¿Meter en casa a personas migrantes? La Iglesia ya lo está haciendo

Que el Vaticano «abra las puertas» y acoja a «toda la inmigración ilegal que crea conveniente». Frases como la dicha por Javier Ortega Smith, secretario general de Vox, el 14 de septiembre en Salamanca, han estado en los últimos meses continuamente en boca de dirigentes populistas europeos. Lo cierto, sin embargo, es que la Iglesia está abriendo efectivamente sus puertas. En España, varias diócesis han puesto seminarios y parroquias a disposición de refugiados y migrantes, incluidas algunas de menor tamaño y reducida presencia de extranjeros, como la de Soria. Congregaciones religiosas como los jesuitas o los Hermanos de San Juan de Dios llevan a cabo diversos programas de acogida en familias o instituciones. Y la archidiócesis de Madrid, a través de la Mesa por la Hospitalidad (plataforma que da una respuesta unitaria de Iglesia al fenómeno migratorio), ha creado una red de parroquias y voluntarios para responder a situaciones como las de familias con niños en situación de calle a la espera de que se resuelvan sus solicitudes de asilo, trámites que pueden eternizarse debido al colapso de la Oficina de Asilo y Refugio. También en la diócesis de Cádiz hay familias acogiendo a migrantes en sus casas, y el Obispado gaditano está preparando un proyecto para ofrecer alojamiento digno a familias del CETI (Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes) de Ceuta.

Este es el camino que quiere seguir la diócesis de Getafe, en el sur de la Comunidad de Madrid. El proyecto, a la espera de que se concreten algunos aspectos jurídicos, consiste en poner en contacto a migrantes y solicitantes de asilo en situación de especial vulnerabilidad con familias voluntarias e instituciones dispuestas a acogerlos, explica el nuevo delegado diocesano de Migraciones, Fernando Redondo. El Obispado hará de mediador y garante, respondiendo legalmente ante las partes, al menos, durante la fase inicial.

La idea se inspira en una reciente experiencia en el municipio de Getafe. Un matrimonio venezolano en situación de calle con un niño de tres años pidió en 2018 ayuda a la Delegación de Migraciones, que a su vez contactó con una señora de 89 años que vivía sola y buscaba a alguien que pudiera hacerle compañía. Tras consultar con los sobrinos de la mujer y en contacto con los servicios sociales del Ayuntamiento, la diócesis actuó como fiadora en un contrato de tres meses de duración. Finalizado ese plazo, en febrero de 2019, la mujer y la familia decidieron prorrogarlo.