La enseñanza concertada desmiente que sus centros cobren «cuotas ilegales» a las familias - Alfa y Omega

La enseñanza concertada desmiente que sus centros cobren «cuotas ilegales» a las familias

Las patronales de la enseñanza concertada solicitan una rectificación ante las «graves e infundadas» acusaciones de EsadeEcPol

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
La patronal insiste en «la necesidad de calcular el coste real del puesto escolar»
La patronal insiste en «la necesidad de calcular el coste real del puesto escolar». Foto: Fandiño.

El Centro de Políticas Económicas EsadeEcPol es un laboratorio de ideas de la Universidad Ramón Llul que el miércoles publicó un controvertido estudio sobre El coste de acceso a la escuela concertada en España: las cuotas que pagan las familias y sus causas. En él denuncia que la «ausencia de gratuidad» en sus centros «limita el derecho a la educación» e «incrementa la segregación», fenómenos atribuibles a «la existencia de cuotas de escolarización» en estos colegios.

El estudio ha alcanzado una notable repercusión en los medios de comunicación que ha obligado a reaccionar a la patronal de la enseñanza concertada en nuestro país. Así, en un comunicado conjunto, Escuelas Católicas, CECE y UECOE señalan que «no podemos aceptar la afirmación de que el sistema de conciertos contribuye a incentivar el “cobro de cuotas ilegales en teoría pero habituales en la práctica”, como dice el informe». Por el contrario, «todas las cantidades percibidas por los centros son abonadas voluntariamente por las familias, bien como donaciones o bien como cuotas por actividades o servicios prestados fuera de la impartición de las enseñanzas objeto de concierto», afirman las entidades.

En el texto, lamentan que «se atribuya a la enseñanza concertada prácticas ilegales e irregulares, desprestigiando el gran trabajo que esos centros hacen por la educación en nuestro país». Por ello solicitan a EsadeEcPol «una rectificación pública por estas acusaciones tan graves».

La patronal de la enseñanza concertada recuerda asimismo que las actividades, servicios y proyectos educativos de sus centros «son legales, autorizados y supervisados por las administraciones». Así, «el trabajo de miles de profesionales al servicio de la educación no puede cuestionarse sin base alguna».

Junto a ello, valoran que el estudio subraye «la insuficiente financiación» de la enseñanza concertada en España. De ahí que insistan en «la necesidad de calcular el coste real del puesto escolar para garantizar su sostenimiento pleno».