Redadas en EE. UU.: «Te detienen por el color. Yo soy ciudadana y me podrían llevar»

Cuando Ricardo González, párroco de Nuestra Señora de Lourdes, en el este de Los Ángeles, comenzó el 6 de junio a leer noticias de redadas contra inmigrantes, y luego sobre las protestas que llevaron a Donald Trump a desplegar a la Guardia Nacional y los marines y a la ciudad a decretar el toque de queda, lo hizo con precaución. «Nunca habíamos oído que fuera levantada una sola persona de la comunidad», casi totalmente de origen inmigrante. «Podía haber fake news».

Hasta que el 10 de junio empezó a ser testigo él mismo: «Dos autos sin ningún distintivo golpearon a uno blanco y los agentes sacaron a un individuo de dentro». Poco después, «fui a cortarme el pelo y en el 7-Eleven de enfrente» agentes del Control de Inmigración y Aduanas «con máscaras levantaron a siete». En el Home Depot, una tienda de material de obra a cuyo exterior acuden muchos migrantes para buscar trabajo como peones, presenció «una corretiza por todo el aparcamiento» porque llegó «la migra». Un trabajador de un lavacoches cercano al templo fue arrestado. Ha oído además hablar de controles cerca de colegios.

Jorge Mario Cabrera, portavoz de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA en inglés) explica que solo se sabe que ha habido unos 350 detenidos. Asegura que «la mayoría no tenía antecedentes penales» y que los agentes no tenían orden judicial. De muchos «no se conoce el paradero. Algunos han sido deportados».

 Los hay recién llegados, con décadas en el país e incluso ciudadanos. A Raquel Román, de Proyecto Pastoral, ONG vinculada a la parroquia Misión Dolores, no le extraña: «Hay miedo porque lo hacen por el color de piel, sin pedir documentación. Yo soy ciudadana y me podrían llevar». Tampoco al padre González, quien explica que «usan la falacia de decir que van a por un criminal, pero si hay cinco personas se las llevan a todas».

Desde el inicio de las redadas, el servicio legal de CHIRLA ha recibido peticiones de 130 familias. Pero Cabrera denuncia que no les dejan acceder a los detenidos. «Los trasladan a otro centro y cuando vamos no están», o hay otros obstáculos. «El domingo llevábamos una lista de 35 personas y esperamos cinco horas para hablar con una sola. Probablemente solo la mitad de arrestados haya hablado con un abogado».

González ya está notando el impacto en sus feligreses, aunque no haya detenidos. El fin de semana pasado canceló las primeras comuniones porque los padres tenían miedo. Sus parroquianos son personas muy humildes. A veces «viven tres o cuatro familias en apartamentos de dos cuartos». Sobreviven «vendiendo tamales o fruta en las calles». Pero han dejado de hacerlo. El temor se suma al estrés de su día a día —ve muchas dolencias de salud mental— y al dilema sobre si delatar a los ilegales con los que conviven.

En Proyecto Pastoral, «estamos viendo cómo llevar comida» a la gente que ya no sale de casa, relata Román. Por otro lado, el sacerdote teme que «se quiebre la confianza» si «la gente no puede hablar con el sheriff» para denunciar delitos. Él ha decidido que si llega el caso de que alguien le pida asilo, «nos arriesgaremos. Pero, ¿cómo lo organizas?».

La diócesis no les ha dado instrucciones en este sentido. El arzobispo, José H. Gómez, participó el 10 de junio en una vigilia interreligiosa y el 11 ofreció una Misa por esta situación. Pero la Iglesia no se ha implicado en las protestas, aunque Román asegura que eran mayoritariamente pacíficas. «Si se comete un error puede traer consecuencias», advierte González. Por ejemplo, con los visados de «la mayoría de sacerdotes, que son inmigrantes». Otro factor es que «muchos católicos votaron por esto». Él mismo ha estado a punto de discutir con compañeros.