¿A quién debería votar un católico?

Se acercan las elecciones y muchos ciudadanos aún no tienen decidido su voto. Según las encuestas al comienzo de la campaña electoral los indecisos estaban en torno al 40 %. Muchos de ellos son católicos que se debaten entre partidos que no agotan los principios que defiende la doctrina social de la Iglesia. De hecho, encuentran en unos y otros cuestiones admisibles y otras que no les gustan. Pero, ¿qué criterios debe seguir un católicos a la hora de votar?; ¿deben pesar unos principios más que otros? Algunas de estas cuestiones ya las abordó san Pablo VI en 1971 en una carta dirigida al cardenal Roy, conocida como Octogesima Adveniens. El Papa Montini defendía el pluralismo de las mediaciones políticas y la concepción de la política como acción y no como ideología. Así lo explica María Teresa Compte, directora del Máster de Doctrina Social de la Iglesia (UPSA-Fundación Pablo VI): «Para un cristiano la política es acción y no ideología. A veces perdemos el tiempo intentando casar nuestra fe con las propuestas ideológicas de los partidos políticos cuando lo que no podemos seguir ignorando son las ambigüedades propias de esas corrientes ideológicas. Nos empeñamos en conceder a los partidos políticos un poder casi taumatúrgico como si de ellos dependiera la pervivencia de la verdades esenciales de la fe cristiana. En tiempos de incertidumbre, además, creemos que el poder político restaurará el orden perdido. La política democrática no es eso, no es luchar por la defensa de intereses de parte, sino que es servicio y promoción del bien común, fomento del desarrollo personal y solidario de las personas y los pueblos, promoción de la justicia y defensa de la libertad».

En esta misma línea se ha manifestado el movimiento Comunión y Liberación: «Como cristianos también nosotros deseamos partir de nuestra experiencia real y poner delante de la sociedad nuestra aportación al bien común y, por ello, a la política a partir de aquellas iniciativas que funcionan en su ámbito y así sugieren caminos para resolver problemas de todos. En tiempos de elecciones no queremos reducirnos a elegir el color de la papeleta, sino a ser protagonistas de la construcción de la vida común. De hecho, los criterios para el voto se hacen más claros cuando somos conscientes de nuestro protagonismo».

En este sentido, la profesora Compte afirma que una misma fe puede llevar a compromisos políticos distintos y esta es «una decisión libre, personal y en conciencia que para un católico tiene que ver con la edificación de un mundo de relaciones sociales, políticas y económica ajustado a la dignidad humana».

Sobre los criterios concretos que analizar a la hora de decidir el voto se han escrito muchas páginas. Cada organización católica lo ha hecho en su ámbito de actuación con bastante hondura. A nivel general, el secretario general de la Conferencia Episcopal expuso en un artículo en la revista Ecclesia algunos de ellos: la defensa de la vida desde el inicio hasta el fin natural, la promoción del matrimonio y la familia, la libertad de enseñanza y de educación, la salida de la crisis económica, la acogida y la integración de los migrantes o la organización territorial de nuestro país, sobre la que se dice que «el llamado derecho a decidir no es moralmente legítimo».

Con estas premisas, desde Alfa y Omega hemos analizado los programas electorales de los partidos con mayor intención de voto, es decir de PSOE, PP, Ciudadanos, Unidas Podemos y Vox, como así lo corrobora el CIS y la media de encuestas que realizan los distintos medios de comunicación, con los comentarios de lo que podríamos llamar «grandes electores católicos», que representan a distintos sectores de la Iglesia: en la educación, en el mundo del trabajo, en las migraciones, en la acción social o en la ayuda al desarrollo.

Territorio

Cataluña es uno de los temas que está marcando la política de nuestro país en los últimos tiempos y será un factor importante en este nuevo ciclo electoral que comienza con las elecciones generales y que coinciden con el transcurso del proceso judicial contra los políticos que declararon unilateralmente la independencia de Cataluña y que se enfrentan a altas penas de cárcel por supuestos delitos de rebelión y sedición. La respuesta política es diferente y modular en función del partido político: desde Vox, que quiere suspender la autonomía catalana, pasando por PP y Ciudadanos que plantean una nueva aplicación del 155, el fortalecimiento del modelo autonómico del PSOE o la consulta pactada de Unidas Podemos.

