José Luis Azcona: un obispo contra la subasta de niñas

Uno de los casos más «horripilantes» de explotación sexual de los que tuvo noticia el pamplonica José Luis Azcona cuando era obispo de Marajó (Brasil) fue el de «un delegado de Policía que mantuvo públicamente relaciones sexuales con una niña de 14 años encima de una mesa de billar» en una fiesta nudista. La Justicia no hizo nada. No es de extrañar: seguramente allí, como en otras del mismo estilo, habría jueces. La lucha de Azcona contra la explotación sexual de niños y la trata de mujeres le ha hecho merecedor del Premio Brunet a la Promoción de los Derechos Humanos 2021, concedido por la Universidad Pública de Navarra.

Marajó, un archipiélago de 3.000 islas en la desembocadura del Amazonas, con una renta per cápita que es una cuarta parte de la nacional y un 40 % de población pobre, es terreno fértil para todo tipo de abusos. Por un lado, explica Azcona a Alfa y Omega, hay grandes organizaciones internacionales que llevan a mujeres a la Guayana Francesa, territorio francés de ultramar que «sirve de puente para toda Europa», o desde Surinam. Un tráfico que «sería imposible sin la colaboración de las autoridades». En el pasado también ha tenido noticia de rutas de tráfico de órganos y de gestación subrogada, aunque reconoce que no sabe si continúan, porque es un negocio en continuo cambio.

En otras zonas, la explotación más frecuente es por parte de particulares. Llega incluso a «la subasta pública de vírgenes, pasando por el ofrecimiento sistemático de la propia hija a los tripulantes de las balsas de carga en los grandes ríos de la región a cambio de gasolina, de carne o de tres reales» (medio euro). Hay adolescentes que dejan la escuela para prostituirse. A otras, la invitación les llega precisamente en el colegio, de «chicas mayores que facilitan los encuentros», a veces con el consentimiento del profesor. La pobreza, la falta de oportunidades y un ambiente social de indiferencia y normalización están detrás de este fenómeno. También el «miedo a denunciar, sobre todo cuando los explotadores son políticos, autoridades o personas con dinero».

Azcona, en cambio, lleva años alzando la voz. Uno de sus mayores logros fue inspirar la creación en 2009 de una Comisión Parlamentaria de Investigación sobre la explotación sexual de niños en su Estado, Pará. Se presentaron 25.000 denuncias, indicio de que los casos reales pueden ser cuatro veces más. La magnitud del fenómeno obligó a prolongar la comisión durante 2010. «El cadáver que estaba escondido en el armario cayó al suelo y las instituciones tomaron medidas», a la vez que «la población comenzó a concienciarse», recuerda el obispo. Como consecuencia, se promulgó una ley que castigaba con entre 16 y 30 años de prisión el delito de explotación sexual de menores.

Queda mucho por hacer. Ya retirado, Azcona sigue trabajando a través del Instituto de Derechos Humanos que lleva su nombre y de la Comunidad Ágape de la Cruz, que rehabilita a niños víctimas de abusos sexuales. Los 36.000 euros del Premio Brunet les permitirán continuar con la acogida a 36 de ellos, «algunos bebés».

Otros reconocimientos que ha recibido resultan menos agradables. Desde 2007 está amenazado de muerte. Ha reconocido varias veces que calcular cómo podría llegar hasta él un asesino ha llegado a ser algo recurrente; ha pensado cómo lo haría mientras está en su casa, en el campo, o al subirse al coche o a una lancha. Sin embargo, ha renunciado a tener escoltas para no ponerlos en peligro, y porque otros 200 amenazados no tienen protección. Piensa en la muerte con serenidad, e incluso con alegría por «la posibilidad de morir por el Evangelio». Por eso es totalmente libre.