Texto completo del mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado 2018

Queridos hermanos y hermanas:

«El emigrante que reside entre vosotros será para vosotros como el indígena: lo amarás como a ti mismo, porque emigrantes fuisteis en Egipto. Yo soy el Señor vuestro Dios» (Lv 19,34).

Durante mis primeros años de pontificado he manifestado en repetidas ocasiones cuánto me preocupa la triste situación de tantos emigrantes y refugiados que huyen de las guerras, de las persecuciones, de los desastres naturales y de la pobreza. Se trata indudablemente de un «signo de los tiempos» que, desde mi visita a Lampedusa el 8 de julio de 2013, he intentado leer invocando la luz del Espíritu Santo. Cuando instituí el nuevo Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, quise que una sección especial –dirigida temporalmente por mí– fuera como una expresión de la solicitud de la Iglesia hacia los emigrantes, los desplazados, los refugiados y las víctimas de la trata.

Cada forastero que llama a nuestra puerta es una ocasión de encuentro con Jesucristo, que se identifica con el extranjero acogido o rechazado en cualquier época de la historia (cf. Mt 25,35.43). A cada ser humano que se ve obligado a dejar su patria en busca de un futuro mejor, el Señor lo confía al amor maternal de la Iglesia.[1] Esta solicitud ha de concretarse en cada etapa de la experiencia migratoria: desde la salida y a lo largo del viaje, desde la llegada hasta el regreso. Es una gran responsabilidad que la Iglesia quiere compartir con todos los creyentes y con todos los hombres y mujeres de buena voluntad, que están llamados a responder con generosidad, diligencia, sabiduría y amplitud de miras –cada uno según sus posibilidades– a los numerosos desafíos planteados por las migraciones contemporáneas.

A este respecto, deseo reafirmar que «nuestra respuesta común se podría articular entorno a cuatro verbos: acoger, proteger, promover e integrar».[2]

Considerando el escenario actual, acoger significa, ante todo, ampliar las posibilidades para que los emigrantes y refugiados puedan entrar de modo seguro y legal en los países de destino. En ese sentido, sería deseable un compromiso concreto para incrementar y simplificar la concesión de visados por motivos humanitarios y por reunificación familiar. Al mismo tiempo, espero que un mayor número de países adopten programas de patrocinio privado y comunitario, y abran corredores humanitarios para los refugiados más vulnerables. Sería conveniente, además, prever visados temporales especiales para las personas que huyen de los conflictos hacia los países vecinos. Las expulsiones colectivas y arbitrarias de emigrantes y refugiados no son una solución idónea, sobre todo cuando se realizan hacia países que no pueden garantizar el respeto a la dignidad ni a los derechos fundamentales.[3] Vuelvo a subrayar la importancia de ofrecer a los emigrantes y refugiados un alojamiento adecuado y decoroso. «Los programas de acogida extendida, ya iniciados en diferentes lugares, parecen sin embargo facilitar el encuentro personal, permitir una mejor calidad de los servicios y ofrecer mayores garantías de éxito».[4] El principio de la centralidad de la persona humana, expresado con firmeza por mi amado predecesor Benedicto XVI,[5] nos obliga a anteponer siempre la seguridad personal a la nacional. Por tanto, es necesario formar adecuadamente al personal encargado de los controles de las fronteras. Las condiciones de los emigrantes, los solicitantes de asilo y los refugiados, requieren que se les garantice la seguridad personal y el acceso a los servicios básicos. En nombre de la dignidad fundamental de cada persona, es necesario esforzarse para preferir soluciones que sean alternativas a la detención de los que entran en el territorio nacional sin estar autorizados.[6]

El segundo verbo, proteger, se conjuga en toda una serie de acciones en defensa de los derechos y de la dignidad de los emigrantes y refugiados, independientemente de su estatus migratorio.[7] Esta protección comienza en su patria y consiste en dar informaciones veraces y ciertas antes de dejar el país, así como en la defensa ante las prácticas de reclutamiento ilegal.[8] En la medida de lo posible, debería continuar en el país de inmigración, asegurando a los emigrantes una adecuada asistencia consular, el derecho a tener siempre consigo los documentos personales de identidad, un acceso equitativo a la justicia, la posibilidad de abrir cuentas bancarias y la garantía de lo básico para la subsistencia vital. Si las capacidades y competencias de los emigrantes, los solicitantes de asilo y los refugiados son reconocidas y valoradas oportunamente, constituirán un verdadero recurso para las comunidades que los acogen.[9] Por tanto, espero que, en el respeto a su dignidad, les sea concedida la libertad de movimiento en los países de acogida, la posibilidad de trabajar y el acceso a los medios de telecomunicación. Para quienes deciden regresar a su patria, subrayo la conveniencia de desarrollar programas de reinserción laboral y social. La Convención internacional sobre los derechos del niño ofrece una base jurídica universal para la protección de los emigrantes menores de edad. Es preciso evitarles cualquier forma de detención en razón de su estatus migratorio y asegurarles el acceso regular a la educación primaria y secundaria. Igualmente es necesario garantizarles la permanencia regular al cumplir la mayoría de edad y la posibilidad de continuar sus estudios. En el caso de los menores no acompañados o separados de su familia es importante prever programas de custodia temporal o de acogida.[10] De acuerdo con el derecho universal a una nacionalidad, todos los niños y niñas la han de tener reconocida y certificada adecuadamente desde el momento del nacimiento. La apatridia en la que se encuentran a veces los emigrantes y refugiados puede evitarse fácilmente por medio de «leyes relativas a la nacionalidad conformes con los principios fundamentales del derecho internacional».[11] El estatus migratorio no debería limitar el acceso a la asistencia sanitaria nacional ni a los sistemas de pensiones, como tampoco a la transferencia de sus contribuciones en el caso de repatriación.