Para María Teresa Compte, que habla como catalana, la cuestión territorial es «un tema de derechos y deberes entre personas que habitan en un mismo territorio». Y añade: «La doctrina social de la Iglesia no es nacionalista. Sé que algunos esto les duele, pero no lo es. Creo que no me equivoco si digo que es personalista y, por esta razón, universalista. De hecho, la religión cristiana es transnacional y transcultural. Y esto vale para todos los nacionalismos, los que tienen Estado y los que no lo tienen. Por supuesto que no estamos hablando de una propuesta desarraigada que desprecie las tradiciones, la lengua y las culturas particulares. Pero lo que la doctrina social de la Iglesia no sostiene es que la diferencia y la voluntad sean fuente de derechos. A partir de aquí, que cada uno saque sus conclusiones ya sea sobre el nacionalismo español, el catalán, el vasco, el flamenco, el ruso o el corso».

Familia y vida

La cuestión de la familia y de la defensa de la vida también está muy presente en los programas electorales en un sentido o en otro. Por ejemplo, la formación política Vox es la que más busca acercarse al elector católico, e incluso manifiesta sus principios de igual modo que la Iglesia: defensa de la vida desde el principio hasta su fin natural y del matrimonio entre hombre y mujer. En cambio, es el Partido Popular el que, sin referencias a que vaya a modificar la ley, realiza una serie de propuestas para que la mujer, por ejemplo, no se vea abocada al aborto con una ley de apoyo a la maternidad o la creación de oficinas municipales de apoyo a la mujer embarazada. Estas dos formaciones apuestan por la creación de un Ministerio de Familia y se oponen a la legislación sobre eutanasia que sí llevan en su programa explícitamente el PSOE y Unidas Podemos. Ciudadanos, por su parte, se queda solo en su defensa de la gestación subrogada.

Todas las formaciones políticas concuerdan en la necesidad de ampliar los permisos de paternidad y maternidad –Vox solo apuesta por el de las madres hasta seis meses– y en la importancia de la conciliación entre la vida personal y la laboral.

Educación

En materia educativa, la sociedad española se juega mucho. Los partidos políticos siguen siendo incapaces de alcanzar un pacto que perdure a lo largo de tiempo. Y, por tanto, vivimos condenados a nuevas leyes de educación en cada legislatura. De hecho, todos los grupos proponen una nueva y el PSOE, que se levantó de la comisión en el Congreso de los Diputados que buscaba el ansiado pacto, ahora lo pone negro sobre blanco en su programa. «La madre de todas las batallas», según el secretario general de Escuelas Católicas, José María Alvira, tiene que ver con el artículo 27 de la Constitución: con la libertad de enseñanza y con la libertad para educar a los niños según las convicciones de sus padres. En este sentido, la concertada católica sale mejor o peor parada según las propuestas de cada grupo. Son las del Partido Popular las que más concuerdan con sus postulados: quieren garantizar el derecho de elección de los padres, dotar a los conciertos de recursos suficientes, ampliarlos al Bachillerato y a la Formación Profesional, o el mantenimiento de la Educación Especial. En este último punto también coincide Ciudadanos. Unidas Podemos es el partido más beligerante pues quiere eliminar los conciertos en centros diferenciados por sexos, propuesta a la que añade la creación de una nueva asignatura de Feminismos. Tanto la formación morada como el PSOE hacen una mención especial a la educación inclusiva que no tendría mayor importancia si no fuera porque ambos manifestaron en los últimos meses la intención de reducir los centros de educación especial para incluir a los niños con discapacidad en centros ordinarios.

Las propuestas estrella de Vox son un cheque escolar, de modo que cada familia elija el centro en el que quiere escolarizar a sus hijos, y la creación de un PIN parental para que los padres autoricen o no la presencia de sus hijos en actividades donde se aborden cuestiones éticas y morales.

Para Alvira, el contenido de los distintos programas en materia de educación se podría clasificar en orientaciones, propuestas y «ocurrencias». En el primer caso, se refiere a que casi todos los partidos hablan de la necesidad de lograr una estabilidad en la legislación educativa y, en este sentido, ve preocupante que no hablen de libertad de enseñanza. Entra las propuestas positivas destaca el refuerzo de la FP, la concertación del Bachillerato o la política de becas, mientras que coloca la etiqueta de «ocurrencias» a la idea del cheque escolar, la regulación de los deberes por ley o que haya un consejo de participación infantil a nivel estatal. «En el fondo, el quid de la cuestión en materia educativa está en la calidad, la libertad y la equidad», concluye en conversación con este semanario.

