El nuevo Reglamento de Extranjería «tiene margen de mejora»

La alianza de entidades formadas por Andalucía Acoge, Cáritas, Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Red Acoge y Servicio Jesuita a Migrantes, valoran que la reforma del Reglamento de Extranjería que entra en vigor este martes «tiene margen de mejora». Así lo han hecho público en un comunicado conjunto estas cinco entidades, que en su día hicieron llegar propuestas concretas durante el proceso de reforma de esta normativa. Así, el nuevo Reglamento de Extranjería deja fuera «demandas clave» como facilitar la reagrupación familiar o permitir el acceso a una cédula a personas sin pasaporte, lamentan las instituciones.

Entre los aspectos positivos destacan por otro lado la flexibilización de determinados requisitos que permitirán la regularización de extranjeros, como que en el caso del arraigo social se reduce en un año el tiempo de residencia exigido para solicitarlo. También el arraigo socioformativo permite trabajar hasta 30 horas mientras se realiza la formación y una vez finalizada se podrá cambiar el permiso de residencia por uno de trabajo presentando una oferta o contrato laboral.

Sin embargo, se mantiene que para un número muy importante de personas sea necesario vivir al menos dos años de manera irregular, «con el impacto que esto tiene en sus condiciones de vida antes de poder acceder a una autorización de residencia y trabajo».

Junto a ello, consideran que hay aspectos relevantes que no se han tenido en cuenta y que suponen «un impacto negativo» en los derechos de las personas migrantes. En este sentido, alertan especialmente sobre las «graves consecuencias» que tendrá el Reglamento para miles de solicitantes de asilo cuyas solicitudes sean rechazadas o que han desistido de sus solicitudes por temor a las consecuencias de la nueva regulación de extranjería. «La denegación de la solicitud de asilo supondrá que deberán esperar dos años más para poder solicitar una autorización por arraigo, porque no se les reconocerá el tiempo de permanencia previo», denuncian.

De esta forma, el nuevo Reglamento de Extranjería genera que personas y familias que se encuentran trabajando formalmente, cotizando y desarrollando sus proyectos de vida con reconocimiento de derechos en España, «sean penalizadas dejándolas en situación administrativa irregular, perdiendo los derechos reconocidos».

Por último, las entidades sociales señalan que el Reglamento creará «nuevas situaciones de irregularidad administrativa», y no resolverá de manera inmediata «la situación de irregularidad en la que se encuentran miles de personas».