Denuncian que una red orquestó 800 acusaciones de blasfemia

Denuncian que una red orquestó 800 acusaciones de blasfemia en Pakistán

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (NCHR) constató en un informe en octubre una elevada actividad para engañar a jóvenes a través de internet. Sus familias han comparecido públicamente para exigir justicia

María Martínez López
Cristianos protestan por el uso de la ley antiblasfemia para acusarlos en agosto de 2023
Cristianos protestan por el uso de la ley antiblasfemia para acusarlos en agosto de 2023. Foto: CNS.

Familias de pakistaníes acusados de blasfemia han denunciado públicamente la existencia de una red criminal que se dedica a organizar falsas acusaciones de blasfemia y a pedir justicia para sus parientes. La Agencia Fides se hace eco de esta información, proporcionada por el abogado católico Khalil Tahir Sandhu, que asegura que ya se han visto afectadas 450 víctimas inocentes. Sin embargo, podrían ser casi el doble.

La existencia de este fenómeno fue confirmado en octubre por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (NCHR). En un informe elaborado entre el mismo mes de 2023 y de 2024, se detectó «una tendencia preocupante: un aumento brusco de los registros de casos de blasfemia, la mayoría de los cuales se inició por la Unidad de Cibercrimen de la Agencia Federal de Investigación, con frecuencia en colaboración con una entidad privada».

El informe recogía un patrón común: «Presuntamente se estaba poniendo a hombres jóvenes en el punto de mira de tácticas para hacerlos caer en una trampa». Se utilizaban perfiles femeninos en páginas web pornográficas para «seducirlos para cometer acciones blasfemas online». Por ejemplo, explica Fides, se les enviaba una imagen blasfema y cuando pedían explicaciones la chica fingía ignorar de qué se trataba y pedía que se la reenviaran. A continuación se los denunciaba y eran detenidos; muchas veces, por personas no pertenecientes a las fuerzas de seguridad. Este fenómeno implicaba «a casi 800 jóvenes ciudadanos», aseguraba el informe.

Durante todo el proceso «se ignoraban de forma notable» sus derechos, con violaciones procesales a distintos niveles. Incluso hubo denuncias de tortura. «Sus declaraciones escritas solían conseguirse bajo coacción» y se obstaculizaba que recibieran asesoramiento legal. Por otro lado, «había una ausencia pronunciada de análisis forenses de sus dispositivos». La organización se mostraba «profundamente preocupada» por este caso y por la inacción de las autoridades a pesar de sus repetidas peticiones durante un año.

«Si no se frena esta práctica, el poder judicial quedará manchado para siempre», afirma en declaraciones a Fides el abogado Sardar Mushtaq Gill, fundador de la ONG LEAD (Legal Evangelical Association Development). «Es urgente formar una comisión de investigación imparcial para desmantelar esta conspiración».