Expertos en bioética: la eutanasia será «un instrumento de presión frente a los más débiles»

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La Asociación Española de Bioética ha denunciado que «el deseo de renunciar a la protección jurídica de la propia vida no puede ser universalizado y convertido en un derecho» porque implicaría «consecuencias negativas para el bien común» como un menor respeto a la vida de los más vulnerables. Las entidades expertas en cuidados paliativos SECPAL y AECPAL también han lamentado que se atienda el sufrimiento de quienes «prefieren dar por finalizada su vida» mientras se «obvia el de aquellos ciudadanos que piden vivir de forma digna esta etapa con el mayor apoyo posible»

La proposición de ley presentada por el PSOE para legalizar la eutanasia en España es «injusta, insolidaria y favorecedora de la desigualdad social», denunció el miércoles la Asociación Española de Bioética y Ética Médica (AEBI). Ofrecer a las personas que sufren enfermedades graves, crónicas o invalidantes, y no necesariamente cercanas a la muerte, la posibilidad de pedir que las maten «se convierte en un instrumento de presión frente a los más débiles y vulnerables», asegura esta entidad en un comunicado.

Esta presión es «aún más grave» en un contexto en el que los ciudadanos no cuentan con «todos los medios sanitarios y sociales» adecuados para vivir con dignidad el final de su vida. El texto alude a la insuficiente implementación de los cuidados paliativos (en 2017 77.700 enfermos que los necesitaban murieron sin recibirlos). En otras ocasiones, sin embargo, los expertos han añadido a estas carencias los retrasos para acceder a las ayudas a la dependencia, que a finales del año pasado tenía una lista de espera de 260.000 personas.

Trascendiendo esta realidad, los expertos en bioética recuerdan una cuestión más de fondo: «La misión de los profesionales sanitarios es promocionar y respetar la vida humana, no decidir o ejecutar la muerte». Incluso si una persona solicita o presta su consentimiento a su propia eliminación, «ningún ciudadano puede cooperar» a ella o ejecutarla. La AEBI justifica esta afirmación basándose en que «el deseo de renunciar a la protección jurídica de la propia vida no puede ser universalizado y convertido en un derecho».

Riesgo de abusos

«Una situación concreta, por muy dramática que sea –subrayan los expertos, del ámbito sanitario, filosófico y jurídico entre otros– no puede elevarse como norma». Esto implicaría «consecuencias negativas para el bien común»; por ejemplo, el «debilitamiento de la actitud de respeto a la vida de los más débiles». Por otro lado, el comunicado denuncia que los casos particulares y extremos que se presentan para justificar la legalización «no representan la situación más frecuente de los enfermos al final de la vida».

Además de los problemas bioéticos que supone en sí misma la legitimación de la eutanasia, existe el riesgo de dejar a muchos ciudadanos «expuestos a abusos, a pesar de las medidas preventivas que se tomaran en una regulación legal. La sola muerte de una persona» que no se incluyera en los supuestos despenalizadores «la haría injusta».

Los miembros de la junta de AEBI, autores del comunicado, dan por supuesto que este proceso terminará teniendo lugar. Así ha ocurrido en los países donde se ha introducido la eutanasia. A pesar de presentarse «bajo la excepcionalidad de aplicarla en casos extremos de sufrimiento insoportable, esta produce una insensibilización paulatina de los médicos, terminando por aplicarla en otros casos».

Por todo ello, la entidad recuerda que la Asociación Médica Mundial se opone tanto a la eutanasia como al suicidio asistido, como contrarios a la ética. Este rechazo se reafirmó hace apenas unos meses, en octubre pasado, en el marco de su 70ª Asamblea General.

Imitar a nuestro entorno… en paliativos

También la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL) y la Asociación Española de Enfermería en Cuidados Paliativos (AECPAL) ha querido hacer oír su voz sobre esta cuestión. Manifestando desde el primer momento el «total respeto y comprensión hacia las diferentes sensibilidades», estas entidades reconocen que el proyecto de ley de eutanasia recoge una creciente «sensibilidad hacia el sufrimiento que afrontan miles de personas y sus familias cada año».

Sin embargo, mientras se atiende el sufrimiento de quienes «prefieren dar por finalizada su vida», se «obvia el de aquellos ciudadanos que piden vivir de forma digna esta etapa con el mayor apoyo posible» para paliarlo. «No existirá nunca el libre derecho a decidir ni se dignificará el proceso de morir mientras las personas que sufren al final de su vida no tengan sobre la mesa todas las opciones posibles»; incluidos los cuidados paliativos, que ya son «un derecho, pero no una realidad en nuestro país».

SECPAL y AECPAL lamentan que, mientras el Gobierno quiere seguir el ejemplo de los pocos países de nuestro entorno que cuentan con leyes de eutanasia, no se haga lo mismo con los cuidados paliativos. «En casi la totalidad» de nuestros vecinos existe legislación para garantizar una atención de calidad en este ámbito, incluyendo formación de los profesionales, una acreditación específica, creación de recursos, además de permisos laborales para los familiares y leyes de ayuda a la dependencia. Son esas leyes las que muestran «la preocupación de sociedades modernas y progresistas ante el sufrimiento de sus conciudadanos más vulnerables».

Tanto estas dos entidades como AEBI subrayan su disponibilidad para colaborar con el Gobierno para defender de forma real la dignidad de las personas en el proceso de la propia muerte. De hecho, Ciudadanos consultó a SECPAL y a la OMC antes de presentar, en marzo de 2017, su Ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona ante el proceso final de su vida. La ley, que gozaba de un amplio consenso, no llegó a aprobarse, y en la actual legislatura parece haber perdido prioridad respecto a la aprobación de la eutanasia.

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