El PSOE vuelve a reactivar la ILP para la regularización de migrantes

El PSOE ha impulsado en los últimos días la negociación con el resto de grupos políticos para tramitar finalmente la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que busca la regularización extraordinaria de gran parte de las personas migrantes que se encuentran en España sin papeles.

La noticia coincide con la entrada en vigor del nuevo reglamento de la ley de extranjería, que baja el tiempo de permanencia en España a dos años para poder solicitar la regularización por arraigo social, pero que deja fuera a muchas personas que no cumplen los requisitos que pide la nueva legislación. Por ello, desde la Conferencia Episcopal Española se dio la bienvenida al nuevo reglamento, pero se pidió complementar con la aprobación definitiva de la ILP.

Ahora, el partido socialista parece haber tomado en consideración esta propuesta eclesial, aunque en su día el Gobierno, a través de la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ya rechazó la mediación de la Iglesia para aprobar la regularización de migrantes.

Retomar la negociación

Según han señalado a EFE fuentes del partido socialista, este mantuvo reuniones telefónicas con los representantes de los distintos grupos parlamentarios el jueves y el viernes para retomar la negociación de esta ILP, que llegó al Congreso respaldada por más de 600.000 firmas y lleva más de un año estancada en la Cámara Baja.

El cambio de postura del Ejecutivo con respecto a la ILP coincide con el rechazo de numerosas organizaciones que atienden a migrantes a las directrices que marca el nuevo reglamento de extranjería con respecto a los solicitantes de asilo que vean rechazada su solicitud. Mientras esta se tramita —suele tardar entre uno y dos años—, estas personas cuentan con autorización para residir y trabajar. Pero si la solicitud es denegada perderán dicha autorización y, además, deberán esperar dos años más —viviendo ilegalmente— para solicitar el permiso de residencia por arraigo social.

Anteriormente, a quienes pedían asilo les contaba el tiempo de residencia desde su llegada, por lo que, si su solicitud no era tomada en consideración, casi de inmediato podían acogerse al arraigo social.

El Gobierno ya señaló hace unos días que estaba estudiando vías para dar respuesta a estos posibles daños, de los que han alertado muchas oenegés y ha llevado a algunas de ellas a recurrir la norma ante el Tribunal Supremo.