Gabilondo lleva al Congreso la situación de los 5.000 menores migrantes 

«La pobreza es la gran exclusión en España, y la reducción de la desigualdad ha de ser un objetivo prioritario para los poderes públicos», ha señalado este viernes el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados para presentar los informes de su institución correspondientes a 2022 y 2023.

En lo que se refiere a los asuntos migratorios, ha insistido en la necesidad de adaptar los centros de acogida temporal de extranjeros a las necesidades de mujeres y menores, «cuya llegada a las islas se ha incrementado notablemente en los últimos meses». El Defensor del Pueblo se ha centrado especialmente en la situación de los casi 5.000 niñas y niños no acompañados que se encuentran bajo tutela en el sistema de protección de menores, y ha valorado las iniciativas de acogida de varias comunidades autónomas hacia ellos. Asimismo, ha destacado las dificultades de los migrantes para acceder al sistema de protección internacional por la falta de citas, y ha denunciado que tras el salto a la valla de Melilla en junio de 2022 perdieron la vida al menos 23 personas.

Abusos a menores y salud mental

Junto a ello, en el ámbito sanitario, ha señalado «la saturación en la Atención Primaria, el incremento de los tiempos y las listas de espera para atención sanitaria especializada, y la insuficiencia de recursos específicos para una atención a la salud mental» en nuestro país. Junto a ello, en materia de educación ha alertado de que los umbrales de renta para acceder a servicios como el comedor escolar están generando «desigualdades hacia los estudiantes con condiciones socioeconómicas desfavorables».

En lo que respecta a política social, Ángel Gabilondo ha apuntado que en 2023 continuaron recibiéndose numerosas quejas relativas a la gestión de Ingreso Mínimo Vital, «una herramienta fundamental en la lucha contra la pobreza y la exclusión social» que sin embargo precisa de «cambios organizativos y legislativos que garanticen que la prestación llegue a todos los que la necesitan en términos de justicia social».

Por último, ha mencionado los trabajos realizados en el ámbito de los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica, cuyo resultado es un informe que está pendiente de ser debatido próximamente en el Congreso de los Diputados. Además, ha contado que tras la presentación del informe en el pasado mes de octubre, su oficina ha registrado 180 nuevos testimonios de víctimas, de los que ha considerado válidos 95. «Mañana hará seis meses y está pendiente de ser debatido en el Pleno. No hace falta que diga nuestra disposición. Nuestra voluntad es que se haga ese debate», ha asegurado.