Legalizar a los apátridas… a caballo

Azizbek Ashurov y el resto del equipo de su ONG han pasado cinco años recorriendo las regiones más remotas de Kirguistán para devolver a la legalidad a las últimas 10.000 personas de su país, invisibles a causa de la fragmentación de la URSS

María Martínez López
Azizbek Ashurov con una familia de apátridas en las montañas de Osh (Kirguistán). Foto: ACNUR/UNHCR/Chris de Bode

Azizbek Ashurov y el resto del equipo de su ONG han pasado cinco años recorriendo las regiones más remotas de Kirguistán para devolver a la legalidad a las últimas 10.000 personas de su país, invisibles a causa de la fragmentación de la URSS

El 4 de julio, el Gobierno de Kirguistán entregó el pasaporte a sus últimos 50 apátridas. Ya podían trabajar legalmente, ir al colegio, al médico, o abrir una cuenta bancaria; acciones imposibles cuando ningún estado te reconoce como ciudadano.

Para acabar con la apatridia en este país de Asia Central, además de la implicación del Gobierno y de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), ha hecho falta gente dispuesta a recorrer durante cinco años las regiones más aisladas: los miembros de Abogados sin Fronteras del Valle del Ferganá. Su fundador, Azizbek Ashurov, recibió el 7 de octubre el Premio Nansen 2019, de ACNUR.

El valle del Ferganá está poblado por distintos grupos étnicos, en una mezcla que en ocasiones ha dado lugar a estallidos de violencia. Cuando tras el colapso de la URSS quedó dividido entre Uzbekistán, Tayikistán y Kirguistán, 800.000 personas quedaron excluidas de los procesos de nacionalización de las tres repúblicas. Al principio era por haberse desplazado y no poder demostrar la residencia permanente en un lugar, o por las trabas de la farragosa burocracia. Pero pronto surgieron más casos, como el de las mujeres uzbecas que perdían su nacionalidad al instalarse en el país de sus maridos kirguises. Como en muchos casos los apátridas «tampoco pueden registrar a sus hijos», su situación se hizo hereditaria, explica a Alfa y Omega Ashurov, que de niño fue testigo de las dificultades de su familia, de origen uzbeco, para regularizarse.

Los últimos 10.000

Después de fundar Abogados sin Fronteras en 2002, Ashurov y sus compañeros constataron que la apatridia era el problema de base de muchas de las personas a las que asesoraban. Y decidieron hacer algo. Después de una primera campaña, en 2007 se aprobó una ley que facilitaba la regulación y amnistiaba a las personas indocumentadas. No fue fácil, pues el Gobierno tenía reparos en «promover los derechos de los migrantes y parte de la sociedad no estaba preparada. Tuvimos que explicar que no eran migrantes, que esa gente llevaba 20 años o más en nuestro país y la mayoría eran kirguises o tenían algún tipo de raíces aquí».

Valió la pena: hasta 2012, se tramitó la ciudadanía de 45.000 personas. Pero entre ellas no estaban las 10.000 que lo tenían más difícil: los apátridas de la región fronteriza –hasta el 30 % de la población de esa zona–, y los de las zonas más remotas. Por eso, después de un estudio en profundidad sobre el terreno, en 2014 nació un proyecto piloto con tres patas: una nueva regulación, el apoyo de ACNUR y la labor sobre el terreno de Abogados sin Fronteras.

«Si la gente no podía desplazarse a la ciudad para los trámites, nosotros iríamos a ellos», cuenta Ashurov. Fletaron oficinas móviles con todo el equipo necesario, y con ellas miembros de la ONG y funcionarios visitaban los lugares fáciles. «En verano, la gente se instala en los pastos de la montaña, y teníamos que cargar todo, además de generadores eléctricos, en caballos. Trabajábamos con las autoridades locales y con los ancianos de cada lugar» para superar el primer obstáculo: la desconfianza. «La gente llevaba mucho tiempo así, y seguían temiendo las multas o la deportación».

Una red para toda la región

En estas visitas, se recogían los documentos y pruebas de haber residido en el país y se realizaban los trámites. Cuando no había certificado de nacimiento ni documentos sanitarios, «contactábamos con médicos locales para que certificaran su edad, sexo, etc. y poder iniciar un procedimiento especial ante los tribunales». Con los primeros éxitos, la suspicacia desapareció y mucha más gente recurrió a ellos.

Ahora, alcanzada la meta, Ashurov espera resolver la apatridia en los países vecinos, gracias a una red que contribuyó a poner en marcha en 2017 para intercambiar buenas prácticas y cooperar. «Se ha avanzado mucho –se felicita–. Uzbekistán llevaba 15 años sin conceder la nacionalidad a nadie, y ahora se la ha dado a más de 2.000 personas».

María Martínez López


Diez millones de invisibles

Al entregar el Premio Nansen a Azizbek Ashurov, el alto comisionado de la ONU para los Refugiados, Filippo Grandi, destacó el éxito de Kirguistán como «un ejemplo notable al que espero que otros presten atención». El mismo galardonado confiesa a Alfa y Omega que espera transmitir que si «un pequeño país puede acabar con la apatridia, no es imposible para nadie. Hace falta voluntad política y la cooperación de todos los implicados. La ciudadanía no es un privilegio, es una necesidad. Ser apátrida es una tragedia y una forma de discriminación».

El reconocimiento a su labor se enmarca en la campaña #IBelong (Pertenezco), con la que ACNUR espera acabar antes de 2024 con un fenómeno que –se estima– afecta a diez millones de personas. Puede deberse a la discriminación de minorías, a disputas territoriales o cambios de fronteras, a lagunas legales o a conflictos entre la legislación del país de origen y de destino de los inmigrantes. En España, la práctica totalidad de apátridas son saharauis. Pero también se dan casos de niños apátridas nacidos aquí: nuestro país no los reconoce por ser hijos de extranjeros; y el país de los padres tampoco, por no haber nacido en su territorio.