El Arzobispado de Zaragoza acusa al Ayuntamiento de querer «erosionar a la Iglesia» con la polémica de La Seo
El Arzobispado de Zaragoza acudió este miércoles al acto de conciliación sobre la titularidad de la Catedral de San Salvador, más conocida como La Seo, y otros templos, que había solicitado el ayuntamiento, que considera que las inmatriculaciones son nulas. Un acto en el que no se ha llegado a ningún acuerdo y tras el que el Arzobispado acusó al Consistorio, de Zaragoza en Común, de «falta de rigor legal» y de perseguir una finalidad «ideológica y propagandística, teniendo como fin erosionar la imagen de la Iglesia católica y, en concreto, de la archidiócesis de Zaragoza».
El día anterior, el 2 de mayo, el Arzobispado ya había presentado un recurso de reposición sobre el decreto por el que se convocaba a la conciliación, ya que había una incorrección. «Se hablaba de reconocer como bienes del ayuntamiento los inmuebles referidos y de revertirlos a él. Esto ni siquiera lo que el ayuntamiento solicitaba. Fue el primer punto del acto y se dio por corregido y aclarado por las partes y el letrado de la Administración de Justicia», explicó el director de Comunicación del Arzobispado, José Antonio Calvo.
Aclarado este punto, el abogado de la archidiócesis de Zaragoza expuso los motivos por los que no se había aceptado la conciliación. «Los bienes a los que se alude están registrados y el registro se realizó previa calificación del registrador; no se identifica la titularidad pública que se invoca; el ayuntamiento no justifica la legitimación para incoar este proceso; la solicitud carece de fundamento probatorio y se presenta sin fundamento jurídico; y, finalmente, a la solicitud no se le acompaña del informe previo del secretario municipal, un informe necesario para la defensa de los bienes del ayuntamiento».
Este conflicto comenzó a principios de abril cuando el ayuntamiento de la capital aragonesa decidió hacer suya uno de los objetivos del Movimiento Hacia un Estado Laico e interpuso una demanda para reclamar la titularidad de varios templos. Desde un primer momento, la sede episcopal hizo frente a estas acciones y dejó claro que las inmatriculaciones se hicieron «en estricto cumplimiento de la legalidad» y que tienen «argumentos jurídicos contundentes».