El Comité de Bioética rechaza por unanimidad la eutanasia como derecho - Alfa y Omega

El Comité de Bioética rechaza por unanimidad la eutanasia como derecho

Incluir la eutanasia, como derecho, en la cartera sanitaria iniciaría un «camino devastador» de consecuencias «difíciles de prever», afirma en su último informe el Comité de Bioética, adscrito al Gobierno. La alternativa es universalizar los cuidados paliativos y el apoyo sociosanitario y establecer protocolos claros sobre sedación

Redacción
Foto: AFP / Alberto Pizzoli

El Comité de Bioética de España, órgano consultivo adscrito al Ministerio de Sanidad, ha rechazado por unanimidad considerar a la eutanasia, cuya ley se está tramitando en el Congreso de los Diputados, como un «derecho subjetivo» y, por tanto, incluirla como una prestación pública más.

Así lo ha señalado en el Informe sobre el final de la vida y la atención en el proceso de morir, en el marco del debate sobre la regulación de la eutanasia: propuestas para la reflexión y la deliberación, firmado el pasado de 30 de septiembre por los doce miembros del organismo.

El objetivo del trabajo es ofrecer una «reflexión» sobre un tema «tan complejo» como el debate de la eutanasia, especialmente en un escenario marcado por la pandemia de la COVID-19. Esta crisis ha evidenciado, a juicio de los miembros del Comité de Bioética, la necesidad y la «urgencia» de implementar una «verdadera sociedad del cuidado», que se haga cargo de la «vulnerabilidad» de la condición humana y de la importancia de incorporar a las personas mayores en la agenda política desde «otra reivindicación mucho más humana».

«Camino devastador»

Así, y a lo largo de 74 páginas, avisa de que legalizar la eutanasia supone iniciar un «camino devastador» de la protección a la vida humana, cuyas fronteras son «harto difíciles de prever». Además, considera que este acto no es un signo de progreso, sino que es un «retroceso de la civilización», debido a que en el contexto actual el valor de la vida de las personas se suele condicionar a criterios de utilidad, social, interés económico, responsabilidades familiares y cargas o gasto público.

Por tanto, el Comité de Bioética asegura que la legalización de la muerte temprana agregaría «un nuevo conjunto de problemas». Además, recuerda que el derecho a la vida está regulado en el artículo 15 de la Constitución y que la petición de una persona de la eutanasia ya está recogida en el Código Penal, lo que explica que en España el ingreso en prisión por actos eutanásicos «sea algo no solo insólito, sino desconocido en las últimas décadas».

Protocolizar la sedación

Por todo ello, el Comité propone la protocolización, en el contexto de la buena praxis médica, del recurso a la sedación paliativa frente a casos específicos de sufrimiento existencial refractario. Ello, junto a la efectiva universalización de los cuidados paliativos y la mejora de las medidas y recursos de apoyo sociosanitario, con especial referencia al apoyo a la enfermedad mental y la discapacidad, debieran constituir, a su entender, el camino a emprender de manera inmediata, y no la de proclamar un derecho a acabar con la propia vida a través de una prestación pública.

«Todo esto, además, cobra aún más sentido tras los terribles acontecimientos que hemos vivido pocos meses atrás, cuando miles de nuestros mayores han fallecido en circunstancias muy alejadas de lo que no solo es una vida digna, sino también de una muerte mínimamente digna», argumentan.

«Responder con la eutanasia a la deuda que nuestra sociedad ha contraído con nuestros mayores tras tales acontecimientos no parece el auténtico camino al que nos llama una ética del cuidado, de la responsabilidad y la reciprocidad y solidaridad intergeneracional», zanjan los autores en su informe.

162 juristas: «Una grave amenaza»

En el mismo sentido se han pronunciado 162 catedráticos, profesores de Derecho y juristas, que el miércoles firmaron una declaración pública pidiendo al Congreso la paralización del proyecto. Según informa EFE, consideran que la legalización de esta práctica constituye «una grave amenaza» a la seguridad de los mayores y enfermos que, además, «son los más perjudicados por la actual pandemia».

Coincidiendo con la celebración este sábado del Día Internacional de los Cuidados Paliativos, los juristas –encabezado por el catedrático y profesor emérito de Derecho Administrativo de la Universidad de Valladolid José Luis Martínez López-Muñiz– señalan que lo ocurrido en los meses transcurridos de la actual pandemia «ha evidenciado aún más especialmente el deber de volcar más bien el mayor empeño en el cuidado y atención de los mayores y enfermos graves, y de velar, sin restricción alguna, por su vida».

«Contraria a los derechos más fundamentales»

Para los firmantes, el proyecto de ley de eutanasia «es contrario a la dignidad de la persona y a los derechos más fundamentales que le son inherentes. Unos derechos que están garantizados por la Constitución y los derechos humanos». En concreto, afirman que contraviene los artículos 10, 14, 15, 43.1, 49 y 50 de la Constitución «que protegen la dignidad de la persona y sus derechos irrenunciables a la igualdad y no discriminación, a la conservación de la propia vida y a la protección de la salud aun cuando pueda encontrarse reducida, y especialmente cuando se trata de disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos o de ciudadanos en su tercera edad».

La proposición de Ley fue tomada en consideración el 17 de febrero de 2020 por el Pleno del Congreso de los Diputados. El 10 de septiembre la Cámara Baja rechazó las enmiendas a la totalidad de PP y Vox.

Voces en contra

El Comité de Bioética de España y los juristas encabezados por Martínez López-Muñiz se suman así a un amplio coro de voces que se han opuesto a la aprobación de este proyecto, como la Conferencia Episcopal Española, más de 100 personalidades de la sociedad española a través de la Plataforma Los 7.000, o la Asociación Española de Bioética.

En las últimas semanas, además, la Congregación para la Doctrina de la Fe de la Santa Sede publicó Samaritanus bonus, sobre el cuidado de las personas en las fases críticas y terminales de la vida. En el documento se afirmaba que «la eutanasia es un acto intrínsecamente malo, en toda ocasión y circunstancia». Del mismo modo, «ayudar al suicida es una colaboración indebida a un acto ilícito». Esta valoración no cambia «aunque en casos de ese género la responsabilidad personal pueda estar disminuida o incluso no existir». La defensa de la dignidad en el morir excluye tanto estas prácticas como el «ensañamiento terapéutico».