La Iglesia consigue reactivar la tramitación parlamentaria de la ILP

En un histórico encuentro, diferentes entidades de Iglesia entraron en el Congreso de los Diputados el martes 17 de junio para reunirse con el partido socialista y el Partido Popular. El grupo eclesial, formado por Cáritas, el Departamento de Migraciones de la CEE, la Red de entidades para el Desarrollo Solidario (REDES) y la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), acudió a la sede de la soberanía nacional para «instar a un grupo y a otro a buscar la manera de llegar a un acuerdo» y así desbloquear la iniciativa legislativa popular (ILP) para la regularización de migrantes, explicó el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, que también participó en la reunión.

El movimiento de la Iglesia en este ámbito contrasta con el freno de mano que los distintos grupos políticos parecen haber puesto con respecto a este tema; pero no tanto por la iniciativa en sí, sino por el juego ideológico de unos y otros. «De forma particular, los partidos dicen que quieren dar pasos en este asunto», reconoce en conversación con Alfa y Omega Xabier Parra, director del Servicio Capuchino para el Desarrollo (SERCADE) y representante de REDES en el grupo eclesial de apoyo a la ILP. Pero aunque los den, «el avance o retroceso de este tipo de iniciativas no obedece tanto a un interés específico sobre el tema en cuestión —en este caso la ILP—, sino a la oportunidad política, que es la que yo creo que marca su agenda», añade.

Para ilustrar sus palabras, Parra señala cómo la reciente reactivación por parte del PSOE de la iniciativa legislativa popular —que llevaba meses sin experimentar ninguna progresión— coincidió en el tiempo con el recurso interpuesto por un grupo de entidades sociales ante el Tribunal Supremo tras la aprobación del nuevo reglamento de la ley de extranjería. Las organizaciones, aunque valoraban la nueva norma, denunciaban las trabas que el reglamento impone a los solicitantes de protección internacional. El recurso y la repercusión mediática influyó, a juicio del representante de REDES, para que el Ejecutivo volviera a descolgar el teléfono y desempolvar la ILP con sus socios de Gobierno. Incluso terminó por aceptar la invitación de reunión que le había enviado la Conferencia Episcopal Española —la que se cita al inicio de este artículo—, a pesar de que en un primer momento había rechazado la mediación de la Iglesia.

En este escenario, el director de SERCADE es optimista. Dice tener «esperanza de que la ILP pueda votarse en el Congreso de los Diputados e implementarse en lo que resta de legislatura». En realidad, «se trataría de una buena noticia para todos», incluso para aquellos que solo ven la propuesta desde la perspectiva económica. «Son personas que ya están viviendo en nuestro país», por lo que darles el permiso de residencia y trabajo, además de «garantizarles unos derechos que hasta ahora estaban siendo vulnerados», contribuiría a aflorar buena parte de la economía sumergida a la que se ven sometidas estas personas por el hecho de tener una situación administrativa irregular.

Comparecencia en la comisión

La prueba definitiva que avala la expectación de la Iglesia con respecto a la aprobación de la ILP se vivió un día después de la reunión de Parra y compañía con el PSOE y el PP. Aquella jornada por la mañana —miércoles 18 de junio— el mismo grupo de entidades se reunieron con el PNV, una cita no menor en base al papel que juega el Partido Nacionalista Vasco en la legislatura. El Gobierno socialista, que no tiene mayoría absoluta en el Parlamento, depende de sus votos para sacar adelante cualquier ley. De esta forma, cuando la ILP se someta a votación, el apoyo de partidos como el PNV será clave.

Unas horas después, Cáritas Española fue llamada al Congreso de los Diputados para comparecer ante la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para hablar sobre la iniciativa legislativa popular para la regularización de migrantes. «Podemos decir que la comparecencia indica un avance real de la ILP, porque es precisamente esta comisión la que tiene que llegar a un consenso —que todavía no se ha alcanzado— y aprobar el texto antes de que pase al pleno del Congreso», resume Ana Abril, coordinadora de Incidencia Política de la entidad, quien fue la encargada de comparecer junto a Manuel Bretón, presidente de Cáritas Española.

Este trabajo, de incidencia política, de búsqueda de consensos, «de intervención social en favor de la integración de las personas migrantes», es precisamente uno de los asuntos que se recogen en la memoria de 2024, que la entidad presentó el pasado miércoles; un documento en el que se da cuenta de los 486,9 millones de euros que Cáritas invirtió en 2024 para acompañar a más de 2,1 millones de personas. «El 47 % de las personas atendidas son migrantes en situación administrativa irregular, lo que equivale a unas 550.000 personas», reconoció la organización.

Abril y Bretón llevaron ante los diputados las historias de algunas de esas personas que acompañaron durante el año y que son quienes sufren los retrasos de la tramitación de la ILP. «La idea era que ellos entendieran qué efectos tiene la irregularidad en la vida de las personas y qué beneficios tienen la regularización para el conjunto de la sociedad», señala la coordinadora de incidencia política a Alfa y Omega.

Durante la comparencia, desde Cáritas también recordaron las propuestas eclesiales en relación a la aprobación de la ILP. Entre ellas, destaca la necesidad de que las personas migrantes susceptibles de acogerse a la regularización extraordinaria acrediten una permanencia previa en España de al menos seis meses anterior a la solicitud a través de cualquier medio de prueba válido en derecho. O que la persona extranjera que solicite su regularización —y esta le sea concedida— tenga derecho a que esta se haga extensible, de manera simultánea o sucesiva, a su cónyuge, pareja de hecho o pareja estable no registrada con menores en común.