No es verdad 837

Las dos tiras humorísticas que ilustran este comentario hablan, por sí solas, de cómo se ve, dentro de casa, la luz en el túnel, y de cómo se ve fuera. Mientras impresiona el silencio, casi generalizado, con que ha sido acogido en los medios de comunicación el libro testimonio de las víctimas del terrorismo Cuando la maldad golpea, los de Bildu no sólo son tratados como si fueran demócratas de toda la vida, en respetuosa igualdad de condiciones por los demás, sino que cobran de nuestros impuestos. Pero hace tiempo que está claro que en esta querida nación llamada España hay dos clases de españoles: los del IRPF y los otros; y lo más indignante es que sigue sin pasar nada. Acabamos de escuchar al expresidente Aznar, en el Club Siglo XXI, asegurando que está convencido de que hace lo que tiene que hacer cuando reclama un «reformismo de alta intensidad», y cuando exige que cualquier acuerdo que se haga sea para reforzar la nación, y no para debilitarla. Ha planteado con toda claridad la urgencia de cambiar el sistema fiscal para ponerlo al servicio del empleo, y no de las Administraciones. Parece de elemental sentido común: los ciudadanos esperan, un día tras otro, esas medidas gubernamentales que adelgacen las Administraciones varias y diversas, las duplicidades y triplicidades absurdas, pero los más lúcidos dudan de que. en un sistema tan políticamente clientelar como el nuestro, Gobierno alguno se decida a adelgazar el Estado. Todavía se entiende menos que no se ilegalicen partidos y formaciones políticas que cobran de los españoles para ir contra España; y, cuando a alguien como María San Gil —cuya experiencia y testimonio vital son absolutamente nítidos— le comentan que eso no se puede hacer, responde, desde lo más hondo de su acreditado sentido común, que, «si se quiere, se puede». También Aznar ha reclamado que «hay que dejar claro que no hay discusión sobre la nación española». Evidente: ni discusión, ni pacto, ni componenda alguna.

En uno de sus primeros artículos en ABC, Juan Carlos Girauta acaba de escribir: «En este tramo del camino al siglo, están sobrando los ingenieros sociales y hasta los sociólogos. No digamos los vendedores de crecepelo nacionalista». Porque resulta que, mientras tanto, la Generalidad de Cataluña organiza un simposio titulado España contra Cataluña; y El País le dedica dos páginas con titulares a todo trapo, con un rinconcito para el hispanista inglés Elliot, que define el simposio como «un disparate». Y, mientras, el Presidente de la Junta de Galicia, señor Feijóo, reconoce en una entrevista: «Mas tiene un antecedente, el Plan Ibarreche; y aquello terminó sin plan y sin Ibarreche». No faltan prebostes, como Herrero de Miñón, que tienen la desfachatez de pensar —y, lo que es peor, de decirlo— que «fue un error no pactar con Pujol el reconocimiento de la singularidad de Cataluña». ¡Qué lucidez tan deslumbrante! ¡Qué patriotismo acendrado!…, ¡y qué camelo!, porque anda que si se llega a reconocer…

Mientras se viene a saber que la Sanidad atiende 77 millones de consultas de pacientes sanos, al año, el 27 % de ellas totalmente innecesarias según los médicos de atención primaria, y que cada año se realizan 11 millones de radiografías injustificadas, hay revistas que se dedican a hinchar el perro, como se dice en la jerga periodística, y contar a sus lectores la apasionante noticia de cómo vive Otegui en la cárcel. Y los sindicatos dicen que no quieren saber nada de la Ley de trasparencia. Sólo faltaba eso, ¡cómo van a aceptar el streap tease de la trasparencia que dejaría a la vista tanto chanchullo, tanto ERE, tanta comilona, tanto viaje, tanto chollo!

Y, a todo esto, tiene que leer uno que «el Gobierno regulará las relaciones sexuales entre adolescentes». Pero ¿quién es el Gobierno para regular eso? En un precioso libro editado por Rialp, titulado Sobre Dios, la Iglesia y el mundo, el periodista y filósofo Rafael Serrano entrevista al Vicario General del Opus Dei, don Fernando Ocáriz, quien en un momento de la conversación dice: «Hay ámbitos de la vida de las personas sobre los que el Estado no tiene —ni, por tanto, debería pretender tener— competencia… Un Estado no puede durar como Estado de Derecho si no se reconocen valores absolutos previos al Estado».