Para la secretaria general de la Fundación Hay Derecho, «es un desastre ver al fiscal general en el banquillo»

Elisa de la Nuez es abogada del Estado desde 1988 y secretaria general de la Fundación Hay Derecho. Ha participado en diversos foros organizados por la Fundación Pablo VI. Responde a Alfa y Omega sobre el inicio del juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

—¿Qué implicaciones tiene, más allá de los detalles del caso concreto, que se esté juzgando a un fiscal general del Estado por primera vez en nuestro país?
—El problema es que más allá del resultado, de que sea absuelto o condenado, institucionalmente es un desastre la imagen del representante de la Fiscalía General del Estado, el responsable de mantener la legalidad, sentado en el banquillo de los acusados. Supone un desgaste tremendo para la propia fiscalía pero también, probablemente, para los jueces.

—¿Por qué?
—Porque la gente ya ha tomado partido a favor o en contra y el resultado del juicio siempre va a parecer mal a parte de la opinión pública. Creo, y lo he dicho muchas veces, que con independencia del derecho a la presunción de inocencia García Ortiz tendría que haber dimitido para no perjudicar la imagen de la institución.

—El entramado del caso es complejo de descifrar para el común de los mortales. ¿Facilita esto que cada interesado arrime el ascua a su sardina seleccionando los datos que más le convienen?
—Sin duda. Al final se mezclan muchas cuestiones. Como sabe, se le acusa de haber facilitado una información confidencial, lo que sería un delito de revelación de secretos. Esa información tiene que ver con un posible delito fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Por tanto, es muy fácil politizar el tema. El común de los mortales ya está posicionado. Y parece que lo de menos sea si cometió o no cometió ese delito, que es lo que se juzga en el Tribunal Supremo.

La cuestión del presunto delito se mezcla con si el jefe de gabinete de Ayuso dijo una cosa que no era cierta y que se dice que había que salir a desmentir; un tema que no es el objeto del procedimiento. Lo que hay en el fondo es la idea de si el fin justifica los medios o no. Puede que efectivamente se publicara un bulo y hubiera que desmentirlo. Pero en cualquier caso eso no lo podría hacer, hipotéticamente, el fiscal general vulnerando la ley.

—¿Es transparente, limpia e imparcial la justicia en España?
—Diría que al 99 % sí y que la inmensa mayoría de jueces y tribunales que no están en el foco actúan con total profesionalidad. Pero con que tengas tres casos mediáticos en los que no es así inmediatamente se proyecta esa imagen sobre los más de 5.000 jueces que tenemos en España. El problema son los casos muy políticos o mediáticos, que se utilizan por unos y por otros. Porque meterse con el juez que dicta resoluciones que no gustan a un partido político no es la primera vez que pasa ni será la última. Se pueden encontrar casos de un lado y de otro.

—¿Perjudica a esta imagen la existencia de figuras como el fiscal general del Estado, que parece como a caballo entre lo judicial y lo político?
—Es que no debería ser así. Otro de los problemas de este juicio es que se le está considerando a todos los efectos como si fuera un ministro más. Le nombra el Gobierno pero no lo es, no tiene que hacer una actuación político. Pero como otras cosas hemos normalizado que haya fiscales generales que prácticamente funcionan así. La anterior fiscal general, Dolores Delgado, había sido antes ministra de Justicia. Pero no es normal en otros países, ni debería serlo en el nuestro ni el puesto de fiscal general está pensado para que se comporte así. Una cosa es que lo nombre el Gobierno y otra que actúe como parte del Gobierno.