Cáritas sigue creando empleo en medio de 6,2 millones de parados

Cáritas Española presentó su Memoria de Empleo 2012 el mismo día que se hacían públicos los últimos datos de la Encuesta de Población Activa –EPA–, que manifestaban que ya hay en España 6,2 millones de desempleados y más de dos millones de personas en paro de larga duración.

La institución, que a través de sus servicios de empleo atendió a 81.613 personas –de las cuales, 13.318 lograron acceder a un puesto de trabajo–, ha solicitado una corresponsabilidad ética como respuesta a la situación de crisis en el empleo: «La respuesta no va a venir de la mano de medidas prioritariamente técnicas –aseguran en el texto–, sino de decisiones fundamentalmente éticas» en los ámbitos tanto políticos como económicos, sociales y personales.

Así, la Memoria pide una serie de soluciones, recogidas de las demandas de los miles de usuarios que, a diario, pasan por los despachos de Cáritas. La principal, dirigida a los responsables públicos y políticos, es que les ayuden «a encontrar trabajo y no dejen en manos exclusivamente del mercado la respuesta a la situación de desempleo». Eso, sin contar con la exigencia de «honradez y transparencia en la gestión de lo público», y de que «el gasto público sea austero y eficiente para que, a la hora de recortar, no empiecen por los servicios básicos de los ciudadanos». Los usuarios de Cáritas también piden a los trabajadores en activo que se les tenga en cuenta, con medidas como que «aquellos que tengan dos puestos de trabajo, dejen uno para que un desempleado pueda ocuparlo».

El informe, además, hace un riguroso estudio del perfil de los usuarios de los servicios de empleo de Cáritas, que vuelve a ser el de una mujer –un 67 % del total, frente al 33 % de hombres–, entre 36 y 45 años. Lo más llamativo es que se ha incrementado el nivel formativo de los participantes con Bachillerato, FP o estudios universitarios, hasta llegar a un 28 %. En cuanto a la procedencia, prácticamente se han equiparado las personas españolas con las de origen inmigrante –un 48 %, frente a un 52 %–.