Migraciones

Se ha hablado mucho de política migratoria con el auge de Vox hace ya algunos meses, pero este tema está quedando algo diluido en la campaña. De hecho, apenas se tocó el tema en el debate a cuatro del pasado lunes en RTVE. En este campo, los postulados que defiende la Iglesia coinciden en gran medida con los de Unidas Podemos. Por ejemplo: establecer vías legales y seguras de entrada en España, mejorar el trato de los menores extranjeros no acompañados y cerrar los centros de internamiento de extranjeros. Mientras el PSOE se refugia en la necesidad de una política común europea y el PP y Ciudadanos defienden el control de fronteras, Vox marca del debate con propuestas como la construcción de un muro en Ceuta y Melilla. Además, propone la deportación de los migrantes en situación irregular, que los que hayan entrado de forma ilegal nunca puedan regular su situación o que se suprima el arraigo como vía para obtener un permiso de residencia.

Según Alberto Ares, director del Instituto Universitario de Estudio sobre Migraciones de la Universidad Pontificia Comillas y coordinador adjunto del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) España, lo más urgente es la inversión en integración social y reducción de la desigualdad a través de un plan nacional; la protección de la vida de las personas y la salvaguarda de los derechos en las fronteras y en los CIE; y distribuir a las personas refugiadas en los países de la UE según un sistema de cuotas de acogida con una dotación suficiente de recursos personales y financieros.

Los criterios de discernimiento en este punto, según Confer Migraciones, deben ser los de la hospitalidad, dignidad de la persona, primacía del bien común, compasión, solidaridad, justicia… «Son actitudes evangélicas que orientan nuestro caminar cotidiano. Por esta razón, promover cualquier resquicio de xenofobia, manipulación del lenguaje, desinformación, propuestas que atenten contra la dignidad humana en todas sus fases, relativización de la violencia o desprotección de los más débiles, es contrario a las enseñanzas de Jesús», explican en un documento.

Políticas sociales

Quizá porque hemos olvidado un poco la crisis económica –algunos la siguen padeciendo– la cuestión de la igualdad, la justicia social, los derechos básicos de las personas ha quedado en un segundo plano en esta campaña. Se parte de la base de que todos los partidos en liza buscan el mayor desarrollo social posible y la prosperidad para todos, aunque las recetas son diferentes. El mensaje que lanzan las organizaciones sociales es claro: no hay que olvidar a los que más sufren. Ramón Almansa, director ejecutivo de Entreculturas, abunda en esto: «Cuando se acercan las elecciones, las ONG intentamos transmitir un mensaje claro a los políticos: “Haced propuestas para que nadie quede atrás”. Y redoblamos nuestros esfuerzos con los distintos grupos políticos para que esta inquietud se refleje en sus programas electorales.

Cáritas Española, por ejemplo, hizo público un documento en el que apunta ocho medidas para lograr una sociedad más justa. Entre ellas, el reconocimiento de una renta para personas que no lleguen a ingresos mínimos, que se garantice el derecho a la vivienda, que se garanticen los derechos de los menores extranjeros no acompañados y el tránsito a la vida adulta y de todos los migrantes o que se impulse una política de desarrollo y cooperación internacional. Aunque con matices, quienes se acercan más a las propuestas de Cáritas son la formación Unidas Podemos o incluso el PSOE, pues ambos hablan en su programa electoral de algún tipo de complemento, en forma de renta, para las personas con una mayor necesidad.

Desde HOAC, su presidente, Gonzalo Ruiz, incide en la precariedad laboral y en el hecho de que tener hoy un trabajo no garantiza salir de la pobreza. Ruiz no ve demasiadas propuestas por parte de los partidos políticos, más empeñados «los eslóganes». «Hay mucho ruido y superficialidad», añade. En su opinión, un católico debe tener en mente a la hora de decidir su voto entre una formación política u otra qué respuesta se da a las necesidades de los pobres, a la precariedad laboral, al problema de la conciliación o al «deterioro» de los servicios públicos, en concreto, de la sanidad. «Son algunas de las preguntas que nos tendríamos que hacer», concluye.