Cáritas traslada al Congreso las propuestas de la Iglesia para aprobar la ILP

Cáritas compareció el pasado miércoles ante la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el Congreso de los Diputados para pedir que se apruebe finalmente la iniciativa legislativa popular (ILP) para la regularización extraordinaria de personas extranjeras y trasladar la propuesta de la Iglesia.

La comparecencia de la entidad, que acudió al Congreso en calidad de miembro del grupo eclesial de apoyo a la ILP, se produjo un día después de que este grupo, acompañado por el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, se reuniera con el grupo socialista y el grupo popular para tratar de desbloquear la iniciativa, cuya toma en consideración tuvo lugar en diciembre de 2024.

La presencia de Argüello en el Congreso se gestó en una carta que el presidente de la CEE envió a los distintos partidos políticos para animar el diálogo en torno a la regularización de migrantes y el acuerdo entre las formaciones. Posteriormente, durante su discurso de apertura de la última Asamblea Plenaria de los obispos, el también arzobispo de Valladolid reiteró sus argumentos y ofreció la sede de la CEE para realizar un encuentro en el que avanzar en la negociación.

Propuestas eclesiales

En la visita del miércoles el presidente de Cáritas Española, Manuel Bretón, y la coordinadora de Incidencia Política de la entidad, Ana Abril, fueron los encargados de trasladar a los miembros de la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones las propuestas de este grupo eclesial en relación con la supuesta proposición de ley que saldría de la ILP.

Entre las medidas, las entidades eclesiales —Cáritas, el Departamento de Migraciones de la CEE, la Red de entidades para el Desarrollo Solidario (REDES) y la Conferencia Española de Religiosos (CONFER)— destacan la necesidad de que las personas migrantes susceptibles de acogerse a la regularización extraordinaria acrediten una permanencia previa en España de un máximo de seis meses anterior a la solicitud a través de cualquier medio de prueba válido en derecho.

Cáritas, la CEE, REDES y CONFER sugieren además la posibilidad de que estas personas migrantes puedan acreditar la identidad —condición indispensable para poder acogerse a la ILP— mediante su pasaporte de país de origen, ya sea que esté en vigor o caducado (sobre todo para aquellas nacionalidades que no tienen posibilidad de renovarlos).

Por otro lado, el grupo eclesial considera que la persona extranjera que solicite su regularización a través del procedimiento de regularización extraordinaria —y esta le sea concedida— debería tener derecho a que la regularización se haga extensible, de manera simultánea o sucesiva a su cónyuge, pareja de hecho o pareja estable no registrada con menores en común.

«Gobiernos de diferentes colores han realizado regularizaciones atendiendo a la realidad del momento. Estamos ahora en uno de esos momentos que requieren la aprobación de una regularización. La DANA ha sido un ejemplo de una medida excepcional que ha posibilitado la regularización de las personas con resultados positivos a todos los niveles. Por ello, pedimos a los grupos parlamentarios que impulsen la ILP porque cumple con los derechos humanos y con el mandato constitucional. Regularizar no es dar privilegios: es reconocer la realidad y hacer justicia», aseguró el presidente de Cáritas Española ante la comisión.