Eliminar la pobreza en España costaría menos de lo que se malgasta

Un informe de la Fundación Ramón Areces y del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) estima que acabar con la situación de riesgo de pobreza costaría unos 24.000 millones de euros anuales, lo que supone un 1,8 % del PIB del país para eliminar la pobreza en España.  

La monografía Análisis de la exclusión social y económica en España y sus territorios, publicada la semana pasada, señala también que eliminar el riesgo de exclusión tendría un coste mucho más reducido, alrededor de 8.800 millones de euros anuales, lo que representa un 0,7 % del PIB.  

Los datos contrastan con el reciente incremento del gasto nacional en materia de defensa, por el que España ha superado este año el 2 % de su PIB, triplicando la inversión de hace una década y situándose entre los mayores incrementos mundiales. Asimismo, el Círculo de Empresarios advirtió en 2023 sobre ineficiencias en el gasto público que alcanzaban 49.000 millones de euros. Junto a ello, un informe de la Asociación de Geógrafos Españoles señaló hace dos años más de 81.000 millones de euros comprometidos en infraestructuras «innecesarias, abandonadas o mal programadas». Y hace apenas tres años, Instituto de Estudios Económicos (IEE) calculaba que España podría reducir su gasto público en un 14 % reduciendo gastos no necesarios. 

Diferencias autonómicas 

El informe de la Fundación Ramón Areces y del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) identifica asimismo que el porcentaje de la población española en riesgo de pobreza se ha reducido un 12 % entre 2015 y 2025. Y el porcentaje de personas que sufren pobreza extrema o exclusión ha caído un 28 % en ese mismo periodo. 

Sin embargo, en términos de PIB, la situación es muy variada según las autonomías. Si a nivel nacional habría que destinar un 1,8 % a este objetivo, en Andalucía se requeriría un 3,9 % mientras que en el País Vasco bastaría con destinar el 0,6 %. Madrid es la segunda comunidad autónoma que menos recursos necesitaría emplear como solución a este problema: tan solo el 0,8 % de su PIB. 

Los grupos más afectados 

«Aunque la evolución de la precariedad en España durante el periodo analizado refleja avances significativos en reducción de la pobreza y exclusión, hay grandes diferencias regionales y entre grupos de población», señala la nota que acompaña el informe. En particular, «las mujeres, los jóvenes y los trabajadores con empleo temporal o de baja remuneración siguen registrando elevados niveles de riesgo de exclusión». 

Por ello, «es necesario reforzar los instrumentos de protección social y mejorar los mecanismos de acceso a los mismos, garantizando una coordinación más eficiente entre los diferentes niveles de administraciones públicas», concluye la nota.