Mañana, comienza el juicio contra Carlos Morín por 115 abortos. Juicio al aborto en España

Las fotos del abortista Carlos Morín, esposado mientras la policía registraba uno de sus negocios en noviembre de 2007, fue un duro golpe al statu quo del que había disfrutado el aborto en España desde su despenalización en 1985. Mañana comienza, en Barcelona, el juicio contra el médico peruano, que va a ser todo un proceso al aborto en España. No sólo por sus dimensiones: 12 inculpados —para Morín, las distintas acusaciones piden más de 300 años de cárcel— por 115 presuntos delitos de aborto que la ley de 2010 no ampara. Ni siquiera por el momento del embarazo en que se realizaban los abortos —hasta en la semana 32—, o por lo escabroso de detalles como las trituradoras que permitían deshacerse de fetos enteros por el desagüe.

La realidad es que lo que ocurría en Ginemedex, TCB y los otros centros de Morín no es una excepción en España. Fue noticia sólo porque el descaro con que se hacía atrajo a numerosas mujeres de otros países, y eso hizo, a la larga, que dos medios extranjeros dieran la voz de alarma. Los hechos que se van a juzgar en Barcelona son, sobre todo, un ejemplo de a dónde se puede llegar, incluso con una ley del aborto supuestamente restrictiva, como la de 1985, que algunos proponen como modelo para reformar la actual. Esa ley mantenía el aborto como delito, no punible en tres supuestos: violación, hasta la semana 12; graves taras en el feto hasta la semana 22; y grave riesgo para la salud física o psíquica de la madre, durante todo el embarazo.

No es sólo Carlos Morín

El Real Decreto 2409/1986, que desarrolló la ley, permitía a los abortistas tener en nómina y, por tanto, asegurarse la colaboración de médicos —o psicólogos, algo ilegal— dispuestos —como explicó un testigo protegido durante la instrucción del caso— a manipular ecografías para fingir que los abortos eran de menos semanas; a alegar que los abortos eran extracciones de fetos muertos de forma espontánea; a firmar a posteriori, sin hablar con la mujer, un informe psiquiátrico genérico; o incluso a cumplimentar ellos mismos, en vez de las madres, alguna de las pruebas.

Cuando llegó el escándalo, no faltaron quienes intentaron alejar las sospechas de otros centros abortistas, recordando que el entramado de Morín no estaba en la Asociación de Clínicas Acreditadas para la IVE (ACAI). Sin embargo, en 2006, el actual presidente de ACAI, Santiago Barambio, ante un congreso de abortistas en Roma, dio la razón a todos los que calificaban el supuesto de riesgo para la madre como un auténtico coladero: según él, cualquier falta de bienestar físico, psíquico o social podía justificar un aborto. Con este criterio —reconoció— sus clínicas realizaban abortos hasta la semana 26, con total impunidad.

Esta misma impunidad acompañó, hasta 2007, a Morín. Antes y después de saberse públicamente lo que ocurría en sus centros, muchos organismos públicos han obstaculizado que fuera llevado ante la Justicia: dos juzgados archivaron denuncias contra él, y también la juez que finalmente realizó la instrucción intentó, primero, archivar el caso y, luego, inhibirse. Los Mossos d’Esquadra abrieron diligencias, tras la denuncia en una televisión danesa y las trasladaron a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que dejó pasar el asunto.

Especialmente significativo es el caso de la Consejería de Salud de Cataluña. Tras el reportaje en la televisión danesa, una inspección detectó indicios de abortos ilegales, pero los trató como simples faltas administrativas: con una multa de 3.000 euros —lo que Morín ingresaba por un solo aborto de 30 semanas—. Pero su protagonismo en el caso va más allá: según declararon durante la instrucción algunas mujeres que abortaron en los centros de Morín, fueron funcionarios de esta Consejería quienes, cuando quisieron someterse a un aborto fuera de los supuestos en centros públicos, las derivaron al centro de Morín y otros abortorios, sabiendo que allí las atenderían. Cuando E-cristians tuvo pruebas de esta práctica —generalizada en España—, presentó otra denuncia contra los funcionarios responsables, pero el Juzgado la ignoró.