La guerra política en Libia se ceba con los refugiados

Durante el último mes, el Gobierno de Unidad Nacional, con sede en Trípoli, y su rival, el autodenominado Gobierno Libio, en el este, aliado con el grupo armado Fuerzas Armadas Árabes Libias (LAAF), que tiene el control de facto del este y el sur del país, han emprendido una nueva campaña de represión contra personas extranjeras, deteniendo a miles. Las declaraciones xenófobas y racistas de las autoridades han fomentado un aumento de las protestas, las actividades parapoliciales y el discurso de odio online contra migrantes, ha denunciado este martes Amnistía Internacional en un comunicado. 

Mientras la Unión Europea intenta aumentar su cooperación en materia de migración con estos mismos agentes, la ONG denuncia «un historial perfectamente documentado de crímenes de derecho internacional y abusos graves contra los derechos humanos». 

«Es terrible que las autoridades libias estén unidas para cometer abusos contras las personas refugiadas y migrantes», dice el texto. También denuncia «una retórica racista que hace caso omiso de las peticiones de quienes buscan refugio», y que favorece la detención arbitraria «de miles de personas para expulsarlas después, incluso de manera colectiva, dejándolas abandonadas en las fronteras».  

Europa cómplice 

«El Gobierno de Unidad Nacional y su rival del este deben poner fin de inmediato a estos abusos», clama Diana Elahawy, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África. Por otro lado, «la UE lleva mucho tiempo financiando el control migratorio en Libia con su apoyo a la Guardia Costera Libia, lo que la ha hecho ya cómplice de espantosos abusos y violaciones de derechos humanos», añade. 

«La Unión Europea y sus estados miembros no pueden eludir su responsabilidad mientras continúen cometiéndose estos abusos ante sus ojos», lamenta Elahawy. Por ello, «deben poner fin a su complicidad en crímenes de derecho internacional y suspender sus políticas de contención, que dejan a las personas atrapadas en una espiral de abusos». 

Movimiento popular 

Junto a todo ello, la campaña de represión de las autoridades se produce en el contexto de un aumento en Trípoli de protestas xenófobas, con el lema No al asentamiento, y de publicaciones xenófobas y racistas en las redes sociales.   

Desde abril, centenares de manifestantes se vienen congregando todas las semanas al oeste de Trípoli, donde se encuentran las oficinas de la ONU. Culpan a las personas migrantes, a quienes llaman «infiltradas», de los males económicos de Libia; piden la expulsión del país de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), y manifiestan su oposición a la cooperación en materia de migración con la UE con el fin de contener a las personas extranjeras en Libia.