La Fiscalía vigilará la atención a desahuciados

La Fiscalía de Madrid se compromete a derivar a los afectados por un desahucio a servicios sociales, asegurarse de que puedan solicitar un abogado de oficio e impulsar un registro informático para implantar mecanismos de cooperación. Es lo que pidió la Mesa por la Hospitalidad del Arzobispado de Madrid

Rodrigo Moreno Quicios
Un solicitante de protección internacional hace noche en el centro de pastoral San Carlos Borromeo. Foto: Rodrigo Moreno Quicios

La Fiscalía de Madrid se compromete a derivar a los afectados por un desahucio a servicios sociales, asegurarse de que puedan solicitar un abogado de oficio e impulsar un registro informático para implantar mecanismos de cooperación. Es lo que pidió la Mesa por la Hospitalidad del Arzobispado de Madrid

La Fiscalía de la Comunidad de Madrid adopta medidas para proteger el derecho a la vivienda de los más vulnerables. A partir de ahora, la Consejería de Política Social de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento deberán comunicar por escrito a la Fiscalía las medidas que han adoptado para asistir a las personas desahuciadas.

En un escrito, la fiscal delegada autonómica de Civil, Inmaculada Rodríguez Suárez, ha asumido las peticiones que le hizo en diciembre de 2018 la Mesa por la Hospitalidad, una institución del Arzobispado de Madrid destinada a la acogida de personas migrantes.

Según el escrito, la Fiscalía velará que tanto la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento afinen sus planes de actuación para prevenir situaciones de exclusión residencial, especialmente en el caso de los menores de edad y personas con alguna discapacidad que hayan sufrido una ejecución hipotecaria.

Por otro lado, la Consejería de Transportes Viviendas e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid deberá hacer un registro del parque de viviendas sociales que, hoy por hoy, no existe.

Los Juzgados de lo Contencioso Administrativo también deberán justificar ante la Fiscalía de la Comunidad de Madrid sus resoluciones cuando autoricen la entrada en un domicilio para desalojar a sus ocupantes. Esto incluiría una ponderación de su situación personal y familiar y, si hubiera menores de edad, un estudio del impacto que puede tener en ellos la ejecución de una orden de desalojo.

Con estas medidas, la Fiscalía de la Comunidad de Madrid pretende conseguir tres objetivos. En primer lugar, detectar rápidamente el riesgo de exclusión social para derivar a los afectados por un desahucio a servicios sociales. En segundo, asegurarse de que el deudor tenga la información necesaria para poder solicitar un abogado de oficio. Por último, empujar a la comunidad autónoma y al Ayuntamiento a colaborar en la elaboración de un registro informático de las actuaciones realizadas que ayude en la implantación de mecanismos de cooperación.

Comprometidos con la vivienda

Las peticiones de la Mesa por la Hospitalidad a la Fiscalía de la Comunidad de Madrid se suman a otras actuaciones eclesiales por garantizar el derecho a la vivienda en Madrid, la ciudad más afectada –junto a Barcelona– por el aumento del precio de la vivienda. Esto ha generado un amento del sinhogarismo, especialmente acusado en lo que respecta a las mujeres, según constató el último censo de personas sin hogar en la capital, en el que colaboraron voluntarios de Cáritas.

En respuesta a las situaciones de exclusión residencial, Cáritas Diocesana de Madrid ha creado el centro de información y acogida CEDIA Mujer. Este recurso, sostenido en colaboración con el centro de atención a personas sin hogar CEDIA 24h, cuenta con 20 plazas específicas para mujeres en situación de calle.

Rodrigo Moreno Quicios