Muñoz de Priego: «El debate sobre la concertada está lleno de prejuicios»

Abogado especialista en derecho educativo y coordinador de enLibertad, el conocimiento de Jesús Muñoz de Priego le ha valido la confianza de congregaciones religiosas, fundaciones y titulares de centros, a los que asesora

Fran Otero
Muñoz de Priego es abogado de la inspectoría salesiana de María Auxiliadora. Foto cedida por Jesús Muñoz de Priego

Abrimos una ventana al debate y a la reflexión –con las entrevistas Des-concertados– sobre la educación en general y la concertada católica en particular. Pertinente siempre, pero sobre todo en tiempos de incertidumbre por la reforma –una más– propuesta por el Gobierno y por la COVID-19. Comenzamos con Jesús Muñoz de Priego Alvear (Sevilla, 1970), abogado especialista en derecho educativo y coordinador de enLibertad. Su conocimiento le ha valido la confianza de congregaciones religiosas, fundaciones y titulares de centros, a los que asesora. «Muchos de nuestros fundadores pasaron por pandemias, pero eso no los arredró; tampoco lo hará con nosotros», dice

¿Se respeta la libertad de enseñanza en España?
Pues con toda claridad: no. O, al menos, no lo suficiente. La libertad de enseñanza supone la incorporación de múltiples idearios a la educación para que los padres puedan elegir libremente la educación de sus hijos.

En las opciones religiosas y morales no se han incorporado nuevos idearios y convicciones a pesar de que nuestra sociedad es mucho más plural que hace treinta años, y de los idearios incorporados, fundamentalmente el católico, no se respeta la demanda de la sociedad, es decir, la oferta es mucho menor de lo que los ciudadanos quieren y piden cada año en la escolarización.

En cuanto a opciones pedagógicas y educativas no hay absolutamente nada de margen. La autonomía de los centros es inexistente, por lo que la educación está cuadriculada al gusto de la Administración de turno y no hay espacio real para diferentes opciones. Estamos en una escuela que roza el intervencionismo absoluto. Y aún hay quien quiere más, estableciendo a la Administración pública como la única titular de centros educativos, con un monopolio de una escuela pública única y excluyente. Incluso la muy escasa libertad de enseñanza que nos queda está en serio peligro.

¿Y la libertad de los padres?
No es solo la libertad de enseñanza, es la libertad en general, que está siendo constantemente cuestionada y sometida a presión en sus límites. En 1989 Francis Fukuyama sacó un pequeño artículo que, sin embargo, tuvo una extraordinaria repercusión. Hablaba del fin de la historia y, muy poco después, se corroboraría con la caída del muro de Berlín. Fukuyama hablaba del triunfo de la democracia liberal y la ausencia de alternativas. En realidad, no se refería tanto a que no hubiera después otras experiencias de gobierno distintas, sino que con la democracia liberal se había alcanzado el zénit, un ideal que no podría ser superado. El problema es que se dio por muerto muy pronto al comunismo o socialismo real y vemos que muchas de sus ideas calan en este modelo liberal-capitalista democrático hasta el punto de poder transformarlo en otra cosa. Y esto ocurre cuando se aboga permanentemente por limitar la libertad en beneficio del intervencionismo. Hay que mantener constantemente la tensión, porque las libertades nunca están ganadas para siempre.

También se está cuestionando el papel de la familia, y por eso la Ministra Celaá se atrevió a decir que la libertad de enseñanza no incluye la libertad de elección de centro de los padres o que los hijos no pertenecen a sus progenitores. Van buscando un cambio de paradigma, de menos libertad y más Estado.

¿Habría libertad sin escuela concertada?
El régimen de conciertos es el sistema elegido –hay otros muchos posibles– para financiar a la enseñanza de iniciativa social y permitir la posibilidad de elegir de los padres. Si solo hubiera escuela pública no sería posible la libertad de enseñanza, porque no se puede elegir entre lo único o lo idéntico. Igualmente, si la escuela de iniciativa social no estuviera sostenida con fondos públicos, tampoco habría libertad de enseñanza, porque solo podrían elegir quienes tuvieran recursos económicos y no cualquier ciudadano. Por tanto, para la libertad de enseñanza es necesaria la escuela de iniciativa social y su financiación con fondos públicos.

¿Son los alumnos y profesores de la concertada de segunda? El coste de la plaza es menor y los sueldos también.
Son objeto de una discriminación manifiesta e inadmisible. Si no son ciudadanos de segunda en su educación es fundamentalmente porque las comunidades educativas de los centros concertados suplen con esfuerzo y creatividad esas carencias. Pero es evidente que la Administración pública quiebra constantemente el principio de gratuidad, que supone que debe aportar al centro el coste total y real del puesto educativo. Si al centro de su titularidad –el centro público– la Administración le da el doble de dinero que a un centro concertado por cada puesto escolar, solo podemos pensar que está pagando de menos a este último, porque la única otra posible solución sería que estuviera pagando por encima del coste al primero, y eso, en mi opinión, es impensable. Urge que las titularidades de los centros, los trabajadores de los mismos y las familias que eligen sus proyectos, exijan a la Administración que abonen el coste real de la prestación del servicio educativo.

