Mientras las corrientes intelectuales europeas comprometidas con la izquierda impregnaban la atmósfera de la sociedad española de estimulantes perspectivas, los primeros años sesenta hacían resonar también la conciencia de los católicos. Un nuevo Papa, de breve pontificado, de extraordinaria capacidad de comunicación y de una lucidez valiente, bondadosa y humilde, iluminó el compromiso de los cristianos con los hombres y las condiciones inviolables de su dignidad. La voz de Juan XXIII llegó justo a tiempo, cuando la crítica al régimen de Franco hallaba fácil anclaje en el espíritu de quienes heredaban una derrota completa o una victoria falseada en la guerra civil. Pero había de encontrar muchas más dificultades para abrirse paso entre los que vivían, inflexibles, en la ensoñación gloriosa de la «cruzada».

Con Juan XXIII, el nacionalcatolicismo empezó a perder no solo el apoyo de algunos sectores de la Iglesia española, sino que sufrió el abierto rechazo y la misericordiosa reprobación del sucesor de San Pedro, cuya antipatía al franquismo era bien conocida desde tiempo atrás. El magisterio eclesiástico no se retractaba, en verdad, de ninguna de sus históricas manifestaciones sobre la cuestión obrera, la justicia social, la legitimidad de la propiedad privada, los derechos de los católicos o su responsabilidad en una vida terrenal que había de guiarse por la existencia de Dios. Era precisamente esa lealtad a lo que la Iglesia había proclamado desde la Rerum novarum de León XIII la que permitía ahora encauzar las tareas pastorales con la reafirmación de la doctrina y la repulsa de cualquier exégesis que pudiera ponerse al servicio de un proyecto nacionalcatólico.

Desde luego, toda idea que vulnerara la universalidad de la persona, que legitimase su exclusión por opiniones políticas o que silenciara la violencia ejercida contra la dignidad sagrada del hombre, quedaba incursa en la condena del nuevo Papa. Así la Iglesia se desprendía del pesado fardo de su complicidad con situaciones heredadas de los años de incansables guerras, totalitarismos y vejaciones del individuo y reclamaba el derecho de la religión a tomar partido contra la dictadura.

Como agua vivificante, como inspiración del Espíritu, las palabras de Juan XXIII sembraron ilusión y esperanza en los corazones de quienes habían sido educados en el mensaje de Jesús. Provocaron contrariedad solamente en quienes habían extraviado su fe en la encrucijada de la historia y en los que habían perdido la caridad en la dureza de las persecuciones sufridas o en la muda indignidad de la injusticia tolerada. En 1961, la encíclica Mater et Magistra proclamó: «la doctrina de Cristo une, en efecto, la tierra con el cielo, ya que considera al hombre completo, alma y cuerpo, inteligencia y voluntad, y le ordena elevar su mente desde las condiciones transitorias de esta vida terrena hasta las alturas de la vida eterna». Tal exigencia no implicaba -nunca lo ha implicado en el pensamiento católico- la despreocupación por lo que suceda en esta vida mortal, ni mucho menos la demanda de conformidad de los humildes ante el sufrimiento. Lo que se recordaba con claridad era el fundamento de la condición humana: disponer de un alma eterna y de una conciencia moral basada en la trascendencia del hombre, en su universal y personal contacto permanente con el Creador.

Un mundo nuevo había brotado setenta años después de la publicación de la Rerum novarum. Pero las bases sobre las que se erguía la civilización cristiana y la ética del catolicismo seguían en pie, debiendo reconducirse tras el desaliento y la confusión de las décadas que siguieron a la Gran Guerra. Por ejemplo, la urgencia de denunciar la escandalosa distribución de la riqueza, cuando el impulso del progreso técnico ofrecía tantas opciones de bienestar. Por ejemplo, el requerimiento a los gobernantes a comprometerse con el bien común, lo único que les legitimaba de acuerdo con la doctrina política clásica del catolicismo. Por ejemplo, la advertencia de que en las condiciones de trabajo, más allá de la remuneración salarial, debía asegurarse que «le sea posible al hombre asumir la responsabilidad de lo que hace y perfeccionarse a sí mismo».

Según Juan XXIII el cristianismo era liberación sustancial del hombre de tal modo que la tarea de promoción de la doctrina evangélica significaba un verdadero acto de emancipación: «El hombre es necesariamente fundamento, causa y fin de todas las instituciones sociales; el hombre, repetimos, en cuanto es sociable por naturaleza y ha sido elevado a un orden sobrenatural». Todos los creyentes estaban obligados a organizar su vida pública conforme a los principios éticos proclamados y a orientar siempre sus actos a la defensa de la dignidad humana. Y ello suponía una determinada concepción del hombre como criatura de Dios, y se fundamentaba en la existencia de un orden moral universal, contrario a toda manifestación de relativismo. Lo que defendía era «una ley moral objetiva, superior a la realidad externa y al hombre mismo, absolutamente necesaria y universal y, por último, igual para todos».

El incumplimiento de ese principio general había tenido consecuencias funestas en la conducta de tantos hombres, y tantos cristianos entre ellos, que dieron la espalda a sus obligaciones para con los demás. Tres meses antes de morir Juan XXIII publica la Pacem in terris, su testamento doctrinal dirigido a todas las personas de buena voluntad comprometidas en la promoción de la paz y pronto convertido en la biblia de la oposición católica en España. Aquellos prodigiosos años sesenta devolvían al mensaje cristiano su primitiva frescura y su esencia liberadora empujando a los católicos a colocarse en una primera línea de combate por una verdadera reconciliación. No solo la de los españoles como ciudadanos, sino la de los hombres de España con los fundamentos de su civilización. Una civilización cristiana que no debía confundirse con el nacionalcatolicismo y que habría de dar sustancia ideológica y perfección moral a nuestra comunidad.

Fernando García de Cortázar/Domingos con Historia. ABC