La oposición a la ley Celaá llega a Europa - Alfa y Omega

La oposición a la ley Celaá llega a Europa

Tras presentar el pasado noviembre un solicitud de amparo ante el Parlamento Europeo, Más Plurales denunciará al Estado español ante la Comisión Europea

Fran Otero
Foto: Efe

Aunque este martes ha entrado en vigor la LOMLOE, más conocida como ley Celaá, la plataforma Más Plurales no se da por vencido y sigue plantando cara a la norma y trabajando para limitar al máximo su aplicación. Y parte de esta batalla va a tener lugar en el ámbito de la unión Europea.

De hecho, ha anunciado que en los próximos días presentará ante la Comisión Europea una denuncia contra el Estado español «por el grave riesgo inminente de vulneración de derechos fundamentales y de libertades del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea».

«Estamos dispuestos a adoptar todas las medidas necesarias para seguir defendiendo la libertad de enseñanza consagrada en nuestra Constitución, para que la enseñanza concertada sea una red complementaria del sistema educativo financiado con fondos públicos, para que se reconozca y prestigie a todos los trabajadores del sector, y para que se cumplan todos los acuerdos internacionales que el Estado español tiene suscritos y que afectan al sistema educativo», señalan desde la plataforma.

Ante el Parlamento Europeo

No es la primera iniciativa que lleva a cabo a nivel europeo. El pasado 26 de noviembre registró ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo una solicitud de amparo al considerar que la ley Celaá «constituye una grave vulneración de los valores sobre los que se fundó la Unión Europea». Le pide que tome cartas en el asunto y «se adopten las medidas oportunas para el restablecimiento de los derechos fundamentales y las tradiciones constitucionales del Estado español».

En el documento se expone el estado de la cuestión y se detalla, por ejemplo, que la ley se ha tramitado en medio de una pandemia y que n ha contado con apenas debate: «El Gobierno español, aprovechando la coyuntura causada por el Estado de alarma y la COVID-19, ha realizado una tramitación rápida del proyecto de LOMLOE, que se aleja de los estándares internacionales propios del diseño e implementación de políticas relativas al derecho fundamental a la educación».

Además, expone varios puntos concretos que le preocupan: la limitación del derecho de los padres a elegir centro, la llamada demanda social; la Educación Especial; y la educación diferenciada.

Sobre la primera, el documento señala que la LOMLOE «vulnera el derecho a la libertad de enseñanza» y que su propuesta consiste «en no valorar la demanda de las familias como criterio de planificación». «Asistiremos de hecho a un control político de la educación y a la eliminación de la pluralidad que ofrecen los centros concertados», añade.

Educación Especial

Sobre la Educación Especial añade lo siguiente: «El tratamiento que se da a la Educación Especial pone de manifiesto que la LOMLOE no garantiza el derecho preferente de los padres a elegir para sus hijos el tipo de educación que les parezca más conveniente. Tampoco tiene en cuenta si los colegios a los que se trasladará al alumnado de los colegios de Educación Especial tienen los medios adecuados, el profesorado y los cuidadores imprescindibles para su atención, y las adaptaciones curriculares que precisan. No considera tampoco en qué medida el cambio de entorno puede impactar en su autoestima».

En el documento se sostiene que si se pretende una auténtica inclusión «habrá de aceptarse la necesidad de una educación que compense las desigualdades derivadas de la discapacidad» y estima que la solución pasa por dotar de recursos suficientes para atender a los alumnos con necesidades tanto en la especial como en la ordinaria: «Lo discriminatorio sería abolir lo que actúa de elemento de inclusión en la sociedad. Esa decisión conduciría a la segregación que se pretende evitar».

Finalmente, la solicitud ofrece una lista con una serie de normas supranacionales e internacionales que, según la plataforma la ley Celaá contraviene.

Esta iniciativa recibió del acuso de recibo por parte de la cámara europea, que aseguró que la Comisión de Peticiones la estudiará, aunque su respuesta se demorará en el tiempo habida cuenta de la gran cantidad de solicitudes que llegan cada año.