Al servicio de todos

A la hora de ejercer el derecho-deber al voto -recordaban los obispos de la Provincia Eclesiástica de Madrid, ante las elecciones del próximo 22 de mayo-, «los católicos han de actuar según los criterios de una conciencia bien formada en los principios de la recta razón y del magisterio de la Iglesia», de modo que puedan elegir aquella opción que, «según el propio criterio, se conforma mejor a las exigencias del bien común», y señalan, a continuación, los principios básicos del derecho a la vida, el derecho a la libertad religiosa, el reconocimiento del matrimonio y la familia, el derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo con sus convicciones y la promoción de un orden económico justo. La Iglesia nunca ha dejado de proyectar esta luz de la fe y de la razón sobre la vida concreta de los hombres, a la que especialmente afectan las elecciones locales y autonómicas. Tan es así, que no pueden tener mayor actualidad estas palabras, hace nada menos ya que casi 40 años, de los obispos españoles en su Declaración La Iglesia y la comunidad política, de 1973:

«La Iglesia no impone un determinado modelo de sociedad. La fe cristiana no debe ser confundida con ninguna ideología. Pero el cristiano que quiera vivir su fe en una acción política concebida como servicio, no puede adherirse, sin contradecirse a sí mismo, a sistemas ideológicos que se oponen radicalmente o en puntos esenciales a su fe y a su concepción del hombre… Dado que ningún sistema social o político puede agotar toda la riqueza del espíritu evangélico, es necesario que exista en la comunidad política espacio suficiente para que sus miembros puedan asumir de manera eficaz esta pluralidad de compromisos individuales y colectivos». Y añaden los obispos: «Una efectiva pluralidad de opciones es parte integrante del bien común, el cual es norma de la acción de los hombres en el servicio a la sociedad y la razón de ser y el criterio de delimitación del ejercicio de la autoridad política».

Se trata, ciertamente, del bien común, tan a menudo suplantado en el lenguaje de los políticos por el interés general. Cambiar el bien por el interés lo dice todo. En su encíclica Caritas in veritate, conmemorando el cuarenta aniversario de la Populorum progressio, de Pablo VI, Benedicto XVI dice claramente que «hay que tener en gran consideración el bien común», y que desearlo «y esforzarse por él es exigencia de justicia y caridad. Trabajar por el bien común es cuidar, por un lado, y utilizar, por otro, ese conjunto de instituciones que estructuran jurídica, civil, política y culturalmente la vida social, que se configura así como pólis, como ciudad. Se ama al prójimo tanto más eficazmente, cuanto más se trabaja por un bien común que responda también a sus necesidades reales. El compromiso por el bien común, cuando está inspirado por la caridad, tiene una valencia superior al compromiso meramente secular y político». ¡Qué importante es esta indicación del Papa para cuantos han de servir en los Ayuntamientos y en las Comunidades Autónomas! ¡Pero no lo es menos para todos los ciudadanos! Lejos de ser extraña a la política, la vida que nace de la fe cristiana es su mejor garantía para serlo en el más noble sentido de la palabra.

No es posible, en verdad, hablar de bien común, de auténtico desarrollo humano, sin esta carga moral en toda actividad política. Ya en el 20 aniversario de la encíclica de Pablo VI, en la Sollicitudo rei socialis, de 1987, el Bienaventurado Juan Pablo II lo advertía, y hoy su advertencia, sin duda, se hace más necesaria aún que entonces: «A la luz del carácter esencial moral, propio del desarrollo, hay que considerar también los obstáculos que se oponen a él. Si durante los años transcurridos desde la publicación de la Populorum progressio no se ha dado este desarrollo -o se ha dado de manera escasa, irregular, cuando no contradictoria-, las razones no pueden ser solamente económicas. Intervienen también motivaciones políticas. Y para superar los mecanismos perversos y sustituirlos con otros nuevos, más justos y conformes al bien común de la Humanidad, es necesaria una voluntad política eficaz. Por desgracia, hemos de concluir que aquella ha sido insuficiente. Pero un análisis limitado a las causas económicas y políticas sería incompleto. Es, pues, necesario individuar las causas de orden moral que, en el plano de la conducta de los hombres, considerados como personas responsables, ponen un freno al desarrollo e impiden su realización plena. La superación de estos obstáculos sólo se obtendrá gracias a decisiones esencialmente morales, las cuales para los creyentes y especialmente los cristianos, se inspirarán en los principios de la fe, con la ayuda de la gracia divina».

Sólo al servicio de las personas se hace digna la política, y para que tal servicio no se quede en meras palabras hace falta, en efecto, en los gobernantes y en los ciudadanos todos, el día de las elecciones y todos los demás días, ese amor al bien común que brota del corazón de cuantos creen de veras en Dios, y en definitiva de todo hombre de buena voluntad.