Varias ONG llevan el reglamento de extranjería al Tribunal Supremo - Alfa y Omega

Varias ONG llevan el reglamento de extranjería al Tribunal Supremo

El recurso se centra en la incompatibilidad entre el procedimiento de protección internacional y el de arraigo

Redacción
Migrantes llegados a El Hierro a bordo de diferentes cayucos
Migrantes llegados a El Hierro a bordo de diferentes cayucos. Foto: EFE / Gelmert Finol.

Andalucía Acoge, Cáritas, CEAR, Red Acoge y el Servicio Jesuita a Migrantes han decidido recurrir de forma parcial el nuevo reglamento de extranjería, con la interposición, el lunes 20 de enero, de un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo como primer paso del procedimiento judicial. El recurso se centra en la incompatibilidad entre el procedimiento de protección internacional y el de arraigo, según han informado este martes en un comunicado.

La alianza formada por estas cinco organizaciones especializadas en el acompañamiento social y jurídico a personas migrantes y refugiadas, tras un primer análisis del documento, valora que «la normativa establece una serie de mejoras importantes y fundamentales». Con todo, considera que hay «aspectos relevantes demandados por estas entidades a lo largo de todo el proceso que suponen un impacto negativo en los derechos de las personas solicitantes de protección internacional y que se han dejado atrás».

Entre ellos, consideran que hay suficientes fundamentos de derecho para impugnar la incompatibilidad entre el procedimiento de protección internacional y el de arraigo. El actual reglamento señala como concepto jurídico que el tiempo como solicitante de protección internacional no compute como tiempo de permanencia previa para solicitar una residencia por arraigo.

Esto significa, según las organizaciones, que si una persona migrante recibe una denegación a su solicitud de asilo deberá reiniciar su tiempo de permanencia previa —en situación irregular, en este caso— para optar a un arraigo. El recurso se centra en esta incompatibilidad, que dejaría en situación administrativa irregular a cerca de la mitad de las personas solicitantes de asilo. Esta formulación se convierte en un elemento que desincentiva el ejercicio del derecho al asilo, según han advertido las ONG.