Los católicos, en el centro de la campaña de EE. UU.

El domingo, varias decenas de católicos organizaron una pequeña manifestación en Filadelfia en apoyo al presidente Donald Trump tras su hospitalización por COVID-19. Al mismo tiempo, un anuncio de la campaña del candidato demócrata, Joe Biden, le muestra citando al Papa san Juan Pablo II. Es apenas una muestra de un estilo de atraer a los votantes chocante en Europa, pero que hace que en Estados Unidos no sorprenda encontrar iniciativas como Católicos por Trump, Católicos por Biden y las Monjas en Bus, que recorren virtualmente el país a favor de este último.

En la campaña para las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, el catolicismo está siendo aún más protagonista. Biden, vicepresidente con Obama, es católico y habla abiertamente de su fe. El ingrediente católico en la campaña de Trump, en cambio, no es un político. Amy Coney Barrett, madre de siete hijos (dos de ellos adoptados) es la magistrada que ha elegido el presidente para sustituir en el Tribunal Supremo a la progresista Ruth Bader Ginsburg, recientemente fallecida. A pesar de la polémica por tratarse de un cargo vitalicio asignado en las postrimerías del mandato (en 2016 los republicanos impidieron un nombramiento similar de Obama), si el Senado, de mayoría republicana, la aprueba, Barret se convertiría en la tercera magistrada del Supremo elegida por Trump.

¿Qué vida?

Esto reforzaría la mayoría conservadora en el alto tribunal en seis a tres, y con ello las posibilidades de lograr sentencias favorables a la vida de los no nacidos. Como principio innegociable la lucha contra el aborto es, en efecto, la principal baza que juega Trump para atraer a los católicos. Desde el lado demócrata, sin embargo, apuntan a las migraciones, la sanidad o el racismo como ámbitos en los que las decisiones republicanas también pueden acabar con la vida o vulnerar los derechos de los más desfavorecidos.

Otra invitada de lujo en la campaña, a su pesar, ha sido la Santa Sede. El 18 de septiembre, el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, publicó en la revista católica digital First Things un artículo en el que criticaba la decisión del Vaticano de renovar su acuerdo provisional con China para el nombramiento de obispos. Hacerlo «pondría en peligro la autoridad moral de la Santa Sede». La semana pasada insistió en esta idea durante una jornada sobre libertad religiosa en la embajada de su país en Roma, a la que también estaba invitado su homólogo vaticano, el cardenal Pietro Parolin. «Si lo que se quiere es conseguir la simpatía de los electores, creo que no es la forma más adecuada para hacerlo, porque esta cuestión no tiene nada que ver con los votantes estadounidenses», le respondió el número dos del Papa que, sin embargo, solo un día después se reunió con Pompeo en un encuentro «cordial». No así el Papa, por su rechazo a dejarse ver con políticos en campaña.

Soluciones integrales

También la Iglesia estadounidense es prudente. Dos organismos distintos de la Conferencia Episcopal, su Comité de Actividades Provida y la iniciativa Justicia para los Migrantes, han rechazado la invitación de Alfa y Omega a valorar los programas electorales de los candidatos. Ambas entidades, sin embargo, están ahora mismo implicadas en otras campañas con una perspectiva más amplia que la de las urnas. Justicia para los Inmigrantes celebró hace pocos días su 15º aniversario. Nacida durante la Administración Bush, su objetivo era unir y movilizar a todo tipo de instituciones católicas a favor de una reforma migratoria integral que respete los «principios de dignidad humana, unidad de las familias y compasión», enumera su responsable, Tony Cube. Sus logros en este sentido, bajo gobiernos de ambos colores, son escasos. Además, durante el último mandato han entrado a su lista de prioridades «nuevos desafíos» como el reasentamiento de refugiados o los mayores obstáculos para pedir asilo.

Mucho más reciente es el Año de Servicio Caminar con las Mamás Necesitadas, puesto en marcha el 25 de marzo con motivo del cuarto de siglo de la encíclica Evangelium vitae. Con este proyecto, la Conferencia Episcopal quiere que todas las mujeres con dificultades en su embarazo o para sacar adelante a sus hijos «sepan que la Iglesia es un lugar donde pueden encontrar ayuda», comparte Kat Talalas, directora adjunta de Comunicación Provida del episcopado.

Para lograrlo, primero hay que conseguir que los propios católicos conozcan los proyectos provida de su entorno (incluidos, pero no solo, los centros de ayuda y hogares para madres de sus diócesis), colaboren con ellos, los den a conocer, identifiquen necesidades sin cubrir y se pongan en marcha. A pesar de la pandemia, un tercio de las 197 diócesis estadounidenses se ha implicado, y muchas están ya haciendo el inventario, «virtualmente o en exteriores y con distancia», cuenta Talalas. Otras esperan. «El calendario es flexible». Y esta campaña no acaba el 3 de noviembre.

Solo contra el aborto

Las dos participaciones de Trump en la Marcha por la Vida son el símbolo de un mandato que ha supuesto bastantes avances contra el aborto. Uno fue la reforma de la Ley de Servicios de Planificación Familiar e Investigación de la Población, para no destinar fondos federales para la planificación familiar a entidades que practiquen abortos. También impidió que en centros de investigación federales se compre tejido de fetos abortados. En el ámbito internacional, reestableció y amplió la Política de Ciudad de México para no financiar ONG que promuevan el aborto en otros países, además de sumarse a los países que se oponen a que el aborto sea considerado un derecho.

