La Iglesia quiere ayudar en la acogida a migrantes y refugiados pero sin tapar los agujeros provocados por la desidia de la administración

La Iglesia de Madrid presentó el martes una queja ante el Defensor del Pueblo por la precaria situación en la que han quedado «decenas» de solicitantes de asilo ante el colapso de los recursos públicos y la descoordinación de las administraciones. Han quedado «literalmente en la calle» personas «con discapacidad severa y mujeres embarazadas o con recién nacidos», según la denuncia. La Mesa por la Hospitalidad –órgano que aglutina a diversas instituciones de Iglesia en el ámbito de las migraciones– pide al Defensor que exija acciones rápidas antes de que esta «negligencia institucional» provoque «consecuencias fatales».

Mientras tanto, la diócesis madrileña ha habilitado «varias parroquias para no dejar tiradas en la calle a familias con niños», y trabaja junto a otras entidades de la sociedad por su acogida solidaria e integración. Es la tónica habitual que se repite desde hace ya algunos años, en los que España ha incumplido estrepitosamente sus obligaciones internacionales. La Iglesia quiere y puede ayudar, pero sin tapar los agujeros provocados por la desidia de la Administración. De ahí que la mano tendida para el servicio, sobre todo a los más vulnerables, se acompañe habitualmente de un nítido discurso de denuncia. Especialmente cuando se produce una situación que, en palabras de la Mesa por la Hospitalidad, «constituye una auténtica vergüenza para un país avanzado como es España, para una Comunidad como la de Madrid y para un municipio que es la capital del Estado».

El comienzo de un nuevo tiempo político, sin citas electorales en el horizonte inmediato, es buen momento para apelar a la colaboración leal entre instituciones. Pero el problema es más profundo. La política de migraciones se caracteriza hoy por la situación de excepcionalidad en lo que se refiere al respeto de los derechos de las personas, con situaciones como los centros de internamiento de extranjeros, limbos jurídicos en los que fueron internadas en España en 2018 cerca de 8.000 personas por simples faltas administrativas en un régimen más duro aún que el carcelario. Es importante denunciar y apelar a las autoridades políticas, pero también a la opinión pública, que aún no ha tomado conciencia de la gravedad de estas situaciones.

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