Urge un reglamento - Alfa y Omega

Urge un reglamento

2011 finalizó sin la aprobación de los Reglamentos de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), cuestión de vital importancia para prevenir múltiples situaciones de violación de derechos de las personas migrantes. Diversas ONG y entidades religiosas llevan meses denunciando en ellos irregularidades e incluso malos tratos a personas que, lejos de cometer un delito, son encerradas en duras condiciones por meras faltas administrativas

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Manifestación en la puerta del CIE de Barcelona, el pasado 8 de enero

2011 finalizó sin la aprobación de los Reglamentos de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), cuestión de vital importancia para prevenir múltiples situaciones de violación de derechos de las personas migrantes. Diversas ONG y entidades religiosas llevan meses denunciando en ellos irregularidades e incluso malos tratos a personas que, lejos de cometer un delito, son encerradas en duras condiciones por meras faltas administrativas

La Oficina del Defensor del Pueblo, que lleva años visitando las instalaciones de los nueve centros que existen en estos momentos en España, ha denunciado, en reiteradas ocasiones, «la sobreocupación frecuente», que «empeora las carencias y deficiencias estructurales de algunos de ellos». Esta demanda coincide con la Sentencia del auto judicial del 21 de diciembre de 2011, emitido por don Ramiro García de Dios, titular del Juzgado de instrucción número 6 de Madrid, uno de los tres que se encarga del control del CIE de Aluche. El juez habla, literalmente, de «palmario hacinamiento» y «habitaciones absolutamente inapropiadas». De hecho, durante meses, los magistrados han recibido multitud de quejas en las que los internos relataban que, durante su estancia en el centro, no se les permitía, ni siquiera, ir al baño por la noche.

La resolución se emitió tras la muerte de una mujer congoleña en el CIE de Aluche, por meningitis infecciosa, en la que el magistrado ordenaba al director que habilitara «cuantas habitaciones fuesen precisas» para alojar a quienes hubiesen tenido contacto con la fallecida, si así lo disponían los servicios médicos, «licenciados en Medicina, no simples enfermeros». La situación se ha vuelto a repetir, el pasado 6 de enero, en el CIE de la Zona Franca de Barcelona, cuando un joven de 21 años de Guinea-Conakry falleció por un infarto de miocardio. Los internos han declarado que la muerte se produjo por la falta de atención de los vigilantes, a los que alertaron «de que el chico tenía problemas respiratorios», y por la falta de intérpretes, que dificulta la comunicación.

También llaman la atención los obispos de la Comisión episcopal de Migraciones acerca del derecho a la libertad religiosa. Inspirados por el Mensaje del Papa para esta Jornada Mundial, piden que, a la luz de la doctrina social de la Iglesia, «se garantice la atención religiosa adecuada, fluida, regularizada y permanente en los CIE, donde no pocos ven una excepcionalidad jurídica». Y añaden que, «mientras existan» estos centros, «confiamos que sean utilizados de modo excepcional, y que, en todo caso, se vele por las condiciones de vida de los internos y reciban la asistencia y el apoyo previstos en la ley».