ACNUR y Save the Children denuncian la política antiinmigración de Trump

La reforma aprobada por el Gobierno de Estados Unidos para devolver a solicitantes de asilo a sus países en Centroamérica implica trasladarlos a lugares «donde su vida podría correr peligro». Lo mismo ocurre con la política de Permanecer en México, que obliga a 70.000 personas, entre ellas 13.000 niños, a esperar durante meses en las peligrosas ciudades de la frontera, muchas veces viviendo al raso

Alfa y Omega
Foto: CNS

La reforma aprobada por el Gobierno de Estados Unidos para devolver a solicitantes de asilo a sus países en Centroamérica implica trasladarlos a lugares «donde su vida podría correr peligro». Lo mismo ocurre con la política de Permanecer en México, que obliga a 70.000 personas, entre ellas 13.000 niños, a esperar durante meses en las peligrosas ciudades de la frontera, muchas veces viviendo al raso

El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) ha criticado como «contraria al derecho internacional» la nueva reforma que abriría la puerta a la expulsión de solicitantes de asilo desde Estados Unidos a países con los que haya firmado acuerdos, por entender que implicaría el traslado de personas «vulnerables» a lugares «donde su vida podría correr peligro».

El Gobierno de Donald Trump, que ha establecido entre sus prioridades la reducción del número de inmigrantes llegados a Estados Unidos, ha introducido una serie de cambios para poder deportar a solicitantes de asilo a otros países con los que previamente haya firmado algún tipo de compromiso.

Dudas sobre la implementación

Estados Unidos ya dispone de un acuerdo bilateral con Canadá y en los últimos meses se han concretado otros similares con Guatemala, El Salvador y Honduras. ACNUR ha lamentado haber quedado al margen de las negociaciones de dichos acuerdos. Y ha asegurado que está en diálogo con los gobiernos implicados para «hacerles llegar nuestras preocupaciones y tratar de conocer mejor sus planes de implementación».

«Hemos trabajado durante años en Centroamérica para apoyar los trabajos de los gobiernos para responder al mayor número de desplazamientos forzados, reforzar los aún jóvenes sistemas de asilo y promover respuestas prácticas y humanas coordinadas a nivel regional», explicó la agencia de la ONU en un comunicado.

Pese a no ser «parte» de los acuerdos, ACNUR ha avanzado que seguirá cumpliendo sus «responsabilidades» para «promover el acceso a la protección internacional y soluciones para individuos que lo necesitan, estén donde estén».

400 bebés en la calle

También Save the Children ha alzado su voz esta semana para criticar la política migratoria del Gobierno estadounidense. En el marco del Día Internacional de los Derechos del Niño, que se celebró el miércoles, la ONG ha denunciado que la política conocida popularmente como Permanecer en México «está poniendo a niños, niñas y familias en riesgo, limitando su acceso a sistemas de protección y aumentando peligrosamente el riesgo de ver violados sus derechos».

Los Protocolos de Protección de Migrantes, nombre oficial de la política, decretan que los solicitantes de asilo que lleguen a la frontera sur de Estados Unidos deberán esperar en territorio mexicano hasta que llegue la fecha en que su solicitud sea valorada por las autoridades.

Desde el 25 de enero de este año, cuando se implementaron los Protocolos, el Gobierno de Estados Unidos se ha escudado en ellos para devolver a 70.000 solicitantes de asilo y migrantes a México; entre ellos, unos 13.000 niños y 400 bebés.

Devueltos a las ciudades más peligrosas

Durante los meses que estas familias esperan en México, «múltiples informes muestran que se ven obligados a vivir en las calles, donde han sido víctimas de asaltos, violaciones y secuestros». Entre los seis puntos a los que son devueltos los migrantes, dos están entre las ciudades más peligrosas del mundo: Tijuana, que según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal fue la más peligrosa en 2018 (138 homicidios por 100.000 habitantes) y Ciudad Juárez (quinto puesto, con 86 homicidios).

Esto contradice el derecho internacional, que estipula que «los niños, niñas y sus familias no deben ser devueltos a países donde puedan enfrentar violencia o persecución».

La carga de la incertidumbre

A esto se añade que esta práctica afecta a la salud física y emocional de los niños. «La incertidumbre de no saber qué sucederá desencadena el estrés tóxico que podría provocar daños permanentes en su salud mental», alerta María Josefina Menéndez, directora ejecutiva de Save the Children en México. «Muchos de estos niños y niñas muestran retraimiento y aislamiento».

En las condiciones actuales, algunos niños, niñas y familias se ven obligados a solicitar ayuda para regresar a sus países, a pesar de los peligros que les esperan. Otros intentan cruzar por partes más remotas y peligrosas de la frontera, y algunos deciden buscar asilo en México, aunque las condiciones de seguridad no están garantizadas.

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