Sin embargo, el presidente «ha interrumpido una larga tendencia a usar limitadamente la pena de muerte a nivel federal», critica Krisanne Vaillancourt Murphy, directora ejecutiva de la Catholic Mobilizing Network. En 17 años, el Gobierno no había ejecutado ninguna pena capital, y solo tres desde 1964. Desde que estas se retomaron en verano, se ha quitado la vida a siete personas. La propuesta de Biden de ponerle fin está mucho más en consonancia con los pasos dados desde 2003 por ocho estados para abolirla y otros tres para implantar moratorias. El abolicionismo gana terreno en ambos partidos y en la opinión pública, que en 25 años ha pasado de apoyarla en un 80 % al 54 %.

Una frontera de hierro

La propuesta de un nuevo récord de acoger solo a 15.000 refugiados en 2021 (la media histórica es de 95.000) y el aval del Tribunal Supremo a la cancelación del estatuto de protección temporal para 300.000 inmigrantes con permiso de residencia, son solo las últimas dos medidas contra las que la Iglesia ha alzado la voz. Pero todo el mandato de Trump ha estado marcado por decisiones (varias paralizadas en los tribunales) para restringir al máximo la inmigración. Para Tony Cube, responsable del programa Justicia para los Inmigrantes, «lo más preocupante ha sido la separación de familias» en la frontera con México en 2018, sustituida luego por su detención conjunta y, desde 2019, por la «problemática» política Permanecer en México, que obliga a miles de solicitantes de asilo a esperar en el lado sur de la frontera mientras se valora su petición.

Biden ha prometido desmantelar toda la política migratoria de Trump. Pretende además promover una reforma migratoria que, al tiempo que proteja la frontera, financie un programa de desarrollo en Centroamérica. Combatir las causas de la migración es –recuerda Cube– una de las prioridades de la Iglesia, que ni republicanos ni demócratas han acogido en 15 años, junto con la creación de una vía para obtener la ciudadanía y de programas de entrada legal en el país para trabajadores necesarios.

Paz, caos… y un avance

Trump llegó a la Casa Blanca con la promesa de centrarse en lo interior y no involucrarse en guerras como la de Irak, que consideraba «un desastre». Esto y la ausencia de una gran crisis lo han convertido en el primer presidente en 40 años en no iniciar una guerra en su primer mandato. A cambio, ha sido «caótico e imprevisible», y abusa de la «retórica» para luego plegar velas, explica Carlota García Encina, investigadora principal de EE. UU. y Relaciones Transatlánticas del Real Instituto Elcano.

Termina el mandato con un logro, el establecimiento de relaciones diplomáticas entre Israel, Emiratos Árabes Unidos y Baréin. «En una zona tan complicada siempre es una buena noticia que haya cierto entendimiento; aunque es reciente y hay que ver cómo se refleja». No parece que vaya a influir mucho en el conflicto con los palestinos, que han quedado «al margen». Pero el gran reto exterior ha sido la escalada de la «competición geoestratégica» con China. No es una guerra fría, aclara García Encina, pero implica las relaciones comerciales, el liderazgo tecnológico «y, en general, todo».

¿Qué cambiaría con Biden? «No vamos a volver a un papel internacional» como antes de 2016. La pandemia y el cansancio yanqui con las guerras externas lo harían imposible. «Pero con él puede ser más fácil comunicarse y tendrá unas ideas más claras».

Poder ir al médico

Los estragos de la COVID-19 en Estados Unidos (con 7,6 millones de casos, un 26,8 % más por millón de habitantes que España) ha terminado de poner en entredicho la gestión sanitaria de Trump. Una semana después de las elecciones, el Supremo escuchará el caso del Estado de Texas contra la reforma sanitaria de Obama. La Casa Blanca, que no logró derogarla, ha apoyado esta demanda, que puede dejar a 20 millones de personas sin cobertura y a otros 150 millones, con dolencias preexistentes, desprotegidas ante las limitaciones de los seguros. Frente a sus intentos de recortar Medicare y Medicaid (los programas de atención sanitaria para mayores, personas con discapacidad o de bajos ingresos), Biden propone ampliar Obamacare y dar a elegir entre seguros privados y un nuevo programa público. El ganador tendrá también que abordar el precio de los medicamentos, pues muchos, por ejemplo, no pueden permitirse la insulina.

Violencia en las calles

En una de las administraciones más convulsas por la cuestión del racismo y la violencia policial, el Departamento de Justicia ha reducido enormemente sus actuaciones sobre casos de discriminación y la investigación a las Fuerzas de Seguridad por actuaciones sesgadas. Los defensores de Trump responden citando la suavización de condena a 4.700 presos, mayoritariamente negros, y los programas de crédito para negocios en manos de minorías. Biden ofrece un plan de ayudas similares pero también otro de vivienda digna y de acceso gratuito a las universidades públicas que ayudaría sobre todo a familias de color. En cuanto al control de armas, la trayectoria de Trump mezcla medidas restrictivas y permisivas. Biden propone un control universal de antecedentes antes de comprarlas y restringir el mercado de armas semiautomáticas.