Nos la jugamos en las autonomías

Por fin ha salido publicado el tan esperado Plan Estatal de Vivienda para los próximos cinco años. Este plan es el primero que nace al amparo de la Ley 12/2023 por el Derecho a la Vivienda en España, con una dotación de 7.000 millones de euros y con la voluntad de consagrar la vivienda como el quinto pilar del estado del bienestar.

Las reacciones a la publicación del real decreto no se han hecho esperar. Según el Ministerio de Vivienda, el plan se caracteriza por el blindaje del parque público de vivienda, mecanismos de control antifraude, una gobernanza articulada a través del Consejo Asesor de Vivienda y una apuesta por la recopilación y el traslado de datos, entre otras novedades. Otros agentes del sector señalan que, pese al aumento de la inversión, la financiación destinada representa un porcentaje insuficiente de los presupuestos generales del Estado, muy por debajo de lo que destinan otros países de la UE y un presupuesto escaso para lo que la magnitud real del problema requiere, a lo que se suma la clara falta de consenso en torno a las soluciones del problema de la vivienda. 

Esta se constituye como un pilar fundamental para mantener intactos otros ámbitos de la vida como son la estabilidad personal y emocional, los vínculos familiares, la salud y la salud mental, la alimentación o la educación, además de afectar a otros muchos derechos que se ven vulnerados por la falta de vivienda.   

Según el IX Informe FOESSA sobre exclusión y desarrollo social, la exclusión residencial se ha convertido en una emergencia social para la población más vulnerable, afectando a uno de cada cuatro hogares. El 14,1 % de la población se encuentra bajo el umbral de la pobreza severa si descontamos de sus ingresos los gastos de vivienda. Es de conocimiento público que el mercado de la vivienda presenta un problema de precios que hace que muchos hogares se vean obligados realizar un sobreesfuerzo que lleva a comprometer la cobertura de sus necesidades básicas. La proporción del presupuesto familiar dedicado a pagar la vivienda sigue creciendo, siendo una realidad que afecta, principalmente, al alquiler.

El capítulo IV del plan articula las ayudas al alquiler para personas con menos recursos, el apoyo a colectivos vulnerables —víctimas de violencia de género, personas sin hogar, personas afectadas por desahucios o personas en situación de sinhogarismo— y recoge, en esta misma línea de financiación, las medidas para favorecer la emancipación de los jóvenes.

Celebramos que el plan contemple ayudas para la prevención de la pérdida de vivienda, el acceso a soluciones habitacionales para determinados colectivos y el apoyo a la emancipación juvenil. Sin embargo, lo verdaderamente decisivo será su implantación en cada comunidad autónoma. La efectividad del plan dependerá de dos factores clave: que el acceso a las ayudas sea igualitario —sin exigir más requisitos que los que acrediten la situación de exclusión residencial— y que su concesión sea equitativa, priorizando a quienes más lo necesitan y evitando desigualdades entre territorios. Corresponde a las comunidades autónomas garantizar que las personas más afectadas accedan en igualdad de condiciones a las ayudas disponibles,  velar por que su distribución sea justa e interponer los mecanismos para que llegue a quienes realmente las necesitan.

Desde Cáritas identificamos como el principal riesgo del plan su posible implementación desigual entre territorios, lo que podría generar nuevas desigualdades y agravar aún más la brecha de la pobreza.

Este grave problema de exclusión residencial exige que Cáritas esté hoy, más que nunca, junto a las personas y familias más vulnerables: no solo acompañándolas, sino también defendiendo sus derechos, garantizando su acceso a una vivienda digna y velando por su mantenimiento.

Mientras las reacciones continúan y aguardamos la implementación del plan en los distintos territorios, desde Cáritas nos preguntamos qué recursos se pondrán realmente a disposición de las familias más vulnerables; si las Administraciones ejecutoras garantizarán, en igualdad de condiciones, el acceso al derecho humano a una vivienda digna y adecuada; y si, una vez reconocido ese acceso, las ayudas se concederán de forma equitativa a quienes más sufren la exclusión residencial.

Prevenir la pérdida del hogar y atender las necesidades de las personas y las familias no es una opción: es un deber ineludible de los gobernantes y los poderes públicos. Las Administraciones tienen la responsabilidad de diseñar programas accesibles y de asegurarse de que llegan, en igualdad de condiciones, a todas las personas que los necesitan.

Garantizar un hogar digno para cada persona debe ser una exigencia de toda sociedad que aspire a ser justa y solidaria, y un objetivo irrenunciable en el diseño de políticas públicas desde la mirada de los derechos humanos.