los miembros de cualquiera de las dos cámaras podría solicitar un referéndum para su ratificación».

La tarea se presupone difícil en el contexto político actual, donde el Gobierno ni siquiera puede presentar los presupuestos generales del Estado al no contar con el apoyo suficiente. Y aunque lograse los votos necesarios y finalmente se modificase la Constitución, no se trata de un cambio inamovible. Para dar marcha atrás, tan solo habría que desandar el camino detallado por la profesora de Derecho Constitucional de Comillas ICADE.

Arma ideológica letal

Aunque previsiblemente el proyecto no vaya a prosperar, el anuncio del Ejecutivo ha suscitado la respuesta de numerosos grupos y organizaciones. La Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE) es una de ellas. En su caso, consideran que esta iniciativa supone «vaciar de contenido la protección de la vida prenatal y consagrar como derecho la destrucción de la vida humana en formación».

A su juicio, el «asunto es complejo y controvertido», desde «un punto de vista jurídico, científico, moral y ético»; y «no existe consenso suficiente en nuestra sociedad y tampoco en el Parlamento como para elevar el aborto a la categoría de derecho constitucional».

Por su parte, la presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida, Alicia Latorre, es consciente de que «las mayorías que se necesitan para sacar» el cambio adelante «no se tienen». No obstante, en entrevista con Alfa y Omega, la también coordinadora de la Plataforma Sí a la Vida advierte que solo el anuncio ya «es todo un arma ideológica letal».

Latorre se pregunta «hasta qué punto está enferma» la sociedad española, para que se plantee «no solo normalizar, sino proteger como un derecho la muerte dolorosa y cruel de un ser humano no nacido». Para la presidenta, el nasciturus es «lo más inocente y frágil de nuestra especia, un tesoro único». De ahí, que tilde de «terrible» el anuncio realizado por el Gobierno. Por último, llama a «plantar cara» a la «cultura de la muerte» y recuerda que mientras hablamos sobre cómo será la reforma constitucional «a diario son sacrificados nuestros hijos en aras de una mal entendida libertad y de los más sucios y pingües negocios».