Promover quiere decir esencialmente trabajar con el fin de que a todos los emigrantes y refugiados, así como a las comunidades que los acogen, se les dé la posibilidad de realizarse como personas en todas las dimensiones que componen la humanidad querida por el Creador.[12] Entre estas, la dimensión religiosa ha de ser reconocida en su justo valor, garantizando a todos los extranjeros presentes en el territorio la libertad de profesar y practicar la propia fe. Muchos emigrantes y refugiados tienen cualificaciones que hay que certificar y valorar convenientemente. Así como «el trabajo humano está destinado por su naturaleza a unir a los pueblos»,[13] animo a esforzarse en la promoción de la inserción socio-laboral de los emigrantes y refugiados, garantizando a todos –incluidos los que solicitan asilo– la posibilidad de trabajar, cursos formativos lingüísticos y de ciudadanía activa, como también una información adecuada en sus propias lenguas. En el caso de los emigrantes menores de edad, su participación en actividades laborales ha de ser regulada de manera que se prevengan abusos y riesgos para su crecimiento normal. En el año 2006, Benedicto XVI subrayaba cómo la familia es, en el contexto migratorio, «lugar y recurso de la cultura de la vida y principio de integración de valores».[14] Hay que promover siempre su integridad, favoreciendo la reagrupación familiar –incluyendo los abuelos, hermanos y nietos–, sin someterla jamás a requisitos económicos. Respecto a emigrantes, solicitantes de asilo y refugiados con discapacidad hay que asegurarles mayores atenciones y ayudas. Considero digno de elogio los esfuerzos desplegados hasta ahora por muchos países en términos de cooperación internacional y de asistencia humanitaria. Con todo, espero que en la distribución de esas ayudas se tengan en cuenta las necesidades –por ejemplo: asistencia médica y social, como también educación– de los países en vías de desarrollo, que reciben importantes flujos de refugiados y emigrantes, y se incluyan de igual modo entre los beneficiarios de las mismas comunidades locales que sufren carestía material y vulnerabilidad.[15]

El último verbo, integrar, se pone en el plano de las oportunidades de enriquecimiento intercultural generadas por la presencia de los emigrantes y refugiados. La integración no es «una asimilación, que induce a suprimir o a olvidar la propia identidad cultural. El contacto con el otro lleva, más bien, a descubrir su “secreto”, a abrirse a él para aceptar sus aspectos válidos y contribuir así a un conocimiento mayor de cada uno. Es un proceso largo, encaminado a formar sociedades y culturas, haciendo que sean cada vez más reflejo de los multiformes dones de Dios a los hombres».[16] Este proceso puede acelerarse mediante el ofrecimiento de la ciudadanía, desligada de los requisitos económicos y lingüísticos, y de vías de regularización extraordinaria, a los emigrantes que puedan demostrar una larga permanencia en el país. Insisto una vez más en la necesidad de favorecer, en cualquier caso, la cultura del encuentro, multiplicando las oportunidades de intercambio cultural, demostrando y difundiendo las «buenas prácticas» de integración, y desarrollando programas que preparen a las comunidades locales para los procesos integrativos. Debo destacar el caso especial de los extranjeros obligados a abandonar el país de inmigración a causa de crisis humanitarias. Estas personas necesitan que se les garantice una asistencia adecuada para la repatriación y programas de reinserción laboral en su patria.

De acuerdo con su tradición pastoral, la Iglesia está dispuesta a comprometerse en primera persona para que se lleven a cabo todas las iniciativas que se han propuesto más arriba. Sin embargo, para obtener los resultados esperados es imprescindible la contribución de la comunidad política y de la sociedad civil –cada una según sus propias responsabilidades–.

Durante la Cumbre de las Naciones Unidas, celebrada en Nueva York el 19 de septiembre de 2016, los líderes mundiales han expresado claramente su voluntad de trabajar a favor de los emigrantes y refugiados para salvar sus vidas y proteger sus derechos, compartiendo esta responsabilidad a nivel global. A tal fin, los Estados se comprometieron a elaborar y aprobar antes de finales de 2018 dos pactos globales (Global Compacts), uno dedicado a los refugiados y otro a los emigrantes.

Queridos hermanos y hermanas, a la luz de estos procesos iniciados, los próximos meses representan una oportunidad privilegiada para presentar y apoyar las acciones específicas, que he querido concretar en estos cuatro verbos. Los invito, pues, a aprovechar cualquier oportunidad para compartir este mensaje con todos los agentes políticos y sociales que están implicados –o interesados en participar– en el proceso que conducirá a la aprobación de los dos pactos globales.

Hoy, 15 de agosto, celebramos la solemnidad de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María al Cielo. La Madre de Dios experimentó en sí la dureza del exilio (cf. Mt 2,13-15), acompañó amorosamente al Hijo en su camino hasta el Calvario y ahora comparte eternamente su gloria. A su materna intercesión confiamos las esperanzas de todos los emigrantes y refugiados del mundo y los anhelos de las comunidades que los acogen, para que, de acuerdo con el supremo mandamiento divino, aprendamos todos a amar al otro, al extranjero, como a nosotros mismos.

Vaticano, 15 de agosto de 2017
Solemnidad de la Asunción de la Virgen María