¿Se gana dinero con un colegio concertado?
Los colegios concertados hoy son deficitarios. Y alguno, incrédulo, preguntará ¿y quién en su sano juicio se metería en una actividad con pérdidas? Pues aquellos cuya finalidad no sea obtener dinero. La mayoría de las titularidades de los centros concertados son entidades religiosas, eclesiales y fundaciones canónicas o civiles cuya vocación principal es la evangelización. Han encontrado el tesoro escondido y es imposible que no quieran compartirlo.

¿Son centros elitistas?
La estrategia de muchos de los defensores de la escuela pública única no pasa por alabar las bondades de su modelo para ser los elegidos por las familias, sino por eliminar cualquier competencia. Uno de los discursos utilizados para ello es deslegitimar esas otras ofertas. Por eso el debate está lleno de clichés, prejuicios y mantras ideológicos que hay que rebatir, para que no quede un poso de credibilidad sobre los mismos en la sociedad. El proceso de admisión de los centros concertados es idéntico al de los públicos y encima la asignación de puntos ni siquiera la hace el centro, sino un programa informático de la Administración. El centro no participa en la ponderación, que le viene dada.

Esto es fácil de corroborar. Bastaría con ver cuántas denuncias hay a centros concertados sobre esto y qué resultados se obtienen en procedimientos judiciales. No es que no haya un número suficientemente significativo, es que no hay.

¿Qué le parece la nueva ley de Educación?
Pues me parece la LOE original socialista rediviva, pero encima 14 años después. Si entonces ya fue una ley que nos llevó a los más bajos indicadores internacionales, imagínese ahora. Es cierto que la ley que la modificó (LOMCE) no contó con ningún consenso, pero en lo que sí había acuerdo es que la LOE era una ley fallida… Pues a eso es a lo que volvemos. Se trata de una nueva ley ya no sin el consenso que reclama la sociedad, sino que ni siquiera ha habido debate, ni social ni parlamentario, porque no se puede tramitar en plena pandemia. Una ley ideológica y partidista más, y una oportunidad menos.

Y supone un cúmulo de atentados a la libertad de enseñanza: elimina la demanda social como elemento a tener en cuenta en la programación de plazas escolares, se inventa un derecho a la educación pública, vuelve a postergar la enseñanza de la religión, recupera una nueva educación para la ciudadanía con los mismos visos de adoctrinamiento que la anterior, vuelve a dar funciones de gobierno (más que las justificadas de participación y control, incluido el económico) al consejo escolar también en la concertada, realiza el enésimo intento de acabar con la diferenciada, insiste en los derechos de la infancia pero virando a que su defensa corresponde a la Administración más que a la familia, posibilita una distribución unilateral por la Administración del alumnado con necesidad o desventaja social o económica, cercenando su libertad de elección, insiste en la absoluta ausencia de autonomía de los centros, cuestiona la supervivencia de los centros específicos de educación especial, no garantiza la educación en el idioma español…

En el caso de que fuera aprobada, ¿cómo de optimista es sobre el éxito de un recurso judicial?
Queda mucho, antes de pensar en un recurso a la ley. No debemos saltarnos plazos ni momentos, ahora hay que centrar los esfuerzos en modificar el proyecto de ley, en que la sociedad ponga de manifiesto que no tolera límites a sus libertades. De todos modos, no creo que la solución al problema de limitación de la libertad de enseñanza esté, al menos a largo plazo, en los juzgados, ni incluso ganando esos juicios, sino en la calle, en los medios, en el debate social. Cuando la sociedad manifieste nítidamente que no tolera límites a sus libertades, no habrá gobierno que se atreva a menoscabarlas en su beneficio.

¿Cómo está afectando la COVID-19 a la concertada teniendo en cuenta que cuentan con menos recursos?
Están acostumbrados al ninguneo de las Administraciones públicas y a suplirlos con esfuerzo, dedicación, pasión y creatividad. El mayor valor que tenemos está en la implicación de nuestras comunidades educativas, en nuestra gente, que suplen cualquier carencia y falta de recursos. No me cabe la menor duda de que también lo harán así con la COVID-19. Lo están haciendo. Lo que no obsta para que se deba reclamar esos mismos recursos para todos los centros sostenidos con fondos públicos.

Los colegios de Iglesia seguirán educando y evangelizando, también en tiempos de pandemia, muchos de nuestros fundadores pasaron por pandemias, epidemias, pestes y calamidades, pero eso no los arredró, y tampoco lo hará con nosotros.