La Iglesia en Estados Unidos, contra la deportación de residentes legales

La Iglesia en Estados Unidos criticó el martes que un tribunal de apelaciones diera luz verde a la abolición del estatus de protección temporal por razones humanitarias de unos 300.000 inmigrantes que viven legalmente en el país. Si la medida se implementa, pasarán a la ilegalidad y tendrán que abandonarlo o arriesgarse a ser deportados. «Sus vidas se pondrán cabeza abajo», lamentó la Conferencia Episcopal Estadounidense en un comunicado.

La decisión «sigue adelante un camino desgarrador de incertidumbre y miedo» para cientos de miles de inmigrantes, a los que se obliga «sin necesidad a ponerse en movimiento», afirma el texto, firmado por monseñor José H. Gómez, presidente de la Conferencia Episcopal Estadounidense; monseñor Mario E. Dorsonville, presidente del Comité Episcopal de Migraciones, y monseñor Sean Callahan, presidente de Catholic Relief Services, equivalente de Caritas. Las personas afectadas deberán regresar a lugares que «no pueden manejar de forma adecuada su regreso», especialmente en medio de la pandemia de COVID-19.

El drama de los niños ciudadanos

Con dos votos a favor y uno en contra, el veredicto de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos anuló una orden judicial que suspendía cautelarmente la decisión de la administración Trump de abolir esta medida humanitaria, en vigor desde hace más de 30 años, para los inmigrantes de El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán. Según el Gobierno estadounidense, estos países ya son seguros y se puede regresar a ellos.

«Nuestra nación no debe dar la espalda» a los beneficiarios de esta norma, pues también ellos «son hijos de Dios». Se trata de personas que «han estado viviendo y trabajando legalmente en Estados Unidos» durante años. La decisión, además, puede suponer la separación de miles de familias, pues los hijos de estas personas son ciudadanos. En el país hay, por ejemplo, 192.000 niños estadounidenses hijos de padres salvadoreños beneficiarios de esta medida. En total, son 275.000 los menores en situaciones similares.

Países a los que no se puede volver

El estatus de protección temporal (TPS por sus siglas en inglés) fue creado por la Ley de Inmigración de 1990 para proteger a los extranjeros procedentes de países que se habían vuelto inseguros por conflictos armados, catástrofes ambientales u otras circunstancias extraordinarias. La medida no permite acceder a la ciudadanía, pero sí otorga permiso de residencia y trabajo. Los países de origen para los que se otorga este estatus pueden ser designados como tales por un mínimo de seis y un máximo de 18 meses, renovables.

Tras la decisión del martes, cuatro países siguen en la lista que permite a sus ciudadanos acogerse a protección: Sudán del Sur, Siria, Yemen y Somalia. Sin embargo, la mayoría de inmigrantes protegidos proceden de países para los que se ha cancelado: El Salvador (195.000 personas), Honduras (57.000) y Haití (46.000). Los titulares del estatus de protección podrán mantenerlo, en algunos casos, hasta febrero de 2021, mientras que los que procedan de El Salvador podrán extenderlo hasta noviembre del año que viene.

Una salida legislativa

Con todo, puede haber salida para ellos. El comunicado de la Iglesia exhorta al Senado a sacar adelante la Ley del Sueño Americano y la Promesa, aprobada el año pasado por el Congreso y que permitiría una vía legal para que los exbeneficiarios del estatus de protección temporal pudieran obtener un permiso de residencia. «Estamos listos para apoyar los esfuerzos» en este sentido. El poder legislativo «debe actuar para asegurar que las consecuencias humanas catastróficas» de la medida del Ejecutivo no lleguen a producirse.

La magistrada Consuelo M. Callahan, que ha votado a favor de permitir las deportaciones, ha señalado que la ley federal no permite al poder judicial cuestionar las decisiones del Departamento de Seguridad Nacional sobre qué países pueden recibir el estatus de protección. El voto en contra procedía de la magistrada Morgan Christen, que consideró que las acciones del Ejecutivo estadounidense suponen «un cambio abrupto y sin explicación» motivado por prejuicios raciales y étnicos.

Flexibilidad en los albergues

Por otro lado, los obispos del país también se han pronunciado sobre la propuesta hecha por el Gobierno para modificar la normativa del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD por sus siglas en inglés) en lo que respecta a los alojamientos de emergencia, como albergues para personas sin techo. En 2016, el HUD exigió a estos centros que admitieran a los solicitantes de ayuda en función de su identidad de género.

Así, un varón que se identificara como mujer debía ser admitido en albergues femeninos. Esta regulación «planteaba problemas para la intimidad y la seguridad de los residentes» y suponía una carga para las entidades con ideario religioso, que suponen el 40 % de la oferta de camas disponibles en el país.

Transgénero, especialmente vulnerables

En la reforma propuesta, en cambio, se permite flexibilidad para que cada centro elija regularse con flexibilidad en función del sexo biológico o de la identidad de género, siempre que si una persona no es admitida se la derive a otro centro que pueda acogerla. En un comentario enviado al HUD, los obispos Paul Coakley, Thomas Wenski y David Kondera, presidentes respectivamente de las Comisiones Episcopales de Justicia Interna, Libertad Religiosa y Promoción y Defensa del Matrimonio, alaban que el cambio «impulsa el laudable objetivo de permitir que todo el mundo reciba el alojamiento que necesita». Con todo, critican que incluya la obligación de cumplir las leyes estatales y locales, sin contemplar la posibilidad de que estas sí obliguen a los centros a actuar en un sentido u en otro, obstaculizando la flexibilidad que consideran necesaria. «La vivienda es un derecho universal e inviolable para todos» y debe garantizarse sobre todo «a las personas más vulnerables», subraya el comentario. Y, entre ellas, reconoce, destacan las personas que se identifican como transgénero, que «viven el sinhogarismo en tasas desproporcionadamente altas». Por ello, los obispos se comprometen a seguir defendiendo el derecho de todos a un hogar y a esforzarse por «satisfacer las necesidades de todos los que llegan a nuestras puertas».