El presidente de la CEE responde a quienes cuestionan el acuerdo con el Gobierno frente a los abusos

El presidente de la Conferencia Episcopal Española ha dedicado la última parte de su discurso —que ha concluido reflexionando sobre las líneas pastorales de la CEE para el cuatrienio 20226-2030— hablando sin pelos en la lengua acerca de las relaciones Iglesia-Estado y del actual Gobierno de España. Por ejemplo, Luis Argüello ha denunciado que el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez «manifiesta un deseo desmedido de intervenir en la sociedad civil y de controlar las instituciones que aseguran la división de poderes en lo político y la libre concurrencia en lo económico, además de una doble vara de medir, según a quién afecten los asuntos de abuso de poder o de corrupción».

Asimismo, a pesar de que «el Estado es aconfesional», el «Gobierno tiende a tomar posturas confesionales en materia antropológica, definiendo el comienzo y el final de la vida, la definición del matrimonio y de la familia, y el significado de la sexualidad humana con criterios de fe ideológica, al margen de la ciencia y de las experiencias humanas más elementales».

No obstante, el también arzobispo de Valladolid ha asegurado que «es de mínima honradez reconocer que varias de estas características valdrían para casi todos los gobiernos», y en otro orden de cosas ha destacado «la leal colaboración actual en la preparación de la visita del Papa».

Nuevas sanciones a clérigos

Durante su discurso, Argüello ha querido responder a todos los que se preguntan porqué la Iglesia ha llegado a un acuerdo con el Gobierno sobre la reparación integral de víctimas de abusos.

En su respuesta, el presidente del episcopado ha calificado los abusos cometidos «por personas consagradas a Dios» de «enorme gravedad», y ha añadido: «rompen una confianza sagrada y hieren la fe de los pequeños. Es un escándalo gravísimo ante el que es preciso cualquier exceso en el reconocimiento de una obligación espiritual y moral, aunque los delitos hayan prescrito o el victimario haya fallecido».

Por eso, «la Iglesia ha querido dar un paso más en el compromiso de situar a las víctimas en el centro». Una camino, sin embargo, que no se detiene aquí. De hecho, «en esta misma Asamblea seguiremos impulsando todo este camino y someteremos a discusión, y posible aprobación, un decreto general sobre sanciones a clérigos causantes de delitos, además de lo que los posibles procedimientos penales pudieran establecer».

Preocupación por las maniobras del Gobierno

A pesar de todo, Luis Argüello sí ha reconocido que al episcopado le preocupa las declaraciones del Gobierno en las que no reconoce las reparaciones ya realizadas o en las que insiste que todo comienza ahora, así como las que reducen la reparación a una mera indemnización económica.

«El ministro de Justicia ha llegado a decir: “el Gobierno decide y la Iglesia paga”. La Iglesia, en la persona de muchos responsables institucionales, ha escuchado y acogido a las víctimas, ha puesto en marcha caminos de reparación, de justicia restaurativa, y ha indemnizado, en muchos casos, sin necesidad de que ningún gobierno ni sentencia se lo haya impuesto», ha aclarado.

Acuerdo razonable

Por último, ha aprovechado su discurso para «desde aquí invitar al Gobierno y a los monjes de la abadía del Valle de Cuelgamuros a alcanzar un acuerdo razonable y satisfactorio para ambas partes que, además, sea un testimonio de que es posible superar la polarización y encontrar vías de encuentro».